27 ene. 2013


 Estalla el "caso Filesa"


A finales de mayo de 1991 reventó uno de los mayores escándalos de la historia política española. Varios bancos y empresas pagaron cientos de millones de pesetas a pequeñas sociedades, relacionadas con la financiación del PSOE, a cuenta de unos estudios que jamás se realizaron.

L. Ramírez. Madrid

Hace ya catorce años, el PSOE se vió afectado por uno de los escándalos financieros más sonados de la historia política nacional: el "caso Filesa". La noticia saltó el 29 de mayo de 1991, cuando varios medios de comunicación acusaron al PSOE de financiación irregular a través de las empresas Filesa, Malesa y Time Export. 

Entre 1988 y 1990, estas sociedades cobraron cientos de millones de pesetas, en concepto de estudios de asesoramiento, a destacados bancos y empresas, informes que nunca llegaron a realizarse. Estos fondos fueron empleados, supuestamente, para financiar el coste del referéndum de la OTAN en 1996, y en la campaña electoral del PSOE en 1989.

Entre las personas implicadas en estas operaciones ilegales de obtención de fondos se encontraban el senador socialista y diputado autonómico, Josep María Sala, el diputado del PSOE por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del partido, Guillermo Galeote.

Además, fueron procesados los gestores de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, los empresarios Eugenio Marín y Francisco Molina, así como la secretaria de Finanzas del PSOE, Aida Álvarez y su marido, Miguel Molledo.

Los principales partidos políticos no pusieron el grito en el cielo por la oscuridad que siempre ha caracterizado a la búsqueda de fondos para financiar campañas electorales, circunstancia que ha provocado promesas de los políticos, cuyo cumplimiento ha sido nulo en la historia de España.

Condenados e indultados
El caso llegó al Tribunal Supremo, que dictó sentencia el 28 de octubre de 1997. Ocho personas fueron condenadas por esta trama, que servía como una tapadera para ingresar dinero en las arcas del PSC y, por ende, en las cuentas del PSOE. 

En el juicio tuvieron que prestar declaración el ex presidente del Gobierno Felipe González y el ex vicepresidente Alfonso Guerra.

El senador socialista Josep María Sala fue condenado, por asociación ilícita y falsedad en documento mercantil, a una pena de tres años de prisión, así como a una multa de 350.000 pesetas. Tras permanecer 25 días en la cárcel barcelonesa de Can Brians, Sala fue puesto en libertad provisional mientras se tramitaba el recurso de amparo presentado contra la sentencia. 

Finalmente, se anuló la condena por falsedad en documento mercantil, y la pena total se situó en dos años de prisión. En septiembre de 2004, Sala regresó a la dirección del PSC.

Por su parte, al diputado Carlos Navarro y a los responsables de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, el Supremo les condenó a penas de 11 años de prisión a cada uno, aunque no llegaron a cumplirlas de forma íntegra, ya que obtuvieron en diciembre del año 2000 un indulto parcial, concedido por el Ejecutivo de José María Aznar, de tal forma que se redujeron a la mitad las condenas que hoy ya están extinguidas. En aquel momento, los tres disfrutaban del tercer grado penitenciario.

Aquel indulto se extendió a un total de 1.443 condenados y fue el de mayor peso político concedido por un Gobierno desde la Transición. El resto de procesados en el "caso Filesa" pagaron multas y cumplieron penas menores.

El PSC y La Caixa
En noviembre de 2005, la financiación de los partidos políticos volvió a la actualidad, después de que se conociera que el PSC había conseguido que La Caixa le condonara el 45% de la deuda vencida que arrastraba desde 1994. En total, se trataba de 6,57 millones de euros perdonados. El resto (7,81 millones) fue renegociado, con un tipo de interés tres veces inferior al aplicable en 1994.

El PP ha reclamado al partido catalán que pague la deuda y que dimita su líder político, el primer secretario del PSC y ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, ha declarado que "no hay nada que ocultar", ya que "no ha negociado ni firmado crédito alguno". 

Sin embargo, el Tribunal del Cuentas asegura que "el partido no aporta la documentación acreditativa correspondiente del acuerdo alcanzado con la entidad financiera a finales de 2004". Fuentes del sector financiero aseguran que "las condonaciones a los partidos políticos han sido y son normales en España".


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