3 feb. 2010

Josman relata sus memorias.

Cayo Lara (IU)
En las primeras elecciones democráticas, asistí a un mitin con mi padre, hablaba Santiago Carrillo, y le dije a mi padre: Papá que bien ha hablado, y cuántas verdades ha dicho. Mi padre me contestó, "Es que este nunca canta en bastos" interpreté que quería decir que no iba a ganar las elecciones y por ello, podía decir la verdad. No cantar era no gobernar...
Eso le pasa a Cayo Lara, es el que dice más verdades, ¿pero gobernará en 2012?



Silva el tren, ¡peligro!

habla Zapatero, ¡cuidado!

lo hace Rajoy, ¡échate a un lado!


¿Y estos aman al pueblo?

mejor silencio, callaros...

Cuando el perro ladra

siempre esconde algún pecado.


Sube el pan y la aceite...

Y el perro de mi huerto

siempre ladra a los gatos,

uno por hueso de más

otros, raspa de pescado...


Habla Cayo Lara,

¡escuchemos y aprendamos,

siempre dice la verdad

el que nunca canta en bastos!


José Manuel García García (JOSMAN)


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Publicado por JOSMAN. para
JOSMAN el 2/03/2010 09:24:00 AM

La Banca y el PSOE, un matrimonio bien avenido, Vivan los trabajadores.


Zapatero con la banca en Moncloa.

No nos merecemos la banca ni el Gobierno que tenemos

Viva la banca... y el PSOE

A los españolitos de a pie no le perdonan ni un céntimo

Javier Nart, 02 de febrero de 2010 a las 12:41
¿Aún hay alguien que tenga la desvergüenza de señalar a nuestra banca con dedo acusador?Emiliootín.

Tenemos una banca que no nos merecemos. Amable y comprensiva que nos quiere como una madre. Érase que se era un cliente al que se le concedió por una entidad bancaria un crédito.

Llegado su vencimiento, hace 15 años, quedó una parte sustancial pendiente de pago, 2,5 millones de euros, cantidad que, con sus intereses, alcanzaba la cifra de 6,7 millones. Desde entonces no se pagó ni un céntimo de euro. Desaparecido el delito de usura (la llamada “Ley Azcárate”), la banca en toda impunidad puede aplicarle al españolito de a pie razonables intereses de hasta el 25%. Aquí eran sólo del 19%.

Pues bien, nuestra caritativa banca decidió no sólo rebajar el 80% de los intereses de la deuda hasta el año 1999, ¡¡sino todos los intereses desde esa fecha hasta la actualidad!! ¿Aún hay alguien que tenga la desvergüenza de señalar a nuestra banca con dedo acusador? ¿No es ésta una conducta ejemplar, digna de nuestra admiración y alabanza? Lamentablemente este es un caso aislado. No se repite con frecuencia.

Solamente en casos contados y aplicable a deudores exquisitos merecedores de toda consideración: al Partido que se dice Socialista y Obrero, siendo ciertamente Español. Porque a usted y a mí, y al lucero del alba, la banca aplica con rigor cartesiano, con fría determinación los intereses pactados.

Me refiero a los del 19 (o 25%). Justa penitencia al pecado. Pero claro, hay diferencias. Los españolitos de a pie no contamos con un argumento definitivo: el Boletín Oficial del Estado. A propósito, ¿se han preguntado ustedes por qué razón la banca no cuenta con limitación alguna para establecer sus comisiones de gestión o sus intereses de demora? Pongamos un ejemplo: un amigo mío solicitó un cheque bancario de 100.000 euros contra su propia cuenta corriente. Por 15 segundos de trabajo del funcionario de la banca le cargaron 400 euros. No nos merecemos la banca que tenemos. Ni tampoco al Gobierno.

NOTA. Este artículo fue originalmente publicado en La Gaceta.

Publicado el reconocimiento a los UMEDOS del ejército.

