23 ene. 2012

Los ciudadanos deben comenzar a participar en los foros oficiales de la justicia, controlar y ejercer su derecho a la rendición de cuentas; en las escuelas las APAS, en las Universidades los profesores, los estudiantes, y los consejos exigen y están participando, con voz y voto etc. hace falta un cambio estratégico en la justicia y la transposición inmediata de las mediaciones oficiales obligatorias tal y como obliga el derecho comunitario de obligado cumplimiento.

Especialmente dotar al ciudadano como derecho fundamental, humano y reconocido del acceso directo a los tribunales para democratizar la justicia y evitar los graves abusos y monopolios de ciertos colegios o gremios profesionales que sólo sirven para encarecer el ejercicio de los derechos.

Los jueces subordinan su independencia para ascender, según una ONG

Europa Press

Pide reforzar la independencia de la Fiscalía Anticorrupción
Dibuja una judicatura que actúa 'normalmente' con ética y responsabilidad
Sin embargo, cree que las malas prácticas no son castigadas como deberían
El estudio apunta a la falta de recursos de los magistrados españoles
Recomienda aprobar 'una Ley de responsabilidad judicial'
Transparencia Internacional resalta la 'omnipresencia del bipartidismo'


Los jueces españoles subordinan su "plena independencia" a "ciertos compromisos políticos" si quieren ascender a la cúpula judicial, según un informe de la organización Transparencia Internacional (TI), que destaca que la irresponsabilidad, la corrupción y la ineficiencia de los magistrados no es suficientemente sancionada.
Los resultados provisionales del Proyecto ENIS-España, recogidos por Europa Press, dibujan una judicatura que actúa "normalmente" con ética, responsabilidad y rigor, aún cuando las malas prácticas no sean castigadas como deberían.
La ONG, con sede en Berlín, señala como un punto fuerte de los integrantes de la carrera judicial su independencia -"reconocida de forma expresa" en la Constitución- aunque censura que su órgano de control está "fuertemente politizado" y que los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia se nombran con una "relativa influencia política".
"En suma, existe un cierto incentivo para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores de sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos", advierte.
Entre los puntos débiles, el estudio apunta a la falta de recursos y a la sobrecarga de trabajo de los magistrados, así como la "débil rendición de cuentas existente en la práctica, no tanto en la norma, donde existen regulaciones mejorables, pero suficientes".

Sorteo para elegir a los vocales del CGPJ

Transparencia Internacional recomienda aprobar "una Ley de responsabilidad judicial", que contemple la comparecencia anual del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las Cámaras y una regulación "más eficaz" de las responsabilidades por errores y dilaciones indebidas.
Para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, sugiere que sus vocales sean elegidos "por sorteo" entre magistrados calificados y abogados y juristas de reconocido prestigio, que afronten "una entrevista selectiva pública posterior" en el Parlamento.
En el ámbito de la Justicia, la organización también propone reforzar la independencia del Ministerio Público respecto al Gobierno. "Desde luego la Fiscalía Anticorrupción necesitaría de alguna manera reforzar la protección de su independencia", señala.
La organización internacional también emplaza a eliminar los privilegios de personas que gozan de la condición de aforados, como son diputados, senadores, miembros del Gobierno central o integrantes del CGPJ, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o de la Audiencia Nacional.
"La posibilidad de conseguir un magistrado especial y protección extra son demasiado evidentes como para permanecer impasibles frente a esta realidad", señala en referencia a los aforados. Además, insta a crear un código ético del diputado y a actualizar la normativa de incompatibilidades y conflictos de interés.
La ONG también hace referencia a instituciones como el Defensor del Pueblo, de la que destaca su independencia aunque matiza que su gestión interna es "poco transparente".
Bipartidismo 'omnipotente'

Los resultados provisionales de Transparencia Internacional resaltan que la "omnipresencia del bipartidismo" conduce a que "todas las ideologías del espectro político" no estén representadas en los medios de comunicación.
"Estos partidos, a través de los gobiernos que controlan, son además los que otorgan las licencias o concesiones de servicios audiovisuales, y la concesión no es, en esta lógica existente, apolítica", añade el estudio.
El hecho de que la democracia española esté "excesivamente" controlada por los dos grandes partidos, reduce y desincentiva la participación de los ciudadanos en el espacio público, según TI. El grupo también pone de relieve la "enorme" influencia de los bancos en los grupos políticos.
"Las consecuencias de todo este modelo para el NIS no son positivas. La independencia de las instituciones se halla siempre en peligro, pues la presión de los dos grandes partidos, sobre todo del que tiene el Gobierno, sobre el legislativo, el judicial (en menor medida) y sobre todos los órganos constitucionales y regulatorios es muy fuerte cuando se tocan sus intereses más preciados", concluye.
Nuevos indicios supuestamente relacionados con la Operación Campeón en el Juzgado instrucción seis de Vigo

En el juzgado de Instrucción número seis de Vigo, se siguen diligencias en el caso de facturas falsas y fraude fiscal, que ha causado la alarma por el montante de facturas falsificadas y  económico. Al día de hoy hemos podido saber que hay importantes grupos empresariales imputados a los que le han obligado a depositar trescientos mil euros , JC, y 3.500.000 euros. El asunto además de ser un caso de supuesta falsificación documental puede derivar en delitos fiscales y afectar a personalidades políticas, puesto que en algún caso se han concedidos y pagado grandes cantidades por obras que no existían.

