19 sept. 2008

Curso para obtención del permiso de conducir


Por segunda vez se ha, o se está llevando a cabo en nuestro centro de AEIA, entidad que presido, el curso de apoyo y ayuda para que colectivos desfavorecidos obtengan el permiso de conducir, permiso que es imprescindible para que las personas , especialmente este colectivo, pueda incorporarse al mercado laboral.

Desde AEIA, no sólo pretendemos trasladar habilidades en la conducción , sino, responsabilidad y conciencia ciudadana, garantizar a los discentes unos mínimos conocimientos para que se conciencien que son personas con plenitud de derechos y despertar en los que asisten a nuestras clases, su conciencia cívica y participante en este mundo glocal y cada día más restringido y elitista, mi más cordial enhorabuena a todo el personal y voluntarios de AEIA, sois excelentes , sois los mejores, formáis un gran equipo.

Los archivos ilegales en el concello de Sada y qué pasa en los otros.

Es vergonzoso que los que deben cumplir la ley y lo exijan a sus ciudadanos, y que lo hagan desde el balcón de la riqueza y de la prepotencia --no me refiero sólo a Sada-- incumplan y desconozcan sus obligaciones legales, y especialmente vulneren de este modo derechos constitucionales de manera flagrante, me pregunto: ¿para qué sirven las instituciones públicas? ¿Para qué sirven los fiscales?, es triste pero de un estado de derecho podemos pasar a un estado de deshecho.
El Concello de Sada celebró ayer la primera reunión de la comisión informativa especial que investigará el caso de los archivos ilegales. El gobierno municipal acordó redactar un informe sobre lo sucedido con la Policía Local del municipio, así como sobre el hallazgo y posterior robo de los ficheros ilegales, que fue denunciado el martes por el Ayuntamiento.
La creación de este órgano fue aprobada en el pleno ordinario del pasado 28 de agosto. El Concello sadense ordenó, además, la creación de un fichero automatizado de datos de carácter personal relativo al registro de documentos del gobierno sadense, con la finalidad de «rexistrar os documentos que entren e saian do Concello». La reunión tuvo lugar un día después de que el secretario municipal, Emilio Seijo Frías, encargado de iniciar el expediente administrativo, comenzase el trabajo de investigación, después de la desaparición de parte de los archivos ilegales de las dependencias de la Policía Local de Sada.
Negligencia
Por su parte, la asociación independiente de la Guardia Civil, calificó la sustracción de los archivadores A-Z como una «negligencia» que recaería en «el responsable del turno de tarde nombrado por Francisco Montouto», encargado de custodiar las dependencias policiales. Según José Antonio Varela, delegado autonómico de la asociación, en el mismo cuartel se guarda una arsenal «de 21 pistolas semiautomáticas y dos revólveres a nombre del alcalde», así como «libros de identificación de detenidos», que estarían «al alcance de cualquiera». Varela afirmó que la seguridad en las dependencias policiales de Sada «es insuficiente», y señaló que el Ayuntamiento debería haber custodiado esos documentos «en una caja fuerte».
El gobierno municipal, tras negar todas estas acusaciones, afirmó que «a seguridade nas dependencias é a mesma que houbo en todos estes anos», y que recientemente se compró un armero «a petición do xefe da Policía Local». Para Francisco Montouto, las dependencias «son tan seguras coma sempre».
Para el sindicato CSI-CSIF, la puesta en marcha de la comisión de investigación, «un tema que costó mucho que se aprobase», es una cuestión prioritaria para exigir responsabilidades. Según el sindicato, «la Policía Local solicitó la creación de la comisión a todos los grupos políticos de Sada».
Ante la desaparición de parte de los ficheros, el CSI-CSIF aludió a la necesidad «de que la Policía Judicial intervenga ya en Sada».

El padre de Mari Luz, dice lo que todos pensamos: No creemos en este sistema judicial arcaico.