Ya era hora, tarde pero ha llegado el reconocimiento a los UMEDOS del ejército, ahora toca con los UMEDOS de la Guardia Civil y el cumplimiento de la Proposición No de Ley aprobada el 30 de Septiembre del año pasado 2009, que está vagando en el cajón en la DGGC, la justicia debe ser rápida e inmediata ,sino, sólo son parches y claros oportunismos políticos que no reparan heridas.

Reconocimiento a los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD).


Orden 431/01548/10

El 1 de abril de 2009 la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, por la que se instaba al Gobierno a iniciar las actuaciones necesarias para rendir homenaje a los militares que colaboraron decididamente en el proceso de evolución hacia un régimen democrático en España con especial reconocimiento a aquellos que en defensa de esos ideales arriesgaron su carrera y promoción profesional e incluso su libertad personal como miembros de la Unión Militar Democrática (UMD) y a hacer públicos con precisión sus sacrificios personales y profesionales.

Para dar cumplimiento a la proposición no de ley, el 4 de diciembre del 2009 el Consejo de Ministros aprobó una declaración institucional de reconocimiento a miembros de las Fuerzas Armadas en la transición a la democracia con especial mención a la Unión Militar Democrática (UMD). Por todo ello para hacer visible la especial mención a los miembros pertenecientes a la UMD.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el personal a continuación relacionado, se le concede las recompensas militares que para cada uno se expresan.


Los colegios profesionales no son los únicos en el mercado, deben adaptase si quiere sobrevivir al espacio económico global

Reproduzco un artículo corto y resumido de los cambios que se avecinan en España, debido a la adaptación a la directiva 2006-123-CEE, que por imperativo legal y aplazando hasta el último minuto aprobó en Noviembre diciembre nuestra administración , normas conocidas como Ley Paraguas y Ley Omnibus. Siempre pensé, y especialmente desde que se aprobó la reforma de Bolonia --1999- que el mercado no puede estar monopolizado y que un título no hace una profesión , sino que puede hacer muchas y en ese sentido trabajé desde mi puesto de responsabilidad como cabeza visible en el consejo de Gobierno de la UNED desde que fui elegido; logrando gracias a la colaboración de los órganos rectores que se apoye el saber hacer, no sólo el saber, y que se otorguen los títulos de especialistas universitarios con capacitación profesional. -- Como se viene haciendo en la actualidad con el INCUAL--. Esta reforma es vital y se apoya en la selección de los más aptos, en las teorías de la evolución y de la mejora y de la libre competencia, no se puede admitir que para restringir derechos humanos y fundamentales , nos apoyemos en nuestras titulaciones universitarias, para vapulear o robar a nuestros clientes, que además reciben un servicio en muchísimos casos carentes de los más elementales grafismos de profesionalismo. Como ejemplo multitud de casos que van a ser vapuleados en breve al no tener un bien jurídico superior a proteger, salvo hacer adinerados a los de siempre: Administraciones de loterías, taxistas, autoescuelas, Cursos de reeducación y recuperación por puntos, farmacias, Procuradores, Abogados, Visados, Estancos, etc. tantos y tantos ejemplos que por el mero hecho de ampararse en leyes incompetentes e inconstitucionales nos alejan de progreso y de la competencia en el marco de la excelencia que el mercado global nos impone y nos exige.

