2 feb. 2011


Una cruzada contra los privilegios políticos revoluciona Internet

Ana I. Martín

En poco más de tres semanas, más de 186.300 españoles han estampado su firma. Su meta es llegar al medio millón para que la voz del pueblo llegue al Congreso y poder solicitar un referéndum
El objetivo de esta iniciativa que surgió hace poco más de tres semanas es llegar al medio millón de firmas que exige la Constitución para poder solicitar un referéndum.
Se llama Ángel Lorenzo, tiene 45 años y trabaja como terapeuta en Madrid. Su historia no sería muy diferente a la de cualquier otro español de clase media de no ser porque él es el culpable de la creación de un movimiento ciudadano en Internet que ha puesto en el punto de mira a la denostada clase política. De izquierdas y de derechas, tanto monta, monta tanto.
Cansado de oír hablar de los sueldos y privilegios de lo que no pocos definen despectivamente como una "casta", Lorenzo decidió pasar a la acción. Y así, sin tener ninguna vinculación política -asegura que ni siquiera votó en las pasadas elecciones-, el pasado 7 de enero inició una recogida de firmas a través de la página www.peticionpublica.es para llevar la voz del pueblo al Congreso.
El resultado está siendo tan asombroso que su promotor se declara el "primer sorprendido" por la avalancha. En poco más de tres semanas, más de 186.300 españoles habían firmado este martes a media tarde con su nombre, apellidos y DNI para decir no a "los sueldos desorbitados y prebendas de la clase política española", ante "la mala situación económica de nuestro país, los múltiples agravios, la vergüenza política que estamos sufriendo y carestía en la calidad de vida generalizada que han provocado ustedes en connivencia con los bancos y grandes empresas", reza el manifiesto.
El objetivo es que todos esos apoyos no caigan en saco roto, sino alcanzar cuanto antes los 500.000, la cifra establecida por la Constitución para poder solicitar un referéndum "para regular sus atribuciones salariales y quitar tantas prebendas deshonrosas e inmorales", continúa el texto. Si puede ser antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, mejor. Si no, antes de las generales del año próximo.
Un buen termómetro
Entre los miles de firmantes, las palabras más repetidas son "injusticia", "vergüenza" y "deschatez". En la página (http://www.peticionpublica.es/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N5259), que es un buen termómetro del hartazgo de la ciudadanía, se pueden leer infinidad de comentarios como estos: "Que se bajen el sueldo que yo en su día trabaje para el Gobierno y usan los aviones (de lujo) para irse de vacaciones y gastan en hoteles y catering cuentas desorbitadas de dinero y seguiría diciendo...", deCristina Vergara Malvar; "No sólo les bajaría el sueldo a niveles de un trabajador medio con contratos temporales, sino que también les aplicaría la legislación que acaban de firmar los muy impresentables", deSamuel Pico Cuervo; y "si todos los españoles estamos acogidos a las mismas leyes que se apliquen las mismas a la clase política", de Pedro Guerrero Corral.
Dos factores han contribuido al exitoso arranque de esta iniciativa. Por una parte, su rápida difusión a través del boca a boca de Internet, mediante correos electrónicos, redes sociales y multitud de foros que se han hecho eco de ella y han permitido que circulara como la pólvora. Por la otra, lo sensibilizada que está la opinión pública con los abusos de la clase política. No hay que olvidar que el CIS la alzó ya hace tiempo al tercer puesto de los problemas más graves que según los españoles tiene el país. Ello, en combinación con el hecho de que los recortes sociales se estén cebando con la nutrida clase media, hace una mezcla explosiva que, como opinaLorenzo, está haciendo "despertar a la gente".
En concreto, las pensiones de diputados y senadores y el sueldo vitalicio de los ex presidentes del Gobierno llegaron al Congreso el martes de la semana pasada. Entonces, como ya contó este periódico, José Bono les envió una carta a los portavoces de todos los partidos -y lo propio hizo Javier Rojoen el Senado- para que en el plazo de 15 días enviaran sus propuestas sobre, entre otras cosas, cómo reformar el Reglamento de Pensiones Parlamentarias.
Pero en el lado opuesto, durante la votación del Pleno de ese día PSOE y PP se aliaron para tumbar la toma en consideración de una proposición de ley deIU-ICV que pretendía limitar a dos años el ahora vitalicio sueldo de los ex presidentes y además eliminarlo en el caso de que el perceptor se pase a la empresa privada, como lo han hecho Felipe González y José María Azna
Se reproduce lo que nosotros los Guardias Civiles Democráticos venimos denunciando y viviendo durante muchos años, la realidad de España es la realidad de una democracia secuestrada con una grave confusión de poderes.
En el presente caso , caso Faisán, la verdad acabará siendo apartada y la justicia vetada, y los auténticos delincuentes con un vaso de buen vino en la mano y cachondeándose de todos aquellos que creían que la verdad, la democracia y el imperio de la ley era un juego normal y básico.
Yo que he vivido en primera línea la lucha antiterrorista y que denuncié junto a mis compañeros la gravedad de las cosas que mirábamos y que nos ponían los pelos dc punta, no puedo más que volver a pensar una vez más que la culpa no es sólo de los NacionalSociolistas del PSOE , sino de los otros partidos que tuvieron el poder y no han sido capaces, por sus intereses políticos, de impedir que jueces, fiscales y miembros de la carrera judicial participen en politica, que se limitaran los mandatos y que se reformara la vigente ley electorall que prima a grupúsculos como los nacionalistas empeñados en hacernos retroceder siglos.
El secretario de Estado, supuesto agente ejecutor del chivatazo o colaborador con banda armada, delito muy grave, es fiscal, qué podemos esperar de esta clase de personas que defienden el impero de la cosa pública, de la ley cuando desde sus teléfonos se colabora con ETA.
Esto me recuerda cuando en el Norte, nosotros denunciábamos lo que mirábamos y con pruebas, y todo terminaba siendo mentira, nos decían que estábamos locos, y eramos fuente de primera línea en todo, caso Roldán , Lasa y Zabala, Felipe González, Corcuera. Aún recuerdo poco antes de la muerte o asesinato de Thomin en Argelia --atropellado-- cuando en el patio del cuartel de Pamplona saludo militarmente a mi Teniente Coronel, se iniciaba el GAL, y con me pregunta: "Contamos con su apoyo, ya sabe lo que estamos haciendo y lo que le hemos preparado al de Argelia", curiosamente al poco tiempo lo atropellan. Si esto es grave más grave es el intento de eliminar físicamente, --psíquicamente ya lo hicieron con miles de Guardias Civiles democráticos-- que intentaron hacer con nosotros los dirigentes del Movimiento Democrático de la Guardia Civil, la verdad es que con los que contaron no terminaron su obra y después de más de veinte años los que ellos mataron seguimos bien vivos.
En aquellas fechas igual que ahora estaban los mismos, unos en los mismos sitios y otros en lugares parecidos , dándose la coincidencia de que el portavoz o el que habla es el mismo, es decir el Rubalcaba, el Zorro de Ferraz, que por mantenerse en el poder es capaz de todo, si lo de Faisán es grave, qué me dicen del 11 M, en resumen los inocentes están en las cárceles y los delincuentes supuestamente como en otra época en el Ministerio del Interior, comandados por un viejo conocido y por un Fiscal de carrera, y siguen con la sexta edición de la grave y delictual Operación Columna y no pasa nada, la delincuencia es la que gobierna España.
Lean el artículo publiciado hoy en el confidencial.

