27 ene. 2013


Orozco se pregunta por qué Feijoo no fue citado por el caso Campeón


El alcalde de Lugo, José López Orozco (PSOE), se pregunta por qué en su momento fue citado a declarar en el caso Campeón mientras otros cuyos nombres salieron a relucir en este asunto no tuvieron que hacerlo. Lo dijo ayer en el pleno sobre el estado del municipio y en respuesta a la dura intervención del portavoz popular, Jaime Castiñeira. Orozco apuntó directamente al presidente de la Xunta, y dijo que seguramente la mención en el caso Campeón a Núñez Feijoo fue tan falsa como la que se hizo de él. Pero, se preguntó, «¿por que non o chamaron a declarar?».
Hay que recordar que Orozco estuvo imputado en una pieza separada del sumario del caso Campeón, en relación con las licencias para las naves de Dorribo en O Ceao. Finalmente fue retirada la imputación.
El portavoz del PP, Jaime Castiñeira, acusó a Orozco de haber puesto a Lugo «no Aranzadi». Afeó al alcalde su decisión de no dimitir por su imputación en el caso Pokémon, asunto por el que está encarcelado el exedil Fernández Liñares, uno de los hombres fuertes de los gobiernos de Orozco hasta que fue designado presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Castiñeira indicó que la situación ha llegado a tal punto que el edificio de los juzgados parece una prolongación de la sede administrativa del Ayuntamiento, a la vista del número de expedientes municipales que se encuentran en sede judicial.
Orozco replicó al PP que en el caso Pokémon, en el que está imputado, respondió a todas las preguntas de la jueza. Sostuvo que no dimite por responsabilidad, por defensa de la Constitución y de los Derechos Humanos.
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El cabecilla del caso Campeón maniobró para lograr las concesiones de la ITV en Catalunya
En el sumario se identifica al líder de CiU en Parlament, Oriol Pujol, como "connivente" en un posible tráfico de influencias en la concesión sanitaria catalana

Barcelona (Redacción).- La trama urdida por el empresario Jorge Dorribo  maniobró para lograr la obtención de la concesión de los servicios de ITV en Catalunya con la mercantil alemana TUV Rheinlad. Así se desprende del sumario del caso Campeón, que se hizo público el pasado 12 de marzo. 
En las intervenciones telefónicas realizadas a Dorribo y a otros imputados en la causa, según un escrito del fiscal de Lugo, se detectaron hechos relativos a un posible tráfico de influencias en la concesión sanitaria catalana, e incluso cita que "se llegó a la identificación como connivente de Oriol Pujol Ferrusola", además de otro posible tráfico de influencias en el caso de las concesiones de servicios de ITV en Catalunya por parte de Sergi Pastor, que fue alto cargo de Applus.
Por su parte, el líder de CiU en el Parlamento catalán y recién elegido secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, aseguró el pasado 15 de marzo no conocer al empresario farmacéutico José Dorribo y que nunca había hablado con él.
"No lo conozco, ni he hablado nunca, ni lo he visto. Estoy sorprendido", explicó entonces en una entrevista en RNE, en la que ha afirmó que no tiene constancia de nada. "Ya veremos qué aparece en el sumario, no le puedo decir nada más, no lo sé", continuó Pujol, que aparece en el escrito del fiscal de Lugo cuando Dorribo cita su nombre para tratar de introducirse en la sanidad catalana.
El nombre de Oriol Pujol únicamente aparece en dicho escrito en ese instante y a partir de ese momento se centra en las acusaciones realizadas por Dorribo contra Blanco en las diferentes declaraciones que realizó el empresario farmacéutico ante la juez de Lugo, para concluir que aún era pronto para mandar el asunto al Tribunal Supremo.



El escándalo informativo del día: Bárcenas pagaba sobresueldos en negro a la cúpula del PP

 Es una exclusiva de El Mundo, citando hasta cinco fuentes. Según ésta,  Bárcenas “distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato”, con dinero B procedente “de constructoras, empresas de seguridad y donaciones”. La práctica se habría extendido durante 20 años.
El diario exculpa a Rajoy y Cospedal que no habrían cobrado esas comisiones ilegales, pero consintieron su práctica hasta 2009.
Según la información el extesorero del PP “amenazó con revelar estos pagos si el partido no le ayudaba a eludir las consecuencias penales del caso Gürtel”.
elmundo.barcenas
Tras revelarse estos trepidantes días que Bárcenas guardaba en Suiza 22 millones de euros en Suiza, que lavó 10 millones gracias a la Amnistía Fiscal, suena bastante patético el discurso de Federico Trillo, uno de tantos que se dieron exculpando a su tesorero.


 
Coincido plenamente con el análisis de Soledad Gallego-Díaz: El PP tiene que devolvernos el dinero. Porque era nuestro. Y añado: dimitir en pleno y convocar elecciones. Para después pasar por los juzgados.