Este caso saltó a la opinión pública hace escasamente una semana, y está en investigación tanto por el Juzgado como por la AEAT, y hay sospechas que pueda estar relacionado con graves escándalos que afecta a la clase política y por sus relaciones con el caso Campeón y con el conocido como VILLA PSOE.

Noticia del caso en Faro de Vigo.

La juez imputa a medio centenar de empresarios en un fraude fiscal de más de 10 millones de euros
Un juzgado investiga un presunto entramado de emisión de facturas falsas que lideraría un grupo empresarial vigués


Un juzgado de Instrucción de Vigo investiga el supuesto entramado de fraude a la Agencia Tributaria. // J. de Arcos
U.FOCES / M.FONTÁN El Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo investiga el considerado como el mayor o uno de los mayores fraudes fiscales de facturas falsas destapados en Galicia por la Agencia Tributaria, que superaría ya los diez millones de euros, si bien según una de las actas que constan en la causa podría elevarse a 50 millones. La investigación judicial comenzó en 2009 y por el momento están implicadas más de medio centenar de empresas privadas, fundamentalmente del sector de la construcción que se dedican tanto a obra pública como privada, con sede social en Vigo, en otras ciudades de la provincia de Pontevedra y también en la de A Coruña. Responsables de estas firmas han sido imputados por la magistrada, al igual que algunos empleados bancarios y trabajadores autónomos. Los investigadores sitúan a una conocida empresa viguesa en el núcleo de esta compleja trama, que supuestamente emitiría las facturas falsas al resto de implicados para que estos pudiesen evadir impuestos a Hacienda. A su vez, esta firma habría utilizado a ciudadanos rumanos que trabajaban como autónomos para ellos para cerrar el círculo del supuesto fraude, sin que estas personas aparentemente lo supieran.
La causa que instruye el tribunal vigués se sigue por tres tipos de delitos: presunto fraude fiscal de defraudación de IVA, de defraudación del Impuesto de Sociedades y/o un tercer delito de falsedad documental. Las diligencias judiciales se abrieron en el año 2009 tras la presentación en el juzgado de una denuncia por parte de la Fiscalía, aunque la Agencia Tributaria, que fue quien destapó el caso, ya lo investigaba desde tiempo atrás por vía administrativa. Los expedientes en los que se habría incurrido en irregularidades, según pudo saber este periódico, corresponden a los ejercicios fiscales de 2005, 2006 y 2007, si bien la causa podría ampliarse a 2008 ya que Hacienda sospecha que el fraude continuó al menos en ese año.
La Agencia Tributaria sostiene que la firma Cinco Jotas, de los cuatro hermanos vigueses Costas, y su grupo de empresas en las que la acusación centraliza la trama –que se dedican a proyectos inmobiliarios y están vinculados a empresas de subcontratas de obras públicas y privadas– habría emitido facturas falsas a numerosas empresas que tenían una elevada facturación pero pocos gastos, de forma que estos últimos se incrementasen ficticiamente y sus beneficios se redujesen. Todo con apariencia de veracidad, ya que se realizarían transferencias reales de dinero. De esta forma, las firmas implicadas habrían deducido por gasto que en realidad no existe, distrayendo gran cantidad de dinero en perjuicio de la Hacienda Pública en los impuestos del IVA y Sociedades.
El grupo empresarial vigués, por su parte, que con estos movimientos evidenciaba una elevada facturación, incrementaba a su vez ficticiamente sus gastos con facturas que presuntamente le emitían para su cobro numerosos trabajadores autónomos rumanos. Sin embargo, estos ciudadanos extranjeros al parecer eran ajenos al entramado. Al menos esto es lo que sospecha Hacienda y la acusación, ya que aunque la mayoría de ellos fueron citados a declarar como imputados, negaron ante la juez haber emitido tales recibos y aseguraron desconocer de qué les hablaban. De hecho a casi todos se les retiró la acusación. La principal hipótesis es que el propio grupo empresarial presunto cabecilla eran los autores de los facturas.
El supuesto fraude presentaría varias ramificaciones, desde la deducción o compensación del IVA en función de datos no reales, a la contabilización de gastos que no son tales porque ni siquiera existieron. Es una investigación laboriosa ya que hubo que examinar todas las facturas emitidas y recibidas por el grupo empresarial vigués y el resto de firmas. El delito fiscal se produce cuando hay un fraude superior a 120.000 euros por impuesto y ejercicio –cuantías inferiores son infracción administrativa–. Está penado de uno a cuatro años de cárcel y multas de hasta el séxtuplo de lo defraudado. A algunos implicados se le imputan todos los delitos y a otros, solo alguno.

FELICITACIÓN AL COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE GALICIA.


Este pasado sábado día 21 asistí a la Asamblea General Ordinaria anual del CPLGA, que se celebró en Santiago, donde pude comprobar cómo un colegio joven y en poco tiempo ha culminado una serie de actividades y un proyecto de futuro que me ha dejado muy sorprendido.

La Asamblea, fue motivo de aplauso, bien gestionada, bien organizada, y sobre todo aprovechando el tiempo, no nos perdimos en divagaciones y en tonterías, se escuchó a los colegiados, con rigurosidad, seriedad y se aprovecharon las sinergías de todos, en general podemos darnos por satisfechos, nuestra profesión en Galicia está bien representada, hay una Junta Directiva encabezada por Ana Vázquez que es un lujo y a los que tenemos que felicitar.

Los que teníamos el sentimiento de tener un colegio propio en Galicia, estamos , y lo digo en mi propia persona como Logopeda, orgullosos de este colegio que defiende una profesión necesaria y esencial para nuestra sociedad, mis más cordiales felicitaciones por un trabajo bien hecho.