EL JUEZ PIDE A INTERIOR QUE IDENTIFIQUE UN MÓVIL QUE UTILIZA ANTONIO CAMACHO

Un cruce de llamadas relaciona al 'número 2' de Interior con el chivatazo a ETA.

El ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho
@Carlos Fonseca.- El Confidencial

El análisis del cruce de llamadas registradas el día del chivatazo a ETA (4 de mayo de 2006) y la noche anterior al mismo, cuando se planificó desde Madrid, ha desvelado la existencia de varios contactos entre Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, y el entoncesdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, imputado en la causa. Los informes elaborados en su día por el equipo policial encargado de la investigación omitieron las llamadas entre ambos altos cargos.

El móvil del número 2 de Interior, el 686749XXX, está titularizado a nombre de la Subsecretaría del ministerio, razón por la que el juez Pablo Ruz pidió ayer al ministerio que identifique a su usuario, que no es otro que el número 2 del departamento. Tan pronto como el ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba facilite esta información el magistrado decidirá si llama a declarar a Antonio Camacho. El juez Ruz reclama a Interior que identifique también al usuario del 629408XXX, que registró un intenso tráfico de llamadas con el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, otro de los imputados. Como en el caso del móvil de Antonio Camacho, también está titularizado a nombre de la Subsecretaría de Interior. Un tercer teléfono que el juez considera de interés, el 915371000, igualmente a nombre de la subsecretaría, corresponde a la centralita del ministerio.

Los policías que fueron encargados de la investigación llegaron a la conclusión de que el inspector José María Ballesteros entró en el bar Faisán, sede de una red de extorsión de ETA, y entregó a Joseba Elosua, su propietario, un teléfono móvil a través del cual Enrique Pamies le alertó de la operación policial en marcha. Pamies, a su vez, seguía instrucciones de Víctor García Hidalgo. Esta hipótesis se sustenta fundamentalmente en el cruce de llamadas entre ellos y ha sido suficiente para imputarlos, aunque está por ver si el juez Ruz las considera una prueba suficiente para su procesamiento.

El descubrimiento, ahora, de que mientras se producían las comunicaciones entre los tres imputados, uno de ellos (García Hidalgo) habló en varias ocasiones con Antonio Camacho es un elemento nuevo. Estas llamadas figuran en varios anexos incorporados al sumario a los que ha tenido acceso este diario.

