27 ene. 2013


«Caso fondos reservados»: Barrionuevo y Corcuera, absueltos; Vera, condenado

La Audiencia Provincial de Madrid absolvió ayer a los ex ministros socialistas de Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera al estimar que no hay pruebas de que entre 1983 y 1993 autorizasen o consintiesen el desvío de fondos reservados para el pago de sobresueldos a altos cargos. Sin embargo, la Sala sí ha condenado a penas de entre diez meses y siete años de cárcel a otros cinco ex dirigentes de Interior a los que atribuye la sustracción de 775 millones de pesetas «para su enriquecimiento personal».

Vera, tras conocer la sentencia
Vera, tras conocer la sentencia
La Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, presidida por el magistrado Francisco Vieira y compuesta por Jesús Guijarro y Arturo Beltrán, ponente del fallo conocido ayer, divide la sentencia -acordada por unanimidad- en dos planos muy distintos. Por un lado sostiene que, pese a haber «sospechas» y «posibilidad» de que los ex ministros Barrionuevo y Corcuera «conociesen y consintiesen» la malversación de los fondos reservados asignados a su Departamento, no existe «certeza» de que ello fuese así. Por eso los absuelve.
De otro lado, mantiene que sí hay pruebas o una conjunción lógica y racional de indicios que le permiten aseverar que Rafael Vera, Julián San Cristóbal, José María Rodríguez Colorado, Francisco Álvarez y José Ignacio López se apropiaron de distintas cantidades de fondos reservados para su «enriquecimiento personal».
NO HABRÁ AÚN INGRESOS EN PRISIÓN
La pena más dura, siete años de prisión, ha recaído en Rafael Vera, a quien la Audiencia condena por «sustraer para sí» 141 millones de pesetas que invirtió en la compra, reforma y mejora de bienes inmuebles -«valiéndose de su suegro como mero testaferro»- y por la entrega a otros ex altos cargos de más de 600 millones.
El ex director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, ha sido condenado a seis años de cárcel por apropiarse de 89 millones de pesetas. El ex director de la Seguridad Julián San Cristóbal, quien admitió haberse lucrado con 66 millones, ha sido condenado a cuatro años de cárcel al considerar el Tribunal acreditado que, al menos, se enriqueció con 130 millones. El ex jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista, Francisco Álvarez, y el ex gobernador civil de Vizcaya, Juan Ignacio López, han sido condenados a once y diez meses de prisión por haber ingresado en cuentas bancarias quince y siete millones de pesetas respectivamente.
La sentencia, de 121 folios, no es firme y ya ayer varios defensores de los condenados anunciaron su intención de recurrirla ante el Tribunal Supremo. Tras el fallo, el fiscal -las acusaciones no lo van a hacer- tiene ahora la potestad de solicitar a la Sala que decrete el ingreso en prisión de los condenados a mayores penas, pero no es previsible que esa eventual petición llegue a fructificar, al menos hasta que la resolución adquiera firmeza en el alto Tribunal.
Además de las penas impuestas -iguales o inferiores a las reclamadas por el fiscal Alejandro Luzón a excepción del caso de San Cristóbal, para quien solicitó tres años de cárcel y ha sido condenado a cuatro-, el Tribunal ha rechazado la petición de la acción popular que ejercía el empresario José María Ruiz-Mateos de deducir testimonio e iniciar una investigación judicial sobre el ex presidente del Gobierno Felipe González, su ex secretaria Pilar Navarro, el ex director general de la Guardia Civil José Antonio Sáenz de Santamaría y el suegro de Vera, Enrique Esquiva.
«LA CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES»
La sentencia inicia el relato de hechos probados recordando que había tres cuentas del Banco de España con dotación presupuestaria para la asignación de gastos reservados en Interior y que, sobre todo, de la dependiente de la Secretaría de Estado «se sustraía dinero para el enriquecimiento personal de altos cargos del Ministerio». Esta conducta se veía facilitada porque «no existía control real externo por parte de órganos fiscalizadores o interventores».
Además, se considera probado que se utilizaba dinero para pagar gratificaciones o retribuciones, al margen de la nómina, «a una pluralidad de funcionarios» destinados en la Dirección de la Seguridad del Estado, aunque esta circunstancia no era objeto de acusación.
El Tribunal alaba la actuación de las instructoras que investigaron este asunto desde 1994 y sostiene que la Administración ha actuado dentro de la legalidad «al no declarar incluido en materia clasificada aquello que, por su naturaleza, no debe serlo» y permitir la investigación judicial. «Más bien al contrario -dice el fallo- lo que perjudica a la seguridad del Estado y compromete los intereses nacionales es la corrupción de las autoridades y funcionarios públicos, sobre todo si cifran su impunidad en un pretendido secreto».
«Terminado el juicio -añade- no podrá decirse seriamente que, a resultas del mismo, se ha comprometido la seguridad del Estado ni aun que se ha revelado secreto alguno. (...) Nada tiene que ver la investigación patrimonial de los acusados con los servicios de Información».

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