20 feb. 2009

No sólo un tal Bermejo caza en su finca privada, sino que desde él se llevan a cabo operaciones contra los ciudadanos.


Hemos denunciado la existencia de la Operación Columna y la gravedad de su continuidad y desarrollo, y nadie nos hizo caso, ahora ahí están las consecuencias, si los ciudadanos solicitamos pacíficamente nuestros derechos corremos el riesgo, de que de noche con alevosía y con dolo, antes de la llegada de la policía, lleguen los fotógrafos y la prensa y nos condenen de antemano; el estado , los grupos políticos toleraron el ataque primero contra los negros, ý como no eran negros no paso nada, luego contra los judios y como ellos no eran judíos tampoco pasó nada, luego contra los Guardias Civiles y como ellos no eran Guardias Civiles tampoco pasó nada, ahora se puede comprobar que esas actitudes eran puertas abiertas a un estado totalitario con apariencia democrática.

Dos inspectores de Malaya dimitieron por no dejarles investigar a ‘JAG’, el policía de Roca
Operación Malaya, Juan Antonio González, Juan Antonio Roca
@Luisa Casal .-
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Juan Antonio González (i). Efe.
No es la primera vez que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene que dar la cara por su hombre de máxima confianza, el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González (JAG). El miércoles le defendió de las peticiones de dimisión que le exigían desde las filas del PP en el parlamento. Dijo de él que era un "profesional honesto" y se negó a destituirle. Esta situación es parecida a la que vivió hace dos años en el seno interno de la misma Dirección General de Policía. Entonces, recomendaron a Rubalcaba que sustituyera a Juan Antonio González por el jefe Superior de Policía de Madrid, Enrique Barón, dado el malestar que había provocado la aparición de las siglas de JAG en la agenda de Juan Antonio Roca (ver noticia).

Desde Interior no sólo desoyeron estas voces internas a favor de Barón, sino que impidieron, según denunciaron desde diferentes sectores sindicales de la Policía, que se prosiguiera con la investigación en las unidades adscritas al caso. Como resultado, los máximos responsables policiales del Caso Malaya, dos inspectores del grupo III de Blanqueo, dimitieron en plena investigación del caso por las trabas que les estaban poniendo para “desvelar” lo que había detrás del alto mando policial “que cobraba cantidades millonarias por informar a Juan Antonio Roca”.

Cuando los dos agentes de la Udyco Costa del Sol presentaron la renuncia ante el juez Torres, éste no se opuso. Sin embargo, los mandos policiales de los que dependían no vieron con buenos ojos esa petición. Los sindicatos policiales aseguraron “que la falta de apoyo denunciada por los agentes era referente a la carencia de medios de los investigadores para poder llevar las pesquisas hasta mandos dentro de la policía, personajes relacionados con la Junta de Andalucía, así como a miembros de la Generalitat Valenciana, corporaciones locales de Alicante y Murcia, además de a primeras figuras del mundo del espectáculo”.


Ya en el mes de enero de 2007, responsables de Asuntos Internos trataron de verificar en base a los listados oficiales quién se escondía detrás de las iniciales JAG, tras la investigación abierta en la pieza separada de Malaya dictada por Torres por presuntos delitos de cohecho y revelación de secreto. En un auto fechado el 15 d enero de 2007, tal y como ya desveló El Confidencial, el juez Miguel Torres defendía a JAG como “una persona que conoce bien la estructura interna policial”. Prueba de ello es la información que Roca obtuvo del comisario marbellí que ocupó la sede policial antes de que se hiciera oficial su nombramiento.

En la información incautada sobre la contabilidad interna de Roca de la empresa Maras Asesores, se indica que “JAG se puso en contacto telefónico con Roca en diciembre de 2006”, un mes después de que el juez Torres abriera diligencias previas a Malaya. En su auto, el magistrado refleja textualmente que “dicho policía nacional pudo haber sido gratificado a cambio de facilitar información privilegiada sobre el procedimiento”. Dentro de la aportación que JAG hizo a Roca se detallaba, además del nombre del comisario Francisco García de Paula, el del Comisario Jefe de Udef que llevaría su caso, José Luis Oliveras, y el de otro responsable de seguridad ciudadana en la sede de la Policía Nacional en Madrid.