Ignacio Escolar explica que no será fácil ese juicio porque, “casualmente”, los delitos que se denuncian ahora han prescrito, justo, acaban de prescribir. Interesante leer su texto completo. Para llegar a esta conclusión:
“En conclusión, la información que hoy da El Mundo es sin duda un pelotazo, pero dudo que esta historia acabe aquí. Con lo que ya sabemos, estamos ante el mayor y más grave caso de corrupción de la historia de la democracia: un escándalo que convierte al partido que hoy gobierna la mayor parte de las instituciones democráticas en una organización corrupta, que de forma sistemática cobró comisiones para repartir los dividendos entre sus dirigentes mes a mes. ¿Cuánto dinero se robó a los españoles para que el que repartía los sobres se pudiese quedar entre los dedos con 22 millones de euros sin que nadie lo notase? Es gravísimo, pero dudo que se acabe aquí. Lo publicado hoy más bien parece una voladura controlada: un intento por anular la capacidad de chantaje de Luis Bárcenas y que sea solo él quien tenga que responder ante la justicia. Tal vez funcione en los tribunales, pero ¿lo aceptará la sociedad?”
El diario.es también ha conseguido el documento con las consignas que los altos cargos del PP deben seguir en sus declaraciones sobre el caso. Las están cumpliendo a rajatabla.

Los herederos de Sarasola tendrán que pagar 34 millones al Grupo Torras, y de quién era amigo.

09/01/2012 El Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid ha condenado a los herederos de Enrique Sarasola a pagar al Grupo Torras 34 millones de euros como compensación por las comisiones cobradas indebidamente por el empresario al hilo de las gestiones realizadas con la firma KIO en los años ochenta y noventa.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la esposa y los hijos de Sarasola aceptaron de manera tácita la herencia del empresario al hacerse cargo de sus negocios, lo que les obliga legalmente a responder tanto de sus deudas como de los intereses acumulados.
La sentencia del 'Caso Croesus' -en el que Javier de la Rosa fue condenado a cuatro años de prisión- declaró en 2008 la responsabilidad civil de Sarasola por apropiarse indebidamente de 27,4 millones de dólares (21,51 millones de euros) del Grupo Torras en el transcurso de una gestión con la firma KIO.
Además, la sentencia del 'Caso Pincico' exigió a Sarasola en 2006 la devolución de 1,1 millones de dólares (0,86 millones de euros) al Grupo Torras, un dinero que el empresario había desviado a sus cuentas en Suiza.
Las deudas nunca fueron abonadas al Grupo Torras, ya que Sarasola murió en 2002, incluso antes de que terminara el juicio por estos casos, por lo que la compañía exigió a sus herederos que se hicieran cargo de ellas.
La esposa y los hijos del empresario rechazaron entonces la herencia, a pesar de que ya habían participado en las gestión de sus negocios, algo que según el juzgado supone una 'aceptación tácita'.
La sentencia conocida hoy da la razón al Grupo Torras, de manera que la viuda y los hijos de Sarasola tendrán que abonarle un total de 34,093 millones de euros (21,51 millones correspondientes al 'Caso Croesus', 0,86 millones correspondientes al 'Caso Pincico' y 11,71 millones de intereses), además de pagar las costas.
La sentencia también declara el levantamiento del velo de la sociedad holandesa Azulintas, al considerar que 'es una sociedad instrumental de la familia Sarasola, utilizada con abuso de su personalidad, a fin de ocultar los bienes de Enrique Sarasola y ponerlos a salvo de sus acreedores'.
El texto insiste en que los herederos de Sarasola aceptaron de hecho la herencia a su muerte, ya que participaron en la Junta General de Accionistas de la sociedad Hipódromos y Caballos, uno de los negocios familiares, como gestores y se asignaron salarios.
Además, 'desregularizaron préstamos' por 16 millones de euros para los accionistas y contrataron como asesores a firmas que, en realidad, eran propiedad de los propios hijos de Sarasola con el objetivo de 'vaciar de activos la sociedad' antes de que fuera embargada.
Los hijos y la esposa de Sarasola intentaron incluso hacer pasar por heredera a la madre del empresario, Eustaquia Sarasola, ya fallecida, algo que ha sido declarado nulo por la sentencia.
De la misma manera, se declara nula la declaración de renuncia a la herencia formulada por los hijos y la esposa.
Los casos 'Croesus' y 'Pincinco' consistieron en la trasmisión de grandes cantidades de dinero del Grupo Torras a sociedades 'insolventes e inactivas, meras pantallas' que se hacían pasar por préstamos.
Después estos fondos eran traspasados a cuentas en paraísos fiscales de varios individuos, entre ellos Enrique Sarasola.
Agencia EFE

"Paesa está protegido"