Dicen en la puerta de una universidad Americana: "Tendrás tanta justicia como dinero tengas para pagarla", España necesita un cambio estructural en su sistema judicial , donde prime el interés del justiciable y no de los profesionales que viven de las miserias de los ciudadanos; este padre y ciudadano tiene razón, mi cariño y solidaridad ante su dolor y sufrimiento.
Juan José Cortés: “Hemos dejado de creer en la Justicia; la decisión del CGPJ indigna a España entera”
Actualizado 11/09/2008 11:44h
El CGPJ ha optado por sancionar con 1.500 euros al juez Tirado, responsable de que el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés estuviera en la calle. El padre de la pequeña asegura que es una decisión “indignante”
-¿Cómo han recibido la noticia?-Es indignante. Para nosotros ha sido un golpe tremendo que nos ha dejado sin confianza y sin esperanza. Hemos dejado de confiar en la Justicia, pero no sólo nosotros, sino todos los españoles.
-Su padre, Juan Cortés, ha anunciado su disposición a encadenarse al Congreso e iniciar una huelga de hambre. ¿Tienen fuerzas para iniciar una nueva campaña?-Ahora estamos sin palabras y no sabemos si vamos a hacer algo, porque no lo hemos pensado aún. Esperaremos a ver qué hace la fiscalía.
-¿Confían en que la fiscalía recurra?-Espero que se pueda rectificar y que la Fiscalía recurra, pero también espero que un nuevo Consejo General del Poder Judicial lave la imagen que ha dejado éste.
-¿Qué cree que ha sucedido para que el Consejo haya tomado esta decisión?-Creo que al final se ha impuesto el corporativismo y la amistad entre determinados jueces

Proyecto de Ley que regula la contratacion de préstamos o créditos hipotecarios.