Estas notas de Roca sobre los mandos policiales se obtuvieron en un registro judicial el 4 de abril del 2007.

Roca hizo desparecer quince cajas con documentos

Gracias a la información que Roca recibió de “este policía”, el cerebro de Malaya se llevó quince cajas de documentos sobre sus sociedades de las que nadie sabe su paradero. Alguien le dio el chivatazo. El ‘jefe’ fue alertado en el 2005 de que la Policía había comenzado a husmear en sus talones. Y de que esta vez iba en serio. Así, el ex asesor de Urbanismo de Marbella, el hombre de acero que presumía en círculos íntimos de tener confidentes en las fuerzas de seguridad, los juzgados, Hacienda… se tomó muy a pecho “la información privilegiada que recibió y que pagó” y comenzó a quitar pruebas de en medio.

En noviembre del 2005, coincidiendo con las primeras gestiones policiales sobre la trama, Roca empezó a ordenar a sus secretarias que “despareciera toda la documentación que había referente a él y a (las sociedades) Maras, Marqués de Velilla, Beauty, Toros de san Miguel, Marbella Airways, Masdevallia, Condeor, One Properties...”. Una de sus secretarias, Ainhoa C.G., dijo entonces: “Creo que el señor Roca dio esas instrucciones porque no quería que la gente supiera que esas sociedades son suyas. Y creo además que quería abandonar Marbella. Yo misma guardé toda la documentación en varias cajas, al menos quince, que contenía más de mil carpetas. Desconozco dónde fueron llevadas”. Estas quince cajas de las que habló esta trabajadora nunca aparecieron y sin sin duda estas pruebas hubiesen facilitado mucho la labor al juez. El confidencial

A los soldados el valor siempre se les supuso, a compañeros como RAI se le acredita



El Guardia Civil, "RAI", cree que es posible tener un país donde los responsables políticos sean servidores de la cosa pública y no que se sirvan de ella, fue un pionero y encabezó las denuncias contra la denominada VILLA PSOE, acto de concentración y repulsa que se celebrará este sábado 21 a las 17 horas delante del Bunker VILLA PSOE de la Isla, para exigir claridad y transparencia, a RAI el valor no sól se le supone, lo acredita, enhorabuena compañero RAI, los grandes están en la adversidad, y tu lo has logrado para todos.

En la Illa de Arousa, hay descendientes de Jesús, hacen milagro y multiplican los panes y los peces "Villa Psoe"