El ex ministro Antonio Asunción critica la impunidad del antiguo espía

J. M. IRUJO 14 FEB 2010 temas menos importantes y trascendentes. Este señor ni eso. No ha pisado un juzgado. Tiene un trato de protección muy extraño. Nadie le llama a declarar. ¡Que le llamen y le pregunten dónde está el dinero! Que se lo pregunten para que nos enteremos todos. Porque esta persona lo sabe muy bien".
Asunción recuerda que Manuel Cobo del Rosal, abogado de Paesa, le anunció hace años una querella por las insinuaciones que hizo su cliente. "Entonces me amenazó con querellarse contra mí y me ofrecí a renunciar a mi inmunidad parlamentaria. Le tomé el guante. Me encantaría que se querellara contra mí porque así nos enteraríamos de muchas cosas. Paesa de pronto está muerto, luego resucita y vuelve a aparecer. Y no pasa nada. Mientras tanto la mayoría de los mortales desfilamos por los juzgados para declarar sobre cualquier cosa. ¿No le parece raro?".
Los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y Daniel Campos, que investigaron el caso y siguieron la pista del dinero, achacan al Código Penal antiguo, el de 1973, la suerte de Paesa. "Supuestamente, Paesa manejó todo el dinero de Roldán cuando éste intentó salvarlo. Actuó como un blanqueador y su actividad fue impune porque el delito de blanqueo no se contempló para casos relacionados con corrupción hasta mayo de 1996 y esas conductas eran de los años 1993 y 1994. Se le llamó a declarar y compareció en los juzgados de la plaza de Castilla, pero no le pudimos imputar por ese motivo". "Está demostrado que Paesa se encargó de moverle el dinero y que luego colaboró en su entrega", apostilla Luzón.
Durante el juicio de Roldán las partes llamaron a declarar a Paesa, pero el escurridizo ex agente del Ministerio del Interior durante la etapa socialista no compareció. Envió un fax desde Nueva York en el que aseguraba que no es residente en España desde 1968 y que le resultaba "imposible" acudir a testificar por estar "en permanente observación médico-clínica". Más tarde el tribunal recibió un certificado de un médico del hospital Americano de París, en Neuilly, en el que un doctor aseguraba que Paesa se encontraba "grave y con riesgo de suicidio", por lo que había ingresado en la clínica francesa Ville de Bouzin. Ese mismo día este periódico comprobó que Paesa no se encontraba ingresado en el centro.
En julio de 1998, Paesa se superó a sí mismo y escenificó su propia muerte. Su hermana María, funcionaria del Congreso de los Diputados, insertó una esquela en EL PAÍS en la que se anunciaba el fallecimiento e incineración de los restos de su familiar en Tailandia. La policía certificó que se trataba de otra representación teatral del hombre que había puesto a salvo el patrimonio robado por Roldán.
La nueva desaparición de Paesa no era baladí. Una juez acababa de imputarle por encubrimiento del dinero de Roldán y estaba en búsqueda y captura. Su fotografía aparecía en los archivos de Interpol. Tenía que esfumarse si no quería acabar en la cárcel junto a su cliente. Paloma García, titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, le embargó 522.800 euros depositados en una de sus cuentas suizas bloqueada anteriormente por el juez Paul Perraudin, el magistrado que colaboró con las autoridades españolas en el esclarecimiento del caso Roldán. El dinero figuraba a nombre de la sociedad Finser Investment Ltd. y en la misma tenían firma sus sobrinos Alfonso y Beatriz García Paesa. La cantidad bloqueada había llegado hasta Suiza mediante dos cheques nominativos procedentes del Aresbank de Madrid, en junio de 1994, meses después de que Roldán escondiera en esta entidad sus 10 millones de euros ocultos en Ginebra y desaparecidos finalmente en Singapur. La Fiscalía interpretó que ése era el pago del ex jefe de la Guardia Civil a Paesa por sus servicios, pero Luzón destacó en su escrito que no se le podía imputar por blanqueo porque los hechos eran anteriores a 1995 y hasta entonces ese delito sólo se contemplaba para los casos de tráfico de drogas.
Entonces pareció que la suerte de Paesa se acababa. Pero desde 1999, en que Interpol lo incluyó en la lista de los buscados, hasta marzo de 2004, en que su caso prescribió, se lo tragó la tierra. Cinco años sin caer en las garras policiales, sin un tropiezo en controles, fronteras o aeropuertos. Viviendo en París, su primera mujer era francesa y es la ciudad de sus sueños, sin cometer errores ni exponerse demasiado. Utilizando cualquiera de las múltiples identidades que ha usado en su agitada vida de vendedor de armas, representante consular de países africanos, banquero frustrado en Ginebra con su quebrado Alpha Bank y amante de señoras de postín como Dewi Sukarno, la viuda del ex presidente de Indonesia.
"No se le localizó", recuerda el fiscal Campos. "No se le pudo capturar cuando estaba en búsqueda y captura", asegura el comisario Rafael Bermejo, el hombre que negoció con él en París la entrega de Roldán cuando éste se dio a la fuga.

El TS cierra el «caso AVE» con la condena de una ex dirigente del PSOE
Viernes, 14-11-08 N. COLLI 

MADRID. El «caso AVE» ya tiene sentencia firme. La dictó el Tribunal Supremo ayer, catorce años después de que, escindido del «caso Filesa», comenzara en un juzgado de Madrid la instrucción de este procedimiento sobre presunta financiación ilegal del PSOE. La Sala Segunda del alto Tribunal, que estima en parte los recursos de la Fiscalía y de la acusación ejercida por el PP, condena a la ex coordinadora de finanzas de los socialistas, Aída Álvarez, y a su marido, Miguel Molledo, a seis meses y un día de prisión menor y al pago de una multa de 1.200 euros cada uno por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Tanto la ex dirigente del PSOE como su esposo fueron absueltos al aplicar la Audiencia Provincial de Madrid el principio de «cosa juzgada», que impide que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos. Ambos habían sido condenados con anterioridad en el «caso Filesa» por ese mismo delito.
El Supremo admite que, al tratarse de un delito continuado, los hechos podrían haberse juzgado en un único procedimiento (Filesa), en lugar de quedar escindidos en dos (Filesa y AVE). Sin embargo, rechaza que pueda aplicarse el principio de «cosa juzgada» porque, precisamente como consecuencia del fraccionamiento de la causa madre, el delito es el mismo pero los hechos nos son idénticos. A cambio, impone una pena moderada que, si se sumara a la que recayó sobre Álvarez y Molledo por «Filesa», nunca sobrepasaría la que la Audiencia podría haberles impuesto si hubieran sido juzgado por todo de una sola vez.
Por otra parte, el Supremo estima el recurso de Francisco Francés Orfila y Mario Huete, a los que absuelve por considerar prescrito el delito continuado de falsedad mercantil por el que fueron condenados.