COMPETENCIA Y SERVICIOS PROFESIONALES

LUIS BERENGUER FUSTER. Pte del Tribunal Defensa Competencia de España


La Directiva fue aprobada limando algunas de sus aristas más problemáticas (de forma acertada en su no aplicación a los derechos sociales, si bien no puede decirse tanto en las exclusiones de otros servicios, verbigracia en el sector de las farmacias) y antes de final de año deberían adaptarse las legislaciones nacionales. Y, lógicamente, los lobbies de quienes veían en peligro sus privilegios se han puesto a cabalgar de nuevo, arrastrando extrañamente opiniones que uno podía pensar más ecuánimes o, mejor dicho, más preocupadas por el interés general que por los intereses de unos pocos.
Pero en cualquier caso el debate siempre es positivo y servirá para poner a cada uno en su sitio, para que los ciudadanos conozcan cuales son los efectos de cada reforma, de cada modificación legislativa. Vaya como ejemplo que recientemente han aparecido en estas páginas varios artículos referidos a los cambios que deben afrontar las profesiones colegiadas y los Colegios Profesionales ante dicha transposición de la Directiva de Servicios. Es éste un debate fundamental por la importancia de este sector en la economía española, y que no sólo debe preocupar a los profesionales afectados, sino que interesa a todos los usuarios, reales o potenciales, de los servicios profesionales. Es decir a todos.
Me gustaría empezar señalando los límites del debate planteado. En primer lugar, lo que tenemos que tener en mente no es la preocupación y los intereses de los operadores económicos y colectivos que dominan en ciertos sectores a día de hoy. Lo que deberíamos pensar es cuál es la mejor regulación de esos sectores para lograr que haya mejores servicios y más baratos para los consumidores y que, al mismo tiempo, aumente la actividad económica y se cree más empleo (éstos son, en definitiva, los beneficios de la competencia). Está claro que siempre encontraremos resistencias de los colectivos que gozan ahora de una situación privilegiada: a ellos sólo cabe ofrecerles una transición más o menos organizada hacia un entorno de mayor competencia que, a largo plazo, es inevitable.
En segundo lugar, no se trata de discutir sobre si los Colegios Profesionales deben o no seguir existiendo. La discusión básica es sobre los requisitos de acceso a determinadas profesiones y si la colegiación ha de ser obligatoria para ejercerlas o no. Es preciso romper con la unión automática de una profesión y un título. Sin perjuicio de que, en algunos casos, el interés general pueda justificar que una determinada profesión sólo sea ejercida por los poseedores de una titulación concreta, no debe ser ese el caso general, sino la excepción; de tal forma que se permita que profesionales con titulaciones diversas puedan competir en el mismo mercado.
Sólo en el caso, pues, de que razones de peso de interés general justifiquen la limitación de acceso a una determinada profesión, ésta tendrá razón de ser. Introducir barreras artificiales va contra la competencia, contra lo dispuesto en la Directiva de Servicios y, más en general, en contra del espíritu de nuestro tiempo. Y lo que es más importante: acaba perjudicando a los usuarios de esos servicios, es decir, a todos nosotros. Y me gustaría ilustrar con ejemplos concretos lo que quiero decir.
En una ocasión, en Extremadura, la apertura de una joyería tuvo que retrasarse casi dos años hasta que los Tribunales sentenciaron que el decorador era un profesional competente para firmar el proyecto de reforma del escaparte, porque el Ayuntamiento del lugar consideraba que debía estar firmado por un aparejador y no por un decorador (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 12 de septiembre de 2002).
Los Colegios de Ingenieros Industriales y el de Ingenieros de Telecomunicaciones llegaron hasta el Tribunal Supremo tratando de atribuirse en exclusiva la firma del proyecto de instalación de antenas de la TDT. Finalmente, el Tribunal afirmó que cualquier ingeniero puede firmar el proyecto de instalación de antenas de TDT (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2007).
Los Colegios de Ingenieros de Caminos consideraban, por su parte, que un proyecto de instalación de una gasolinera debería ir firmado por un ingeniero de caminos, canales y puertos (superior) o bien por cuatro ingenieros técnicos de obras públicas, uno por especialidad: uno de obras hidráulicas, otro de tráfico, otro de obras civiles, y otro de comunicación y transporte. Llegaron hasta el Tribunal Supremo para tratar de atribuirse en exclusiva la firma de estos proyectos. El Tribunal falló, sin embargo, que cualquiera de ellos (el superior o el técnico) puede firmar estos proyectos (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2000).
Sobre estos variados temas ha informado la Comisión Nacional de la Competencia ocasionando no pocas reacciones contrarias por parte de representantes de algunos (que no de todos pues hemos encontrado un buen número de adhesiones; también entre Colegios Profesionales) Colegios. Pero algunas de estas reacciones ponen de manifiesto lo que se encuentra detrás. El Presidente de un Consejo Superior de Colegios de Ingenieros, ante nuestras propuestas de eliminar la recomendación de honorarios y los visados porque encarecían los servicios, se permitió comentar en la prensa: "Si no es obligatorio el visado y no podemos aprobar tarifas, ¿de qué vamos a vivir?". Más claro, agua.
Estos ejemplos sirven para ilustrar el sinsentido de estas compartimentaciones artificiales o del mantenimiento de trámites que sólo sirven para retrasar y encarecer los servicios y que somos todos nosotros los que acabamos padeciendo estas rigideces, por medio de un servicio peor y unos precios más caros que si hubiera competencia entre los mejores profesionales para la prestación de servicios profesionales