MULTIPLICACION DE PANES Y PECES EN AROUSA-VILLA PSOE

En el municipio de la Isla de Arosa-Illa de Arousa se esta produciendo el milagro de la multiplicación de los panes y peces con piscina y otras mejoras incluidas.Vengan a la Isla de Arosa-Illa de Arousa y vean tamaño prodigio; vengan y vean el milagro politiquero de servirse de lo público en lugar de servir a lo público: ¡¡menuda comilona, vaya enchente, chea o fartura, que gran chollazo para algunos, esto si que es cazar y a lo grande!En el paraje denominado Cabodiro O Furado pueden contemplar el milagrazo de VILLA PSOE, de Jose Blanco y demás sociolistos que se ponen las botas ¡y como! merced a la polítiquería. Únanse a la concentración ciudadana de diversos colectivos que tendrá lugar el próximo sábado 21 de febrero 09 a las cinco de la tarde para protestar contra la utilización de la política para intereses particulares, para defender una justicia igual para todos, para defender la costa, el paisaje gallegos, la dignidad de Galicia frente a tamaña desfeita (destrucción), frente al arrase del monte O Furado que se usaba públicamente y al que acudían excursiones, se hacía camping, era una zona de descanso a pocos metros del mar. ¿Dónde estas los ecologistas, los que tanto dicen defender a Galicia, su paisaje, tierras y costas, una Galicia mas justa, con principios y sin caciques de uno y otro color, sin politiqueros aprovechados?La corporación Municipal de la Illa de Arousa, Socialistas del PSOE (los de los casos Filesa, Roldán, Fondos reservados, GAL, Expo de Andalucía, Forum de Barcelona, grandes comisiones y otros muchos) ha permitido el milagro politiquero de los panes y los peces para dotar, en un monte de uso público, en un paraje natural al borde del mar, de una DACHA a la nomenklatura política, judicial, etc. del PSOE y demás.Y esto y otras ostentaciones, despilfarros y abusos de lo publico lo hacen los de Villa PSOE, José Blanco Nº 2 del PSOE y otros sociolistos cuando esta teniendo lugar una de las mayores crisis económicas que esta golpeando con gran fuerza a millones de españoles, a cientos de miles de gallegos que se ven condenados al paro y subempleo, que no pueden acceder a una vivienda, pagar la hipoteca y otros créditos, etc. Pero hay mas, mucho más: allí, donde los isleños no pueden hacer obras ni levantar ni siquiera un galpón para guardar los aperos de labranza, los Socialistas Obreros (lo de Españoles lo han sacrificado por el poder y sus grandes privilegios como Villa PSOE y sobre lo que el Bloque no dice nada, pues, también se ha apuntado a los grandes privilegios) se permiten expulsar, derribar las casas de los isleños de toda la vida (casas, muchas de ellas, heredadas de sus padres y levantadas con grandes sacrificios), y permiten la construcción de mansiones, pisos de lujo, etc., en lugares privilegiados, y sobre lo que algunos se enteran (incluso en Madrid y el otro extremo de España) y pueden acceder en muy buenas condiciones: ¡que chollazo del cholo común!Pero sigamos con los milagros: los documentos oficiales del registro público del ayuntamiento de Villanueva de Arosa-Vilanova de Arousa (al que perteneció la Isla de Arosa antes de convertirse en ayuntamiento) despejan cualquier duda (si alguien la tenía) y demuestran que VILLA PSOE no cumple los requisitos legales mínimos para poder llevarse a cabo. En efecto, el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra (1991) lo demuestra tal y como pone de manifiesto el acta de Gobierno del propio ayuntamiento firmada y ratificada por los concejales y el secretario de aquella época. Paradójicamente, el Fiscal competente, a pesar de las continuas demandas de intervención para que investigue el caso, no ha hecho ni una mínima ni rigurosa actividad probatoria para comprobar si la denuncia presentada ante el mismo por el caso Villa PSOE da motivo a una intervención judicial. Es bien sabido que los fiscales dependen del ejecutivo del PSOE y se ha hecho público que hay políticos fiscales, jueces, etc. que tienen intereses en Villa PSOE. No solo van a cazar juntos amaestrados muflones en plan carnicería lamentable, siguiendo el horroroso estilo soviético, rumano del tirano Ceacescu, de la Rusia putinista y sus nomenklaturas, sino que, al mismo tiempo, se ciscan en las leyes, pues, la ley, en este y otros muchos casos, no es igual para ellos (intocables, sociolistos, impunes nomenklaturistas) que para el resto de los estafados, engañados y muy apurados españoles.Como vemos, buena parte de la política y justicia españolas tal como están, no solo se ponen completamente a favor de los poderosos, de los que controlan el poder, sino que persiguen con saña y de forma muy calculada a los que hacemos este tipo de denuncias para impedir que otros, que la ciudadanía se movilice en defensa del Imperio de la Ley, del Estado de Derecho (preámbulo de la Constitución española). Esta claro que en España, en todas y cada una de sus partes, los españoles deben ser iguales ante la ley, incluidos los políticos, cargos públicos, jueces, fiscales, magistrados, etc. Para ello, y entre otras cosas, se necesita una justicia (jueces, fiscales, magistrados, secretarios y demás personal de la justicia) honrada, independiente ante todo tipo de poderes, competente, rápida, clara, BIEN DOTADA (Está de pena) y que no sea prohibitiva para los que carecen de recursos.Lo de Villa PSOE, el Bunker de Jose Blanco y otros sociolistos, es una injusticia ostentosa, vergonzosa, una más, típica de países caciquiles, politiqueros, clientelares y bananeros. Articulo publicado por diversos medios ayer.

