Estalla el "caso Filesa"
A finales de mayo de 1991 reventó uno de los mayores
escándalos de la historia política española. Varios bancos y empresas
pagaron cientos de millones de pesetas a pequeñas sociedades,
relacionadas con la financiación del PSOE, a cuenta de unos estudios que
jamás se realizaron.
L. Ramírez. Madrid
Hace ya catorce años, el PSOE se vió afectado por uno
de los escándalos financieros más sonados de la historia política
nacional: el "caso Filesa".
La noticia saltó el 29 de mayo de 1991, cuando varios medios de
comunicación acusaron al PSOE de financiación irregular a través de las
empresas Filesa, Malesa y Time Export.
Entre 1988 y 1990, estas sociedades cobraron cientos de millones de
pesetas, en concepto de estudios de asesoramiento, a destacados bancos y
empresas, informes que nunca llegaron a realizarse. Estos fondos fueron
empleados, supuestamente, para financiar el coste del referéndum de la
OTAN en 1996, y en la campaña electoral del PSOE en 1989.
Entre las personas implicadas en estas operaciones ilegales de obtención
de fondos se encontraban el senador socialista y diputado autonómico, Josep María Sala, el diputado del PSOE por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del partido, Guillermo Galeote.
Además, fueron procesados los gestores de Filesa, Luis Oliveró y Alberto
Flores, los empresarios Eugenio Marín y Francisco Molina, así como la
secretaria de Finanzas del PSOE, Aida Álvarez y su marido, Miguel
Molledo.
Los principales partidos políticos no pusieron el grito en el cielo por
la oscuridad que siempre ha caracterizado a la búsqueda de fondos para
financiar campañas electorales, circunstancia que ha provocado promesas
de los políticos, cuyo cumplimiento ha sido nulo en la historia de
España.
Condenados e indultados
El caso llegó al Tribunal Supremo, que dictó sentencia el 28 de octubre
de 1997. Ocho personas fueron condenadas por esta trama, que servía como
una tapadera para ingresar dinero en las arcas del PSC y, por ende, en
las cuentas del PSOE.
En el juicio tuvieron que prestar declaración el ex presidente del
Gobierno Felipe González y el ex vicepresidente Alfonso Guerra.
El senador socialista Josep María Sala fue condenado, por asociación
ilícita y falsedad en documento mercantil, a una pena de tres años de
prisión, así como a una multa de 350.000 pesetas. Tras permanecer 25
días en la cárcel barcelonesa de Can Brians, Sala fue puesto en libertad
provisional mientras se tramitaba el recurso de amparo presentado
contra la sentencia.
Finalmente, se anuló la condena por falsedad en documento mercantil, y
la pena total se situó en dos años de prisión. En septiembre de 2004,
Sala regresó a la dirección del PSC.
Por su parte, al diputado Carlos Navarro y a los responsables de Filesa, Luis
Oliveró y Alberto Flores, el Supremo les condenó a penas de 11 años de
prisión a cada uno, aunque no llegaron a cumplirlas de forma íntegra,
ya que obtuvieron en diciembre del año 2000 un indulto parcial,
concedido por el Ejecutivo de José María Aznar, de tal forma que se
redujeron a la mitad las condenas que hoy ya están extinguidas. En aquel
momento, los tres disfrutaban del tercer grado penitenciario.
Aquel indulto se extendió a un total de 1.443 condenados y fue el de
mayor peso político concedido por un Gobierno desde la Transición. El
resto de procesados en el "caso Filesa" pagaron multas y cumplieron
penas menores.
El PSC y La Caixa
En noviembre de 2005, la financiación de los partidos políticos volvió a
la actualidad, después de que se conociera que el PSC había conseguido
que La Caixa le condonara el 45% de la deuda vencida que arrastraba
desde 1994. En total, se trataba de 6,57 millones de euros perdonados.
El resto (7,81 millones) fue renegociado, con un tipo de interés tres
veces inferior al aplicable en 1994.
El PP ha reclamado al partido catalán que pague la deuda y que dimita su
líder político, el primer secretario del PSC y ministro de Industria,
Turismo y Comercio, José Montilla, ha declarado que "no hay nada que
ocultar", ya que "no ha negociado ni firmado crédito alguno".
Sin embargo, el Tribunal del Cuentas asegura que "el partido no aporta
la documentación acreditativa correspondiente del acuerdo alcanzado con
la entidad financiera a finales de 2004". Fuentes del sector financiero
aseguran que "las condonaciones a los partidos políticos han sido y son
normales en España".
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