La falta de Inteligencia de nuestro Gobierno y el cotinuo coqueteo con Josu Ternera superará el esperpento del GAL.

IMPUTADOS DOS ALTOS CARGOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

El PP y oficiales de la Guardia Civil serán acusación conjunta en el 'chivatazo' a ETA

El PP y oficiales de la Guardia Civil serán acusación conjunta en el 'chivatazo' a ETA


El Partido Popular ha conseguido su objetivo y podrá ejercer la acusación popular en el caso del ‘chivatazo’ a ETA, que los populares han convertido en casus beli contra el Gobierno en el arranque del nuevo periodo de sesiones. Los populares tendrán que compartir la acusación con la Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil, una asociación profesional de la escala de oficiales con representación en el Consejo de la Benemérita. Esta acusación conjunta se suma a las acciones populares que desde hace más de tres años ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia.

La dirección letrada le corresponde desde esta semana el abogado Guillermo Regalado, en representación del PP. Alicia Martín, la procuradora, ha sido designada por la UO. Un portavoz oficial de la Benemérita manifestó a este diario que es perfectamente compatible la personación de dicha organización profesional en la causa, pese a que en la misma están imputados el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies. La UO asegura que su intención exclusiva es “defender el honor e integridad de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado" y afirma que el 'chivatazo' "no es cuestión entre partidos, sino un auténtico asunto de Estado". El problema es que entre los sospechosos del mismo están altos cargos del departamento y del Cuerpo "hermano".

Munición contra el Gobierno

La personación del PP en la causa le permite tener acceso a toda la instrucción, salvo la documentación que el juez mantiene ‘secreta’ en una pieza separada que alude a la conexión entre ‘el chivatazo’ y el último proceso negociador con ETA. El contenido del sumario dará abundante munición al principal partido de la oposición para atacar al Gobierno de Rodríguez Zapatero y, en particular, a su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, su particular bestia negra.

El PP y la UO aspiraban a ejercer la acción popular de forma independiente, pero el juez Baltasar Garzón se opuso a ello y les invitó a sumarse a Dignidad y Justicia o la AVT. La personación de una tercera acusación ha causado sorpresa por el momento en el que se produce, casi cuatro años después del ‘chivatazo’, y cuando el fiscal de la causa había reclamado el archivo de la misma y el magistrado debía decidir sobre la misma o continuar con la investigación. El recurso de apelación fue resuelto la pasada semana por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que aceptó la personación de ambos pero bajo una misma dirección letrada.

La nueva acusación ha reclamado al juez, entre otras pruebas, los informes policiales relativos al número de teléfono 6481XX190, que era utilizado por García Hidalgo y vincula el ‘chivatazo’ con la negociación con ETA durante el frustrado proceso de paz. También ha solicitado que se facilite la respuesta que el Ministerio del Interior dio a la comisión rogatoria 21/2007 cursada por la jueza francesa Laurence Levert para identificar al titular del citado móvil.

Nuestra casta política que sirve al ciudadano todavía está cobrando y de vacaciones de Navidad.

