Alfonso Guerra, protagonista del primer gran caso de corrupción de la democracia, pide la “máxima” pena para los corruptos

Alfonso Guerra, en una imagen retrospectiva, tomando un cafelito junto a su hermano Juan, condenado por fraude fiscal.

El exvicepresidente del Gobierno y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, Alfonso Guerra, ha defendido que en España se debe aplicar la “máxima” pena tanto a los corruptos como a quien inventa un caso sobre un representante político y luego se demuestra que es falso.
Guerra ha señalado que la corrupción en España debería estar castigado por una pena “brutal”, pero “igualmente de brutal” para quien diga que un representante político es corrupto y luego se demuestre que no lo es.
En concreto, preguntado sobre la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta “trama” de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), ha asegurado que aunque no conoce a esta juez, resalta que “incluso hay una relación fuerte personal entre la jueza y el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que eran compañeros y dicen que algún expediente en común tuvieron”.
Asimismo, en cuanto al caso que lleva la juez de Lugo Estela San José en relación con la denominada ‘operación Campeón’, Guerra ha señalado que en este caso “está cantado” que haya salido en “plenas elecciones”. “Crean la imagen de que va a ganar el PP y luego habrá un congreso en el PSOE, quién lo va a organizar, vamos a quitar ese elemento”, ha subrayado, a lo que ha añadido que este proceso está siendo “alimentado por el Partido Popular”.
El ‘caso Guerra’
El llamado ‘caso Guerra’ fue un caso en el que se acusó de corrupción a Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra.
A finales de 1989, Juan Guerra fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano, con un sueldo de 129.370 pesetas líquidas al mes (781 euros). El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas,según algunos medios, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.
Finalmente, en 1995, Juan Guerra fue condenado por un delito fiscal. Él y su socio Juan José Arenas fueron condenados a dos penas de un año de cárcel por un fraude fiscal de 42.103.742 pesetas (253.637 euros) cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la Parra. Además, ambos fueron condenados a pagar dos multas de 24.933.200 y 34.860.000 pesestas (150.200 y 210.000 euros) respectivamente.
En el año 2001, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo de Juan Guerra. Esta sentencia del Alto Tribunal contó con un voto particular del magistrado Manuel Jiménez de Parga, que denunció que el hermano del ex vicepresidente había sido víctima de un “proceso inquisitorial”, de una instrucción judicial “cuasi demoníaca” y de una investigación dirigida “contra su persona con noticias vagas e imprecisas”.

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