3 dic. 2008

Nuevo engaño del Gobierno de Zapatero y del PSOE

justicia El Gobierno da marcha atrás en la rebaja arancelaria de notarios y registradores que prometió.

Justicia se escuda en la «situación económica» para no recortar las tasas un 20%.


El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, que ayer se reunió en la sede del ministerio con el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño, confirmó que el Ejecutivo suspenderá la rebaja de los aranceles de notarios y registradores anunciada el pasado verano por el presidente del Gobierno y aprobada por el Consejo de Ministros extraordinario del 14 de agosto, dentro del paquete de medidas de reforma estructural y de financiación de las pequeñas y medianas empresas.
De este modo, el Ejecutivo da marcha atrás en este recorte, cuya aplicación estaba prevista a partir del 1 de enero, cifrada en el 20% pero ampliable al 70% en determinadas circunstancias, sobre las tarifas que cobran tanto notarios como registradores. El argumento esgrimido ayer por el secretario de Estado para explicar tal cambio de parecer es que la situación económica actual es muy distinta a la del pasado 14 de agosto, cuando el Consejo de Ministros aprobó el recorte. «En un escenario económico tan distinto y para no perjudicar a los miles de puestos de trabajo dependientes de las notarías y los registros, se ha decidido suspender la parte del acuerdo referido a la rebaja arancelaria», informó ayer el ministerio. Una noticia que el ministro había traslado el lunes telefónicamente a los representantes de los notarios y los registradores.
Presión de los profesionales
Pese a las razones «oficiales» ofrecidas por el ministerio, lo cierto es que las oficiosas apuntan directamente a la presión que los profesionales de ambas organizaciones -Consejo General del Notariado y Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España- han hecho desde que se anunció la medida. Ambos colectivos se opusieron desde el principio a la rebaja, prometida personalmente por Zapatero como modo de aliviar el yugo económico de familias y pequeñas empresas en lo tocante a trámites como, por ejemplo, escriturar o registrar la compra de vivienda.
Con lo que Justicia sí seguirá adelante es con la parte del real decreto referida a la reforma del modelo de seguridad jurídica preventiva, para evitar duplicidades y solapamientos en las funciones de notarios y registradores y para potenciar la calidad del sistema.
Consultados por este periódico tras la confirmación de la suspensión de la rebaja, ni el Consejo del Notariado ni el Colegio de Registradores quisieron pronunciarse ayer sobre el tema.

Los joyeros denuncian al BBVA por intrusismo.

La Federación Gallega de Joyeros anunció una demanda contra el BBVA por supuesto intrusismo, al vender en las sucursales gallegas productos de joyería y relojería. Consideran que vulnera un acuerdo de 1993 en el que el BBVA se comprometía a no comercializar productos de este sector.
Desde el BBVA aluden a contactos con esta federación, a la que «se les han facilitado las explicaciones oportunas», pero no tienen constancia de acción alguna «contra BBVA o cualquier entidad de su grupo».

Los concellos recibirán dinero, la crisis les llega de lleno, muchos no tienen dinero para salarios

iniciativa Los 315 concellos recibirán 490 millones del plan del Gobierno para contener la crisis
Tendrán 46 días para decidir en qué gastar una cifra que en muchos casos equivale al 20% de su presupuesto


A lo largo del próximo mes y medio, los alcaldes gallegos podrán sentirse como los ganadores de uno de esos concursos de consumo frenético del tipo gaste usted 10.000 euros en una hora. Los regidores tendrán 46 días, entre el 10 de diciembre y el 24 de enero, para invertir el dinero del Fondo de Inversión Local para el Empleo, el programa anticrisis diseñado por el Gobierno para inyectar liquidez en las corporaciones locales y que estará dotado con 8.000 millones de euros, de los que un máximo de 490 serán para los concellos gallegos.
El Ministerio de Administraciones Públicas divulgó ayer el listado con las cantidades asignadas a cada ayuntamiento, que es mayor o menor en función exclusivamente de la población. Y las cifras no son baladíes. Así, por ejemplo, gobiernos locales de ciudades como A Coruña o Vigo tendrán los aludidos 46 días para presentar proyectos e invertir un extra (43,2 y 52,17 millones, respectivamente) que representa en torno al 20% de su presupuesto anual.
Boiro, Aranga o Corcubión, por citar solo algunos casos, también dispondrán de partidas que se acercan o superan ligeramente el 20% de todo el presupuesto consignado para este año, lo que da cuenta de la importancia de los recursos asignados. El concello lucense de Negueira de Muñiz, el más pequeño de Galicia con solo 222 habitantes, es el que menos recibirá de todos -poco más de 39.000 euros- un 6,8% de lo presupuestado por el gobierno local para este ejercicio.
La cifra atribuida a cada municipio es un máximo, de forma que un ayuntamiento podría no llegar a consumir todo ese dinero si se retrasa o no halla proyectos de inversión, algo poco probable, habida cuenta de la anorexia financiera que atraviesan las corporaciones locales.
El plan del Gobierno ofrece un amplio abanico de posibilidades para que se pueda gastar todo el dinero: mejora de entornos públicos urbanos y de promoción industrial, redes viarias, saneamiento, alumbrado, telecomunicaciones, promoción del turismo, prevención de incendios, construcción o rehabilitación de edificios sanitarios, educativos, deportivos... El importe de cada actuación, no obstante, no podrá exceder de cinco millones de euros.
Nuevos contratos
El programa establece una serie de requisitos de obligado cumplimiento. Así, los proyectos presentados por los concellos no estarán incluidos en los presupuestos municipales para el 2009 y los nuevos trabajadores que sea necesario contratar para acometerlos deberán estar en paro. En este sentido, las actuaciones implicarán necesariamente la creación de empleo. En caso contrario, los ayuntamientos podrían verse obligados a devolver el dinero de la inversión. Además, los trabajos habrán de realizarse a lo largo del 2009, de modo que se acredite su remate en el primer trimestre del 2010, con una posibilidad de ampliar el plazo en seis meses si hay causa justificada.
Para beneficiar también a las empresas, se ha establecido una obligación de pago, de forma que los ayuntamientos deberán abonar las obras a los contratistas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra. Autor Manuel Blanco.