LOS DIPUTADOS SE REINCORPORAN LA SEMANA QUE VIENE, TRAS 48 DÍAS DE DESCANSO

Todavía es Navidad en el Congreso: el prometido recorte de las vacaciones cae en el olvido


Todavía es Navidad en el Congreso: el prometido recorte de las vacaciones cae en el olvido

Imagen del hemiciclo del Congreso casi vacío (Efe).

El PSOE y el PP se comprometieron hace ahora un año a estudiar cómo recortar las vacaciones parlamentarias y ampliar los periodos de sesiones del Congreso. Pero su promesa ha caído en el más absoluto olvido. Los 350 diputados de la Cámara Baja no volverán a ocupar sus escaños en la Carrera de San Jerónimo hasta el próximo 9 de febrero. Para entonces, la inmensa mayoría de ellos habrá disfrutado de 48 días de vacaciones navideñas, ya que el último pleno se celebró el pasado 22 de diciembre, cuando se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado.

El 25 de febrero del pasado año, y ante la creciente presión de la opinión pública y los medios de comunicación por las privilegiadas vacaciones de los diputados y las habituales escenas de un hemiciclo semivacío, la Junta de Portavoces se comprometió a encargar un informe a los servicios jurídicos del Congreso para abordar la ampliación de la actividad de la Cámara a enero y julio, considerados meses inhábiles. Pero ese informe, según confirmaron ayer a El Confidencial fuentes parlamentarias solventes, ni siquiera llegó a solicitarse. Y ningún grupo parlamentario ha demostrado desde entonces el menor interés en resucitar tan incómodo asunto.

La falta de voluntad política para emprender esa reforma es más que patente. La Presidencia del Congreso, el PSOE y el PP no supieron explicar ayer a este periódico si el mencionado informe había sido ya redactado o aún era objeto de estudio por parte de los servicios jurídicos. Ni siquiera sabían que no llegó a encargarse porque la Junta de Portavoces olvidó trasladar su acuerdo a la Mesa -el órgano de gobierno que preside José Bono- para que tramitase la petición.

Reforma constitucional o cambio del reglamento

Los servicios jurídicos debían determinar si para ampliar el periodo de actividad del Congreso era necesario modificar la Constitución o bastaba con reformar el reglamento de la Cámara. El artículo 73 de la Carta Magna fija dos periodos ordinarios de sesiones al año: el primero de febrero a junio y el segundo de septiembre a diciembre. El principal obstáculo para la reforma constitucional es que, cuando menos, requiere el apoyo de los dos grandes partidos -PSOE y PP-, ya que es imprescindible una mayoría de tres quintos para que salga adelante.

En cuanto al anquilosado reglamento del Congreso -que desarrolla fielmente lo estipulado en la Constitución-, lo cierto es que todos los gobiernos, desde Felipe González, se han comprometido a cambiarlo, pero ninguno se ha atrevido jamás a hacerlo.

Una semana antes de que la Junta de Portavoces acordase que los servicios jurídicos elaborasen ese informe fantasma, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que su grupo parlamentario estaba estudiando "seriamente" plantear una reforma de la Constitución para que los meses de enero y junio sean periodos ordinarios de trabajo y puedan convocarse sesiones plenarias. Sáenz de Santamaría argumentó, entre otras razones, que los continuos paréntesis en la actividad de la Cámara impedían a la oposición ejercer su labor de control del Gobierno.

Sin embargo, los socialistas nunca recogieron el guante de la reforma constitucional lanzado hace un año por los populares, y éstos no han vuelto a desempolvar su propuesta. Los grupos minoritarios del Congreso tampoco han presentado ninguna iniciativa para acortar las vacaciones parlamentarias.

El portavoz del PSOE en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, también apoyó el pasado año que los servicios jurídicos del Congreso estudiasen cuál es la alternativa más viable para alargar los periodos de sesiones. Alonso se mostró reticente a una reforma de la Constitución, y dijo que era más partidario de cambiar el reglamento del hemiciclo para reforzar el papel de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los meses inhábiles. Pero los socialistas ya no han vuelto a airear esa El confidenciál.