La Escopeta de Bermejo y los fieles servidores del estado de deshecho.


Lo de el episodio de Caza, en mis tiempos en activo, hubiera supuesto la detención de estos padres de la patria, puesto que era lo que se hacía normalmente y lo han sufrido cientos de humildes ciudadanos, en el presente caso no sólo debe exigirse responsabilidades penales y administrativas, a mayores debe abrirse una comisión de investigación para comprobar cómo y dónde vienen cazando y si tienen su papeles en regla, Guias, licencias, etc, si dónde han cazado necesita permisos y si son zonas cinegéticas habilitadas y tipo de caza que se ha realizado, y muy importante si con los recursos económicos que les dan sus puestos de trabajo pueden permitirse tantas cacerías, etc, el episodio en sí, no nos sorprende ha sido una constante del PSOE, que desde Felipe González ha confundido el estado con su finca particular, lo que si nos sorprende es que toda la oposición no arme un buen lio y paralice toda actividad, puesto que esta actitud demuestra la altitud de nuestra clase dirigente, ¿Por qué callan todos? ¿Qué tienen que temer o esconder? todos los cazadores de este episodio desde el Ministro hasta el juez deben ser cesados expedientados e inhabilitados de por vida, mientras no se tengan actitudes como la que pido nuestro país será un barco a la deriva.



SEGÚN LOS POPULARES BERMEJO HABRÍA VULNERADO LA DIVISIÓN DE PODERES.


El PP pide una comisión de investigación en el Congreso sobre Bermejo y la cacería
La cacería puede salirle muy cara al ministro Bermejo. El PP ha pedido crear una comisión de investigación en el Congreso para analizar la posible vulneración de la separación de poderes, del principio de legalidad y del Código del Buen Gobierno por parte del ministro de Justicia, Mariano

El PP pide una investigación por las cacerías de Bermejo
Los populares consideran que algunas de sus actividades, como la cacería que compartió con el juez Baltasar Garzón, pueden ser contrarias a varias "normas del ordenamiento jurídico". Soraya Sáenz de Santamaría ha justificado la presentación de esta solicitud por la "gravedad" de las actividades de Bermejo y la "confusión" que está generando en lo que se refiere a la separación de poderes, la imparcialidad y la independencia judicial.
Sáenz de Santamaría ha señalado que hablará con el resto de grupos parlamentarios para conocer su opinión acerca de esta solicitud, que esperan que se ponga en marcha "cuanto antes" por "lo urgente y perentorio" del caso.
La portavoz ha recordado que primero se conoció la coincidencia del ministro y el juez en una cacería en Jaén, el mismo fin de semana en el que algunos detalles de la investigación sobre el PP eran "filtrados" a los medios de comunicación como una "causa general contra el PP". Después se supo que esa cacería "no era la primera" y que el ministro había practicado la actividad cinegética sin la licencia exigida, por lo que podría haber incurrido en una infracción "al menos, grave" con multa de 600 a 4.000 euros e inhabilitación para obtener licencia. A ello se une que algunas de las cacerías en las que ha participado el ministro podrían haber sido "regalos, privilegios", cuya aceptación vulneraría el código de buen gobierno aprobado hace cuatro años.
Hoy en democracia se puede hablar de politicasta, o de censura doméstica en función de los intereses del poder y muy especialmente del PSOE, y de los intereses particulares de los grupos editoriales sumidos en la ruína económica y viviendo de las subvenciones públicas, la prensa escrita y otras no son negocio, son un auténtico escándalo, viviendo del erario público y serviles al partido de turno, este grupo de dueños de las editoriales y la casta política, siempre han dominado los poderes del estado ,un ejemplo el vivido por miles de Guardias Civiles -véase operación Columna y otras-- y no sirven para el interés general, vetan todo aquello que no sirve a sus intereses economicos y de casta y viven a espaldas de la realidad, lo más importante es controlar para ganar, España y sus ciudadanos es lo que menos les preocupa, es urgente una intervención de la UE, y una regeneración del país apartando a estos impresentables de nuevas castas mediocres.