 Estalla el "caso Filesa"


A finales de mayo de 1991 reventó uno de los mayores escándalos de la historia política española. Varios bancos y empresas pagaron cientos de millones de pesetas a pequeñas sociedades, relacionadas con la financiación del PSOE, a cuenta de unos estudios que jamás se realizaron.

L. Ramírez. Madrid

Hace ya catorce años, el PSOE se vió afectado por uno de los escándalos financieros más sonados de la historia política nacional: el "caso Filesa". La noticia saltó el 29 de mayo de 1991, cuando varios medios de comunicación acusaron al PSOE de financiación irregular a través de las empresas Filesa, Malesa y Time Export. 

Entre 1988 y 1990, estas sociedades cobraron cientos de millones de pesetas, en concepto de estudios de asesoramiento, a destacados bancos y empresas, informes que nunca llegaron a realizarse. Estos fondos fueron empleados, supuestamente, para financiar el coste del referéndum de la OTAN en 1996, y en la campaña electoral del PSOE en 1989.

Entre las personas implicadas en estas operaciones ilegales de obtención de fondos se encontraban el senador socialista y diputado autonómico, Josep María Sala, el diputado del PSOE por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del partido, Guillermo Galeote.

Además, fueron procesados los gestores de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, los empresarios Eugenio Marín y Francisco Molina, así como la secretaria de Finanzas del PSOE, Aida Álvarez y su marido, Miguel Molledo.

Los principales partidos políticos no pusieron el grito en el cielo por la oscuridad que siempre ha caracterizado a la búsqueda de fondos para financiar campañas electorales, circunstancia que ha provocado promesas de los políticos, cuyo cumplimiento ha sido nulo en la historia de España.

Condenados e indultados
El caso llegó al Tribunal Supremo, que dictó sentencia el 28 de octubre de 1997. Ocho personas fueron condenadas por esta trama, que servía como una tapadera para ingresar dinero en las arcas del PSC y, por ende, en las cuentas del PSOE. 

En el juicio tuvieron que prestar declaración el ex presidente del Gobierno Felipe González y el ex vicepresidente Alfonso Guerra.

El senador socialista Josep María Sala fue condenado, por asociación ilícita y falsedad en documento mercantil, a una pena de tres años de prisión, así como a una multa de 350.000 pesetas. Tras permanecer 25 días en la cárcel barcelonesa de Can Brians, Sala fue puesto en libertad provisional mientras se tramitaba el recurso de amparo presentado contra la sentencia. 

Finalmente, se anuló la condena por falsedad en documento mercantil, y la pena total se situó en dos años de prisión. En septiembre de 2004, Sala regresó a la dirección del PSC.

Por su parte, al diputado Carlos Navarro y a los responsables de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, el Supremo les condenó a penas de 11 años de prisión a cada uno, aunque no llegaron a cumplirlas de forma íntegra, ya que obtuvieron en diciembre del año 2000 un indulto parcial, concedido por el Ejecutivo de José María Aznar, de tal forma que se redujeron a la mitad las condenas que hoy ya están extinguidas. En aquel momento, los tres disfrutaban del tercer grado penitenciario.

Aquel indulto se extendió a un total de 1.443 condenados y fue el de mayor peso político concedido por un Gobierno desde la Transición. El resto de procesados en el "caso Filesa" pagaron multas y cumplieron penas menores.

El PSC y La Caixa
En noviembre de 2005, la financiación de los partidos políticos volvió a la actualidad, después de que se conociera que el PSC había conseguido que La Caixa le condonara el 45% de la deuda vencida que arrastraba desde 1994. En total, se trataba de 6,57 millones de euros perdonados. El resto (7,81 millones) fue renegociado, con un tipo de interés tres veces inferior al aplicable en 1994.

El PP ha reclamado al partido catalán que pague la deuda y que dimita su líder político, el primer secretario del PSC y ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, ha declarado que "no hay nada que ocultar", ya que "no ha negociado ni firmado crédito alguno". 

Sin embargo, el Tribunal del Cuentas asegura que "el partido no aporta la documentación acreditativa correspondiente del acuerdo alcanzado con la entidad financiera a finales de 2004". Fuentes del sector financiero aseguran que "las condonaciones a los partidos políticos han sido y son normales en España".



«Caso fondos reservados»: Barrionuevo y Corcuera, absueltos; Vera, condenado

La Audiencia Provincial de Madrid absolvió ayer a los ex ministros socialistas de Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera al estimar que no hay pruebas de que entre 1983 y 1993 autorizasen o consintiesen el desvío de fondos reservados para el pago de sobresueldos a altos cargos. Sin embargo, la Sala sí ha condenado a penas de entre diez meses y siete años de cárcel a otros cinco ex dirigentes de Interior a los que atribuye la sustracción de 775 millones de pesetas «para su enriquecimiento personal».