El pasado 18 de julio de 2008, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley por el que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. Esta propuesta normativa supone una novedad en el ordenamiento jurídico español, ya que es la primera vez que se regulará la actividad de entidades no financieras que ofertan créditos. Esto supondrá una garantía para los consumidores y para aquellas empresas que cumplan todos los requisitos que se establecen en el texto, una vez sea aprobada la Ley. Concretamente, la nueva regulación, que será debatida en el Parlamento, fija las obligaciones de transparencia y garantías de información que han de cumplir las entidades que se dedican a la actividad de concesión de créditos hipotecarios o a la intermediación y asesoramiento para la celebración de contratos de préstamo y crédito. El Proyecto, en los aspectos relativos a las actividades de intermediación y asesoramiento, afecta a gran número de empresas particulares: las denominadas entidades de mediación de créditos. Estas empresas no son entidades financieras y, por tanto, no están sometidas a la regulación vigente para este tipo de entidades ni a la supervisión del Banco de España, sino al marco de la legislación general de protección de los consumidores. PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
En concreto, se trata de aumentar la protección de los consumidores en la contratación de dos tipos de productos que tienen una amplia repercusión social:
Los créditos hipotecarios concedidos por este tipo de empresas
Los que se conocen comúnmente como de agrupación o reunificación de deudas.
A pesar de tratarse de un sector de actividad de importancia creciente en nuestra economía, la normativa actualmente aplicable resulta fragmentaria e incompleta y se refiere fundamentalmente a las entidades de crédito convencionales.
Esta particularidad, puesta de manifiesto por las autoridades de consumo y por las organizaciones de consumidores y usuarios, llevó al Senado, en su pleno del 27 de febrero de 2007 a aprobar una moción que instaba al Gobierno a impulsar una normativa que completase el marco regulador.
En cumplimiento de este mandato, el Gobierno, tras el preceptivo trámite de audiencia, ha aprobado este proyecto de ley cuya finalidad última es proteger al consumidor asegurándole en todo momento un conocimiento pleno de los términos en que se realiza cada operación para que pueda adoptar libremente sus decisiones.
En consecuencia, el texto regula los requisitos que han de cumplir ciertos productos (crédito hipotecario e intermediación, en particular en la reunificación de deudas) para que sean similares, independientemente de la entidad que los oferta.
Aspectos relevantes de esta nueva regulación son:
La ampliación de las obligaciones de transparencia de las entidades dedicadas profesionalmente a esta actividad.
El establecimiento de los requisitos de los contratos y el incremento de las garantías.
El establecimiento de las actuaciones en casos de incumplimiento.
El establecimiento de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos.
MÁS INFORMACIÓN ANTES DEL CONTRATO
En cuanto a transparencia, el anteproyecto precisa la información precontractual que debe ofrecerse al cliente, al cual se le debe facilitar el contenido mínimo de los contratos al menos 15 días antes de su firma.
Asimismo, se informará de las principales características de los contratos y del precio total que debe pagar el consumidor, en el que deberán estar incluidos todas las comisiones, cargas y gastos.
Además, para el caso de que se proponga la agrupación de varios créditos en uno sólo, deberá informarse de la tasa anual equivalente (TAE) y de las características esenciales del crédito propuesto.
En las comunicaciones comerciales en las que la empresa se ofrezca como intermediaria para la celebración de contratos o préstamos se deberá indicar de forma expresa e inequívoca que la actividad que se promociona es de intermediación.
TRANSPARENCIA EN LOS PRECIOS
La transparencia en relación a precios implicará que, aunque existe libertad de tarifas y comisiones con las limitaciones legales de general aplicación, no se podrán cargar cantidades superiores a las que deriven de las tarifas correspondientes. Las comisiones responderán a servicios efectivamente prestados o a gastos ocasionados y se exigirá que las tarifas se recojan en un folleto.
Se establece la obligación de que las empresas dispongan de un tablón de anuncios en los establecimientos abiertos al público, con un contenido mínimo determinado en el texto y referido a toda la información relevante para el consumidor.
Y en el caso de que la comunicación comercial se refiera a la agrupación de distintos préstamos o créditos en uno solo, deberá de facilitarse de forma clara, concisa y destacada cualquier tipo de gastos relacionados con la citada agrupación.
REQUISITOS DE LOS CONTRATOS
Por lo que se refiere a los requisitos de los contratos que instrumenten las operaciones que son objeto de regulación, se exige que sean por escrito con un determinado contenido mínimo.
Además, como garantía para el cliente, se extienden a todas las empresas -y no sólo a las entidades de crédito como ocurría hasta ahora- las exigencias relativas a las escrituras públicas en que se formalicen los préstamos hipotecarios y los índices o tipos de referencia.
Estos requisitos de contenidos de los contratos afectan también a las obligaciones adicionales impuestas en la concesión de préstamos hipotecarios.
Así, por ejemplo, en los supuestos en los que la empresa efectúe la tasación del inmueble u otro servicio que sea por cuenta del consumidor, deberá indicar la identidad de los profesionales seleccionados al efecto; y si el servicio es prestado por la empresa, deberá suministrar, además, las tarifas de honorarios aplicables.
GARANTÍAS PARA EL CONSUMIDOR
Otra novedad de la norma es el incremento de garantías en beneficio del consumidor.
A tal efecto, y en cumplimiento de la moción aprobada en el Senado, se prevé la creación de un Registro Público Estatal de empresas dedicadas a las actividades reguladas en este anteproyecto, que se nutrirá de manera fundamental de los registros similares que las Comunidades Autónomas, autoridades competentes en materia de consumo, decidan crear con ese fin.
La inscripción en el registro será requisito imprescindible para que estas empresas puedan operar válidamente.
Paralelamente, se exigirá que las empresas distintas de las entidades de crédito que realicen la actividad que se regula suscriban un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera adecuada contratada con entidad autorizada, que cubra las responsabilidades en que pudieran incurrir frente a los consumidores.
Además, el proyecto prevé específicamente el derecho de desistimiento en los contratos de intermediación: se establece que deberá otorgarse al consumidor un derecho de desistimiento en los 14 días naturales siguientes a la formalización del contrato sin alegación de causa alguna y sin penalización.
INCUMPLIMIENTOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Se incluye un régimen de infracciones y sanciones, se da cobertura a la resolución extrajudicial de conflictos, particularmente al arbitraje de consumo, y se regulan las acciones de cesación.