Vean lo que publican y comparen con al cantidad de empresas que están en crisis y sus trabajadores con modestos sueldos se quedan despedidos y sin futuro, al lado subvencionando a los adinerados de la prensa.

Los ‘amos de la prensa’ preparan un borrador común para que el Gobierno acuda en su auxilio.




El martes pasado fue un día de trajes largos. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) celebró su 30 aniversario con un acto institucional presidido por los Príncipes de Asturias. Aunque la ceremonia protocolaria sirvió como escenario para que Javier Godó (La vanguardia) expresara públicamente la necesidad de que el Gobierno proteja a este sector, lo más interesante ocurrió fuera de foco. A la hora del almuerzo, varios de los asistentes comieron juntos en Zalacaín, improvisando una especie de comité ejecutivo de la patronal.

A la mesa, estuvieron algunos de los editores más proactivos, como Juan Luis Cebrián (Prisa-El País), José Manuel Vargas (Vocento-ABC-El Correo), Pilar Yarza (Presidenta de AEDE-El Heraldo) y Antonio Fernández Galiano (Unedisa-El Mundo). Una reunión informal entre competidores acérrimos en el kiosko que sirvió para cambiar impresiones de manera distendida y para diseñar el programa de actuación, según ha reconocido a este diario uno de los asistentes. Sobre todo, elegir al interlocutor en el Gobierno: la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Hasta la fecha, todavía no ha existido ningún encuentro oficial. Cada grupo ha hecho la guerra por su lado a base de encuentros informales con miembros del Gobierno y del propio PSOE. “Se trata de que los poderes públicos reconsideren su ámbito de actuación”, subraya otro de los asistentes. “Es bueno que haya un clima de sensibilización y Nicolás Sarkozy puede que haya marcado el camino a seguir. Puede que ahora sea el momento de que se recojan algunas reivindicaciones históricas del sector”.

Por el momento, las distintas asociaciones editoriales, de prensa de pago (AEDE), de diarios gratuitos (APG), de publicaciones profesionales (APP) y de revistas (ARI) trabajan en la elaboración de un borrador común con una posible batería de medidas con ayudas al sector. Según el director general de APG, Víctor Núñez, se ha trabajado para liderar un movimiento común. Una vez alcanzado este punto de partida, el modelo francés, es decir, la solución Sarkozy, se ha tomado como el formato base sobre el que redactar las peticiones colectivas de la industria española.

El documento para sensibilizar al Gobierno se sustenta sobre tres pilares básicos: la financiación pública a los jóvenes para comprar prensa (Francia regala periódicos durante 12 meses con la mayoría de edad), la introducción de estímulos fiscales (como la reducción del IVA a un tipo mínimo) y la aportación de ayudas directas para el proceso de reconversión industrial (compra de papel, modernización de equipos tecnológicos…). Ruegos pecuniarios que se justificarían por la contribución de la prensa al fomento de la lectura o a la cultura democrática.

“Siempre hay que tener como marco lo que se está haciendo en la UE”, explica el CEO de un grupo editor. Por descontado, existiría un modelo básico y más directo que supone la inyección de subvenciones a través de inversión publicitaria de la Administración. Aunque esta acción puede generar algún rechazo, los grandes editores se sienten discriminados respecto a otros colectivos, como el de las televisiones privadas (UTECA), que han presionado reiteradamente para que RTVE reduzca su financiación con ingresos publicitarios.

Los resultados de 2008, con drásticos descensos en los beneficios, y el mal arranque de 2009, con el cierre del gratuito Metro, han provocado un llamamiento de urgencia entre todos los agentes del sector. Las reuniones a varias bandas se han sucedido durante las últimas semanas, “con el objetivo de que haya un borrador consensuado antes de acabar el mes”. Cuanta mayor sea la demora, mayor será el riesgo de destrucción de empleo. Los peores cálculos manejados entre las patronales barajan entre 8.000 y 10.000 despidos potenciales.

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