Vera, tras conocer la sentencia
Vera, tras conocer la sentencia
La Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, presidida por el magistrado Francisco Vieira y compuesta por Jesús Guijarro y Arturo Beltrán, ponente del fallo conocido ayer, divide la sentencia -acordada por unanimidad- en dos planos muy distintos. Por un lado sostiene que, pese a haber «sospechas» y «posibilidad» de que los ex ministros Barrionuevo y Corcuera «conociesen y consintiesen» la malversación de los fondos reservados asignados a su Departamento, no existe «certeza» de que ello fuese así. Por eso los absuelve.
De otro lado, mantiene que sí hay pruebas o una conjunción lógica y racional de indicios que le permiten aseverar que Rafael Vera, Julián San Cristóbal, José María Rodríguez Colorado, Francisco Álvarez y José Ignacio López se apropiaron de distintas cantidades de fondos reservados para su «enriquecimiento personal».
NO HABRÁ AÚN INGRESOS EN PRISIÓN
La pena más dura, siete años de prisión, ha recaído en Rafael Vera, a quien la Audiencia condena por «sustraer para sí» 141 millones de pesetas que invirtió en la compra, reforma y mejora de bienes inmuebles -«valiéndose de su suegro como mero testaferro»- y por la entrega a otros ex altos cargos de más de 600 millones.
El ex director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, ha sido condenado a seis años de cárcel por apropiarse de 89 millones de pesetas. El ex director de la Seguridad Julián San Cristóbal, quien admitió haberse lucrado con 66 millones, ha sido condenado a cuatro años de cárcel al considerar el Tribunal acreditado que, al menos, se enriqueció con 130 millones. El ex jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista, Francisco Álvarez, y el ex gobernador civil de Vizcaya, Juan Ignacio López, han sido condenados a once y diez meses de prisión por haber ingresado en cuentas bancarias quince y siete millones de pesetas respectivamente.
La sentencia, de 121 folios, no es firme y ya ayer varios defensores de los condenados anunciaron su intención de recurrirla ante el Tribunal Supremo. Tras el fallo, el fiscal -las acusaciones no lo van a hacer- tiene ahora la potestad de solicitar a la Sala que decrete el ingreso en prisión de los condenados a mayores penas, pero no es previsible que esa eventual petición llegue a fructificar, al menos hasta que la resolución adquiera firmeza en el alto Tribunal.
Además de las penas impuestas -iguales o inferiores a las reclamadas por el fiscal Alejandro Luzón a excepción del caso de San Cristóbal, para quien solicitó tres años de cárcel y ha sido condenado a cuatro-, el Tribunal ha rechazado la petición de la acción popular que ejercía el empresario José María Ruiz-Mateos de deducir testimonio e iniciar una investigación judicial sobre el ex presidente del Gobierno Felipe González, su ex secretaria Pilar Navarro, el ex director general de la Guardia Civil José Antonio Sáenz de Santamaría y el suegro de Vera, Enrique Esquiva.
«LA CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES»
La sentencia inicia el relato de hechos probados recordando que había tres cuentas del Banco de España con dotación presupuestaria para la asignación de gastos reservados en Interior y que, sobre todo, de la dependiente de la Secretaría de Estado «se sustraía dinero para el enriquecimiento personal de altos cargos del Ministerio». Esta conducta se veía facilitada porque «no existía control real externo por parte de órganos fiscalizadores o interventores».
Además, se considera probado que se utilizaba dinero para pagar gratificaciones o retribuciones, al margen de la nómina, «a una pluralidad de funcionarios» destinados en la Dirección de la Seguridad del Estado, aunque esta circunstancia no era objeto de acusación.
El Tribunal alaba la actuación de las instructoras que investigaron este asunto desde 1994 y sostiene que la Administración ha actuado dentro de la legalidad «al no declarar incluido en materia clasificada aquello que, por su naturaleza, no debe serlo» y permitir la investigación judicial. «Más bien al contrario -dice el fallo- lo que perjudica a la seguridad del Estado y compromete los intereses nacionales es la corrupción de las autoridades y funcionarios públicos, sobre todo si cifran su impunidad en un pretendido secreto».
«Terminado el juicio -añade- no podrá decirse seriamente que, a resultas del mismo, se ha comprometido la seguridad del Estado ni aun que se ha revelado secreto alguno. (...) Nada tiene que ver la investigación patrimonial de los acusados con los servicios de Información».

Fondos Reservados y el Psoe


Siete ex altos cargos del Ministerio del Interior se sentaron en el banquillo por el presunto uso irregular de los fondos reservados que el Gobierno destinó a la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico entre los años 1987 y 1993.

Los acusados en este juicio, que comenzó el 19 de septiembre de 2001, fueron los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera; el ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal; el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera; el ex jefe del Mando Unico de la Lucha Antiterrorista Francisco Alvarez; el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado y el ex gobernador civil de Vizcaya Iñaki López.

El fiscal les acusaba, en mayor o menor grado, de un delito de malversación de caudales públicos, en algún caso agravado por la circunstancia de ánimo de lucro. Para todos ellos solicitaba un total de 51 años de cárcel. Finalmente, el 22 de enero de 2002, la Audiencia Provincial de Madrid dictaba siete años de prisión para Vera, seis para Sancristóbal y cuatro para Rodríguez Colorado. Barrionuevo y Corcuera fueron absueltos. Álvarez y López fueron condenados, respectivamente, a 11 y 10 meses de cárcel.

En un principio, fueron imputados también el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, el ex secretario de Rafael Vera, Juan de Justo; el ex subdirector general operativo de la policía, Agustín Linares y el abogado Jorge Argote. Pero ninguno de los cuatro se sentó en el banquillo. El primero, porque ya fue juzgado por enriquecimiento ilícito en la sentencia del "caso Roldán". Los otros tres, porque finalmente no se encontraron indicios suficientes para juzgarles.