La ética de los grandes ejecutivos

La ética de los 'grandes' ejecutivos
GUILLERMO VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES - Barcelona - 18/09/2008

Lehman Brothers, el cuarto banco de negocios de EE UU, ha caído. Pero su presidente, Richard Fuld, y el resto de responsables del banco han cobrado en los últimos años cantidades ingentes e inmorales de dinero en forma de bonus por los resultados obtenidos en una carrera desbocada hacia la nada. Y como ellos, muchos otros responsables de las empresas del mal llamado capitalismo popular.
Además, este dinero lo han conseguido con toda impunidad y nulo riesgo personal, ya que el capital no era suyo. Si tuvieran el más mínimo principio ético, devolverían esos miles de millones a la compañía para resarcir mínimamente el mal causado. Pero no lo van a hacer, eso, por desgracia, lo sabemos todos. Las instituciones públicas americanas y europeas, que se están gastando el dinero de todos para corregir la avaricia de unos pocos, tienen la obligación de corregir este error, y éste es el momento.
Que sean valientes y legislen para que aquellas empresas en las que los ejecutivos no tienen (no confundir con controlar) la totalidad del capital: 1. Tengan la obligación de devolver los bonus cobrados por resultados en los ejercicios anteriores si la compañía entrase en pérdida, se halle donde se halle el ejecutivo que la provocó. 2. Que exijan a estos responsables seguros por las mismas cantidades que tan alegremente se regalan cuando no tienen ni el 1% del capital. 3. Que regulen las cantidades máximas a cobrar por los ejecutivos que no arriesgan su dinero sino el de terceras personas. 4. Si no cumplen con esos mínimos, que se les prohíba cotizar en Bolsa y acceder a la financiación popular y pública. Éste es el momento de hacerlo, y con efectos retroactivos, al fin y al cabo, esos aprendices de brujo han estado a punto de cargarse el sistema financiero occidental.
Pero mucho me temo que nadie tendrá el valor de desear un mundo más ético

Expropiaciones encubiertas por medio de la Ley de Costas

Los populares creen que hay expropiaciones encubiertas
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María José Caride, responsable de Política Territorial, aseguró ayer que los deslindes en la costa que lleva a cabo el Ministerio de Medio Ambiente permitirán establecer con exactitud los límites del dominio público marítimo terrestre, algo imprescindible, a su juicio, para que los concellos puedan abordar sus planificaciones urbanísticas. "Estas tareas de deslinde no han terminado, hay que completarlas", apuntó la conselleira, para quien es fundamental conocer la franja de litoral protegible. La conselleira recordó que esta tarea es una de las exigencias contenidas en la Ley de Costas de 1988 y aseguró que muchos usos de carácter privado no con coherentes con la normativa. Caride se mostró partidaria, no obstante, de examinar puntualmente cada caso.
La visión es distinta para el partido de la oposición. Manuel Ruiz Rivas cargó contra la aplicación de la Ley de Costas. A su juicio, los deslindes están encubriendo expropiaciones encubiertas, ya que las viviendas o construcciones que sean declaradas como parte del dominio público marítimo terrestre pasan a ser de titularidad estatal, aunque los propietarios pueden seguir en ellas por treinta años, en régimen de concesión.
El PPdeG insistirá en la necesidad de reformar la Ley de Costas, ya que en su redacción actual coloca "en el filo de la navaja" a miles de propietarios del litoral gallegos, en especial en Marín, Vilaboa, Illa de Arousa, Ribeira, Porto do Son, Malpica, Cee, Corcubión, Ponteceso, Fisterra, Moaña o Cabanas.
Ruiz Rivas lamentó, además, que ni PSdeG ni BNG se hubiesen mostrado receptivos a su propuesta de inicios de esta legislatura, en la que pedían modificar la ley, reconociendo como urbanos los núcleos tradicionales preexistentes. Rivas recordó que la Xunta del PP había aprobado un decreto de la Consellería de Pesca en esta dirección, pero fue recurrido por el Gobierno de Zapatero ante el Constitucional. Sobre este decreto, precisamente, debatieron en la Cámara el director de Urbanismo y el ex conselleiro López Veiga