Las llamadas sospechosas

La secuencia de llamadas entre ambos altos cargos es la siguiente: La noche del 3 de mayo, cuando los responsables de la investigación en torno al Faisán informaron a sus superiores de que al día siguiente iban a poner en marcha la operación contra la trama de extorsión de ETA con la detención, entre otros, del dirigente del PNV Gorka Aguirre por mediar en el pago de un chantaje, Víctor García Hidalgo telefoneó a Enrique Pamies a las 22 horas y hablaron durante 28 minutos. Poco después, a las 22,43 horas, ambos altos cargos volvieron a charlar por espacio de siete minutos. La siguiente llamada de García Hidalgo fue a Antonio Camacho, exactamente a las 22,50 horas, con quien conversó dos minutos, y repitió la llamada dos minutos más tarde, con una duración de 21 segundos. Por último, a las 23,20 horas, Enrique Pamies telefoneó a García Hidalgo y hablaron 10,43 minutos. Las comunicaciones entre los tres altos cargos se suspendieron hasta la mañana del 4 de mayo.

El día del chivatazo Víctor García Hidalgo se puso en contacto con Enrique Pamies a las 8,43 horas por espacio de 45 segundos. A las 9,47 horas fue Antonio Camacho quien llamó a García Hidalgo y hablaron durante 3 minutos y 33 segundos. A las 11,06 figura una llamada de 4 segundos de García Hidalgo a Camacho. A esa hora tenía lugar en el Ministerio del Interior la toma de posesión de Joan Mesquida como nuevo director general de la Policía y de la Guardia Civil, y es previsible, dada la brevedad, que saltase el buzón de voz. El ‘chivatazo’ se produjo a las 11 horas y 23 minutos, según establecieron los investigadores.

Las comunicaciones entre Camacho y García Hidalgo no fueron incorporadas en su día a los informes de investigación elaborados por un equipo policial, al que el juez Ruz reclama ahora un informe ampliatorio en el que deben explicar “los motivos por los que fue descartada su inclusión en los anteriores Informes de Análisis como teléfonos de relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados”. El magistrado dice en el auto dictado ayer que tan pronto como sean identificados los usuarios “y a la vista del informe ampliatorio que al respecto se emita por el equipo investigador (…) se dictará por este instructor el pronunciamiento oportuno respecto de la solicitud interesada de declaración testifical por parte de quienes resultaran identificados como tales usuarios”.
Un alto cargo de Interior consultado por este diario enmarcó las llamadas entre el número 2 del departamento y el director de la Policía en el tráfico diario e intenso entre dos responsables, descartó tajantemente la implicación de Camacho en los hechos, y descartó que el magistrado pueda actuar contra él por el simple hecho de haber conversado con García Hidalgo el día del chivatazo y la noche anterior al mismo sin conocer el contenido de lo hablado.

Teléfonos de seguridad

Camacho y García Hidalgo volvieron a intercambiar llamadas los días 8 y 14 de septiembre, y 17 de octubre. Una de esas comunicaciones, la registrada el 8 de septiembre a las 13,35 horas por espacio de 127 segundos, coincide con el cese de García Hidalgo y se hizo a través del teléfono 638234497, correspondiente a una tarjeta prepago de Movistar activada el 5 de septiembre (en aquella fecha no se requería la identificación del propietario). Ese mismo día se activaron otros dos teléfonos con tarjetas prepago que utilizaron Enrique Pamies (638324529) y una persona aún sin identificar, número 638328836. Esta persona tan solo utilizó este móvil para hablar con Pamies, concretamente en 58 ocasiones y casi 6 horas de conversación, y con García Hidalgo, solo dos llamadas. El tercer imputado, el inspector José María Ballesteros, disponía de otra tarjeta prepago, pero en su caso había sido activada el 31 de agosto anterior.
Los investigadores concluyeron en su momento que se trataba de tres teléfonos de seguridadque los imputados y una cuarta persona no identificada emplearon para proteger sus comunicaciones cuando sus teléfonos “oficiales” ya estaban “pinchados” por orden judicial. Cuando el juzgado detectó esta estrategia y autorizó la intervención de los móviles de seguridad los investigados limitaron las comunicaciones entre ellos, y de sus conversaciones no se obtuvo ningún dato incriminatorio.

Nuevos testigos

Como ampliación de las investigaciones, el juez ha llamado a declarar como testigos alcomisario José C., responsable de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que tenía a sus órdenes a los encargados de la investigación sobre el Faisán y que en dos informes remitidos al juez tras conocerse la filtración señaló al inspector Carlos G. como posible autor de la misma. Pese a ello, no había sido citado hasta ahora. Carlos G. es el funcionario que dirigía la operación contra la red de extorsión de ETA y el responsable del equipo que investigó el chivatazo por orden del juez Fernando Grande-Marlaska y acusó a los tres imputados en la causa. También tendrá que declarar el comisario provincial de San Sebastián y el jefe del Grupo VIII de la Brigada de Información de la misma.