Alfonso Guerra, protagonista del primer gran caso de corrupción de la democracia, pide la “máxima” pena para los corruptos


Alfonso Guerra, protagonista del primer gran caso de corrupción de la democracia, pide la “máxima” pena para los corruptos

Guerra
Alfonso Guerra, en una imagen retrospectiva, tomando un cafelito junto a su hermano Juan, condenado por fraude fiscal.
El exvicepresidente del Gobierno y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, Alfonso Guerra, ha defendido que en España se debe aplicar la “máxima” pena tanto a los corruptos como a quien inventa un caso sobre un representante político y luego se demuestra que es falso.
Guerra ha señalado que la corrupción en España debería estar castigado por una pena “brutal”, pero “igualmente de brutal” para quien diga que un representante político es corrupto y luego se demuestre que no lo es.
En concreto, preguntado sobre la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta “trama” de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), ha asegurado que aunque no conoce a esta juez, resalta que “incluso hay una relación fuerte personal entre la jueza y el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que eran compañeros y dicen que algún expediente en común tuvieron”.
Asimismo, en cuanto al caso que lleva la juez de Lugo Estela San José en relación con la denominada ‘operación Campeón’, Guerra ha señalado que en este caso “está cantado” que haya salido en “plenas elecciones”. “Crean la imagen de que va a ganar el PP y luego habrá un congreso en el PSOE, quién lo va a organizar, vamos a quitar ese elemento”, ha subrayado, a lo que ha añadido que este proceso está siendo “alimentado por el Partido Popular”.
El ‘caso Guerra’
El llamado ‘caso Guerra’ fue un caso en el que se acusó de corrupción a Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra.
A finales de 1989, Juan Guerra fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano, con un sueldo de 129.370 pesetas líquidas al mes (781 euros). El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas,según algunos medios, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.
Finalmente, en 1995, Juan Guerra fue condenado por un delito fiscal. Él y su socio Juan José Arenas fueron condenados a dos penas de un año de cárcel por un fraude fiscal de 42.103.742 pesetas (253.637 euros) cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la Parra. Además, ambos fueron condenados a pagar dos multas de 24.933.200 y 34.860.000 pesestas (150.200 y 210.000 euros) respectivamente.
En el año 2001, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo de Juan Guerra. Esta sentencia del Alto Tribunal contó con un voto particular del magistrado Manuel Jiménez de Parga, que denunció que el hermano del ex vicepresidente había sido víctima de un “proceso inquisitorial”, de una instrucción judicial “cuasi demoníaca” y de una investigación dirigida “contra su persona con noticias vagas e imprecisas”.

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'Corrupción made in Spain'

Si algo ha caracterizado a España en los últimos años es la corrupción. Una lacra que se ha instalado con fuerza en todas partes y todos los partidos políticos.

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¿Qué es la corrupción? El juez Miguel Ángel Torres, que destapó el mayor caso de corrupción en España, el 'caso Malaya', lo describió en una conferencia en abril de 2009 así: "La corrupción consiste simplemente en subvenir el orden público a favor de las necesidades privadas (...) Nadie está ajeno a la corrupción, políticos responsables de las fuerzas de seguridad del Estado, jueves, fiscales, famosos en general (...) La corrupción supone sin más la deslegitimación del sistema democrático. Es uno de los mayores cáncer de la democracia y puede dar lugar a la aparición de líderes populistas y a mayor corrupción. Una de las mejores formas de combatirla es con más democracia y más transparencia".
Lo deja muy claro. Y es que si hay algo que haya marcado la política en España en los últimos años esa ha sido la temida corrupción. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan la sorprendente cifra de más de 800 imputados entre políticos, de todos los partidos, funcionarios o empresarios.
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Las elecciones municipales y autonómicas que se celebran el próximo 22 de mayo vienen acompañadas, por tanto, de una lacra difícil de extinguir. En los últimos cinco años hasta la Fiscalía General del Estado han llegado 730 causas de las que 131 pertenecen a casos de cohecho, 6 de malversación, 48 de prevaricación, 32 de tráfico de influencias y 31 de blanqueo de capitales, según el Informe sobre Democracia en España 2010 de la Fundación Alternativas.
Pero ¿cuánto dinero ha viajado en el maletín de la corrupción? Tres mil millones de euros. Una cifra más que considerable que representa sólo el valor de los bienes intervenidos durante estas operaciones. Detrás del cohecho, la malversación o el blanqueo, la cuenta se hace infinita. Y los que parecen que más tajada sacan son los propios representantes políticos de los españoles.
Según el Informe Global 2008 sobre la corrupción en España realizado por la Agencia de Transparencia Internacional (TI), los partidos políticos son señalados como la institución más corrupta en todas las partes del mundo. Ocho de cada 10 personas consideran a las formaciones como corruptas o extremadamente corruptas. Lo que hace que España se sitúe en el puesto número 30 de 178 países en cuanto a corrupción en el año 2010.
"Dado que los altos niveles de corrupción ponen en riesgo los medios de subsistencia de muchísimas personas, los compromisos de los gobiernos con la lucha contra la corrupción, con la transparencia y con la rendición de cuentas deben manifestarse a través de sus actos", asegura Huguette Labelle, presidenta de TI.
Bartomeu Múñoz (PSC) tras salir de la cárcel. | Efe
Bartomeu Múñoz (PSC) tras salir de la cárcel. | Efe
Todo ello tal vez explique los sorprendentes resultados de tres de los barómetros del CIS de 2009. La corrupción se colocó aquel año entre los problemas considerados como más importantes por los españoles, junto con los problemas económicos y el paro. Algo que no ocurría desde marzo de 1996.
Es decir, durante 13 años la corrupción nunca había sido incluida como problema por más del 3% de los encuestados. Sin embargo, casos como 'Gürtel', 'Palma Arena', 'Malaya' o 'Pretoria' han hecho que para más de un 10% de los españoles la corrupción sea el problema más importante de nuestra sociedad.
El fin del 'boom' inmobiliario, el urbanismo excesivo, y la falta de controles de los Ayuntamientos, provoca que junto a la autonomía de los gobiernos locales sea imposible controlar la corrupción.
La mayoría de los implicados se encuentran en las filas del PP, con más del 50%, y del PSOE, un 35%, aunque también los hay de otros partidos como CiU, CC, UM o el PAR.
Pero, ¿cómo está ahora la corrupción en España? ¿Qué casos están siendo juzgados y cuáles investigados? ¿Quiénes están implicados? ¿Cómo afecta la corrupción en unas elecciones? Las provincias de Madrid, Málaga, Sevilla, Baleares y Valencia son las que más pesquisas policiales concentran. Además, medio centenar de Ayuntamiento están siendo investigados por este tipo de delitos, pero ¿cuáles son?

