11 oct. 2011


El PSOE presiona al Tribunal de Cuentas para que los ERE falsos no estallen en campaña


El fraude de los expedientes de regulación de empleo de la Junta de Andalucía planea sobre la campaña de Manuel Chaves en los comicios del 20 de noviembre y de José Antonio Griñánen las elecciones autonómicas andaluzas del próximo año. El Tribunal de Cuentas investiga el caso desde este verano y el PSOE maniobra a través de sus consejeros y la propia Junta de Andalucía para dilatar las indagaciones. Los socialistas intentan a toda costa que el máximo órgano fiscalizador del Estado no airee responsabilidades administrativas superiores -la juez Alaya trabaja ya en las imputaciones personales de ex cargos s ocialistas- al menos antes de los citados comicios.


De entrada, la admisión a trámite de la denuncia correspondiente, presentada por el PP a principios de mayo, tardó dos meses en realizarse. Los datos avalaban que se trataba de un posible ·perjuicio· a los fondos públicos, como acabó por reconocer el Tribunal de Cuentas. Las irregularidades abarcan la gestión durante ocho años (2001-2009) de 647,8 millones de euros en principio destinados a ayudar a empresas con problemas y sufragar recortes de plantilla mediante ERE. El Tribunal se declaró competente en la primera semana de julio ante el cúmulo de irregularidades contables del escándalo. El descaro con que se había hecho, sacando del procedimiento oficial la distribución de fondos, añadía argumentos para que el órgano fiscalizador del conjunto del Estado entrara en la materia.


La batalla interna se abrió inmediatamente, según reconocen en fuentes del Tribunal de Cuentas. La Junta de Andalucía quería nombrar instructor para el caso de los ERE, quería ocuparse de dirigir una investigación sobre lo que no quiso saber o conocía demasiado bien desde hace años. ·Hubiera sido como traer al zorro a cuidar de las gallinas·, añaden en los mismos medios. La Sección de Enjuiciamiento tuvo que imponerse y recordar que le correspondía por ley proponer un instructor a la comisión de gobierno del Tribunal. Al final se impuso su criterio y el instructor ·de la casa· trabaja ya en el caso.


El PSOE ya ha conseguido dilatar el arranque de unas indagaciones que, según los ritmos que sigue el Tribunal, podían durar entre cuatro y seis meses. El adelanto de las elecciones generales anunciado por Zapatero a finales de julio para convocarlas a finales de septiembre dificulta que el máximo órgano fiscalizador del Estado pueda establecer algún tipo de responsabilidad antes de los comicios de noviembre.


Chaves, aforado por si acaso


Manuel Chaves se iba a retirar de la política este año cuando terminara su mandato de vicepresidente tercero, cargo (al principio incluso sin competencias) inventado para él por el presidente del Gobierno para darle una salida de la Junta de Andalucía después de 20 años en el poder. Con 66 años y sus hijos perfectamente colocados en negocios de mediación y subvenciones (caso Matsa) según los escándalos conocidos esta legislatura, el presidente del PSOE decidió después entrar en las candidaturas para las próximas elecciones como cabeza de lista por Cádiz.


Para sentarse en el Congreso como mero diputado después de haber sido casi todo en política: ministro con Felipe Gonzalez, presidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente conZapatero. La oposición atribuyó el paso dado por Chaves como una decisión preventiva por lo que pudiera venirle de la acción ordinaria de los tribunales. Prefería seguir como aforado cuatro años para que cualquier imputación tuviera que pasar por el Tribunal Supremo.


El problema de Chaves con la investigación del Tribunal de Cuentas es que cualquier responsabilidad que pueda establecer por el escándalo, incluida la derivada de mover a la Fiscalía por posibles responsabilidades de tipo penal, estará referida a su mandato al frente de la Junta de Andalucía. La trama de subvenciones y la decisión previa de apartar del control ordinario a los fondos llamados ·de reptiles· para hacerlo por convenio a través del Instituto de Fomento de Andalucía se organizó desde la Consejer&iac ute;a correspondiente, pero nadie se cree que sin el permiso superior. Hay además varias advertencias oficiales y por escrito de los funcionarios en 2005 y 2007 sobre la irregularidad de base del procedimiento y Chaves en persona medió en las ayudas a una empresa, A Novo, beneficiaria de ERE fraudulento.
Si el PSOE logra que el Tribunal de Cuentas no cierre sus indagaciones antes del 20-N, es muy difícil que el caso no salte después. Chaves será ya diputado por Cádiz en diciembre, pero José Antonio Griñán estará en precampaña para las elecciones autonómicas andaluzas. Era consejero con Chaves en los mismos años de reparto de ·fondo de reptiles· desde el IFA.


El máximo órgano fiscalizador del Estado parte de la ventaja de tratar los mismos datos que dan base jurídica a la juez Alaya para imputar a los cargos de segunda fila de la Junta como el ex consejero Antonio Viera o el ex director general Javier Guerrero. El Tribunal estudia y recopila ya datos sobre los estados contables de las instituciones y sociedades afectadas por el caso, las ·deficiencias· en todos los procedimientos seguidos, la falta de concursos en las adjudicaciones (ninguno), la opacidad de los procesos y la inexistencia de ·trámites reglados·.


El mal ejemplo del ‘caso Seseña’ y Bono


Aparte del problema electoral, el PSOE se encontrará luego el obstáculo de una previsible nueva mayoría en las Cortes (el Tribunal de Cuentas depende de las Cortes). Una vez que el órgano fiscalizador emita el informe correspondiente sobre el caso de los ERE fraudulento lo remitirá al Congreso. Con los votos socialistas y la inasistencia de los nacionalistas José Bono se salvó el mes pasado de que las Cortes establecieran las responsabilidades de la Junta de Castilla-La Mancha bajo su mandato en el caso de El Pocero. Chaves y Griñán tendrán perdido a partir de enero ese recurso de que una mayoría parlamentaria les libre de las responsabilidades por despilfarro o mal uso de dinero público que investiga el órgano fiscalizador del Estado.