Andalucía

La comunidad con más imputados, pese al tirón del caso Gürtel, sigue siendo Andalucía, ya que la investigación que destapó la trama de corrupción del Ayuntamiento de Marbella -'Caso Malaya'- y que, por primera vez en la democracia española, supuso la disolución de un Ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.
Pero, además del caso de corrupción más famoso y con más famosos involucrados, Andalucía tiene abiertas otras operaciones que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan a al menos siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Se trata de casos como el de los consistorios de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.
La corrupción se colocó en 2009 entre los problemas considerados como más importantes por los españoles
A estos hay que sumar el escándalo de los ERE por el que, según ex altos cargos de la Junta de Andalucía (PSOE) existía un 'fondo de reptiles' mediante el cual falsos prejubilados, su mayoría vinculados directamente o través de familiares con cargos del PSOE, recibieron dinero de este fondo para recibir prejubilaciones muchas de ellas falsas.

Gürtel

Sin duda, el caso que más expectación ha causado en estos últimos años es el conocido como caso 'Gürtel', liderado presuntamente por el empresario Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El bigotes', y que suma un total de 64 imputados.
De momento, la trama ha costado el cargo a Ricardo Costa, ex secretario general del PP en la Comunidad Valenciana y mano derecha de Francisco Camps, aunque finalmente va en las listas del PP valenciano; ha puesto en duda la transparencia del presidente valenciano y ha provocado un terremoto en el PP de Madrid.
El senador del PP, Luis Bárcenas, también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto con el diputado nacional Rafael Merino. Otros de los caídos han sido tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, y tres alcaldes de algunos de los municipios afectados -Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas-.
Sin embargo, en Madrid siguen abiertas otras operaciones como el caso 'Guateque', que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales y que cuenta con un centenar de imputados.

Baleares

Las islas Baleares también se han convertido en protagonistas de la corrupción con numerosos casos que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas (PP) o la presidenta del Parlamento Autonómico, María Antonia Munar (UM). En total hay 70 imputados.
La imputación de Matas está relacionada con el conocido como caso 'Palma Arena' que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está involucrada en el caso 'Domenge'. Las islas tienen abiertos, por otro lado, otros procesos como el de 'Son Oms', relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el caso' Scala', sobre la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.

Comunidad valenciana

Aparte del caso 'Gürtel' que ha llenado páginas y páginas de periódicos, en la Comunidad Valenciana, otro de los casos más llamativos es el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante) (Independiente), Zarra (Valencia) (PSPV-PSOE) y Bigastro (Alicante) (PSOE).
Además, hay que sumar el conocido como 'caso Brugal' en Alicante cuyas investigaciones se remontan a mayo de 2007, cuando se detuvo al empresario oriolano Ángel Fenoll y a otras cinco personas, por una supuesta trama de sobornos en la adjudicación de los servicios de recogida de basuras en Orihuela.
Los nuevos actores de la trama son el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll; varios concejales del Ayuntamiento de Orihuela; y el empresario alicantino, Enrique Ortíz.

Canarias

Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los más destacados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.
Uno de los más polémicos es conocido como la 'trama eólica', pero también han salido a la luz procesos como el caso 'Faycán', que afecta al municipio de Telde (PP), o los relacionados con las localidades de Santa Brígida (PP), Yaiza (PNL), Arona (CC), Mogán (PP), Arrecife (PIL y PSOE), La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.

Murcia

Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo a la localidad de Totana, que destapó una trama de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción.
Otras localidades murcianas también están siendo investigadas como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas.

Cataluña

La última trama de corrupción desarticulada corresponde a Cataluña, en particular el denominado caso 'Pretoria' en el municipio de Santa Coloma de Gramenet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentran el alcalde, Bartomeu Muñoz (PSC). En este caso están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU en la época de Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.
A este hay que sumarle la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundación Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.
El 'caso Pretoria' también ha desatado innumerables críticas. La trama de corrupción urbanística salpica diversos ayuntamientos de la provincia de Barcelona y ex altos cargos del gobierno de CiU en Cataluña.

Galicia

El municipio lucense de Castro Rei también se ha visto afectado por la corrupción. Aquí fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño (PSdeG), y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
En la Comunidad gallega también han sido detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por corrupción urbanística. Además, el fiscal ha solicitado dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, (PP) por un supuesto trato de favor a sus empresas desde el Ayuntamiento.

Aragón

El principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa (PAR) fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.

Cantabria

El caso más destacados afecta a las localidad de Castro Urdiales. En él existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal como el alcalde Fernando Muguruza (PRC) y su antecesor, el actual concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera (PSOE).

La gran corrupción de nuestro país.


Corrupción destapada e ignorada

Corrupción destapada e ignorada
nov 24, 2012
Las protestas democráticas de los indignados castigadas duramente para dar un escarmiento a los ciudadanos que sufren las consecuencias más negativas de la esta estafa llamada crisis, mientras los imputados en los casos Gurtel, Millet, palma arena y demás en vía muerta esperando a ver si prescriben sus delitos.
Para recordar: aquí una os dejamos una lista detallada de casos de corrupción que fueron ignorados y ninguno de los culpables acabó en la cárcel:


Gobierno de José María Aznar López (1996-2004)


Caso Zamora: iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un “impuesto” de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso feu archivado en 2002.


Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.
Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.

Caso Gescartera: un agujero patrimonial de 50 millones de euros en esta sociedad de inversión.


Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.

Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)


Caso Malaya: El saqueo a Marbella es de 500 millones la red de testaferros del ‘caso Malaya’ blanqueó más de 671 millones a Roca. A día de hoy sin sentencia dictada y con algunos imputados en prisión preventiva, habrán condenas de cárcel?? Lo veremos…


Caso de la Ciudad del Golf: presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.

Caso Salmón: En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.
Caso Matsa: En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.
Caso Plasenzuela: presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina, del Partido Popular.
Caso de los EREs falsos: una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían, presuntamente, Antonio Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo ivnestigado por la justicia ordinaria y el Tribunal de Cuentas.
Caso Riopedre o Renedo: en enero de 2011 el ex consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias durante el gobierno Vicente Álvarez Areces, el socialista José Luis Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros.
Caso Campeón: una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo,José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 € al primo de Blanco cambio de subvenciones.
Caso ITV: derivado del anterior, una presunta trama de trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.

Caso Palma de Arena: El tribunal señala como hechos probados que la exjefa de gabinete de Matas, María Umbert (absuelta), “convenientemente asesorada” expuso a Alemany que su contratación para la redacción de los discursos del presidente balear solo era viable, a través de un contrato menor, o su designación como asesor del presidente. Alemany rechazó ambas, según recoge la sentencia, “sea porque el máximo a percibir a través de un contrato menor era el de 12.000 euros sea porque su contratación como asesor personal, aun cuando de mayor dotación, ni le era satisfactoria profesionalmente ni le era rentable económicamente, pues quería seguir manteniendo su colaboración tanto como articulista con el periódico El Mundo/el Dia de Baleares.
Caso Millet: presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la Música Catalana por parte del presidente de su patronato, Fèlix Millet, y otros colaboradores -como Jordi Montull-, a lo largo de 10 años. Según un informe policial, 12 millones habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya.
Caso Nóos o Caso Urdangarin: derviación del caso Palma Arena referente al fraude fiscal realizado por el exjugador de balonmano y duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Hacienda estima en más de 16 millones de euros el dinero recaudado por la trama de empresas del esposo de la Infanta Cristina.

Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-…)


Caso Berzosa: presuntas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en la gestión del ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa: un sobrecoste de 11,5 millones de euros en un residencial en Somosaguas y facturas imposibles (como 57 viajes en coche a Atenas). Por ello la Asamblea de Madrid ha reclamado la comparecencia tanto de Bezosa como de su sucesor, José Carrillo, ante la posibilidd de un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos e, incluso, tráfico de influencias. La Fundación de la UCM ha defendido la gestión de Berzosa y prometido aclarar los problemas detectados.
Operación Pitiusa: 88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.
Caso Brugal: La magistrada Ana Belén Cordero, quien dirige la investigación del caso Brugal desde el juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela, ha imputado a 19 personas más por las supuestas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja en un auto que se ha notificado a las partes esta semana.
Caso Mercasevilla: El jurado del caso Mercasevilla ha declarado culpables al exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, acusados de cohecho, por la supuesta petición de un soborno de 300.000 euros a dos empresarios hosteleros a cambio de obtener una subvención para una escuela de hostelería. Rivas es el alto cargo de la Junta declarado culpable de mayor rango hasta ahora, ya que el ex director general de Carreteras Manuel Ollero, condenado en 2006, fue absuelto más tarde.
Caso Palau: Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), miembro de la coalición CiU, tiene que abonar una fianza de 3,2 millones por haberse beneficiado, presuntamente, del saqueo del Palau de la Música, una de las instituciones emblemáticas de la cultura catalana. El juez que investiga el caso Palau considera que el partido del presidente de la Generalitat, Artur Mas, debe figurar como responsable civil en la causa. Cuando el auto le sea notificado oficialmente, CDC tendrá 24 horas para pagar la fianza. De lo contrario, según la resolución judicial, “se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir el importe”. Actualmente, la sede de CiU se encuentra embargada por este hecho.
Caso Dívar: El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo.
Caso de la cooperación: presunto desvío de más de 6 millones de euros en subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana a través de seis organizaciones no gubernamentales, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami.

etc, etc, etc.