8 ago. 2008

Adel se marcha a su pueblo de Gorazde.


Ya se terminaron las vacaciones de Adel, y regresa a Bosnia a junto su familia, con su hermano Belmin que recoge en León, ahora está cantando el Pobre de mi, y dice : Pobre de mi, Pobre de mi, ya se acaban las fiestas en la ria de Cangas", ahora me toca ponerme a estudiar, y a cuidar al pueblecito digo Ciudad de Gorazde, hasta el año que viene familia, firmado Adel.
Enlace del Pobre de mi.

Manifestaciones del Alcalde de la Isla y concejal de Urbanismo

Ya era hora, Ya abrió la boca el Regidor y Alcalde de la Isla de Arosa, y a su lado el Concejal de Obras Sr. Isidro, el Alcalde además es concejal de urbanismo, dice que todo es legal , pero no le ha entregado la documentación a la asociación que los ha denunciado en Fiscalía, CAFINES, ahora tendrá que explicar: "Quién es su Asesor en Urbanismo, Cómo se hizo y dónde están los terrenos cedidos y sus propietarios, e Isidro Concejal de Urbanismo manifiesta su adoración por su íntimo amigo José Blanco, cosa que le hace grande, y más grande en el partido.

REDACCIÓN • SANTIAGO El Correo Gallego
El residencial Illa de Arousa, en el que ha adquirido una propiedad el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, "cuenta con todos los permisos". El Ayuntamiento de la localidad pontevedresa salía ayer del paso a las acusaciones realizadas el día anterior por Cafines, una asociación de afectados por empresas de refinanciación de deudas.
Según Cafines, la promotora que construye el edificio de apartamentos compró unos terrenos en suelo rústico, que posteriormente fueron recalificados por el Ayuntamiento permitiendo que se construyese en ellos, pese a estar pegados a la playa y fuera del núcleo urbano. El consistorio explica que la parcela de 34.000 m2 se incluyó en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) como suelo urbano, con lo que se permiten las edificaciones a partir de veinte metros.
Según el concejal de Urbanismo, el socialista Isidro García, el PXOM contó con la aprobación de la Dirección General de Costas en 2001 y la Xunta de Galicia en 2002. "Ambos en manos del PP en aquel momento", subraya, para recalcar que en ningún momento se diseñó el plan urbanístico a medida de los intereses de los altos cargos del PSOE, como denuncia Cafines.
"Parece que existe un interés de algunas personas y medios en asociar esta obra, que cuenta con todos los permisos, con personalidades políticas que nos honran con su presencia y nos merecen el máximo respeto", subrayaba ayer el alcalde Xosé M. Vázquez en una nota de prensa. "Estas personalidades entendemos que son libres, como todo ciudadano español, de comprar su vivienda en cualquier parte del territorio nacional", añade el regidor de A Illa.

Hasta para defenderse son indecentes e ineficientes.

El PSOE y Don José Blanco no tienen defensa, ni en esto ni en la crisis en la que han sumergido a nuestro país --sólo les preocupan sus asientos públicos-- en las declaraciones de los responsables de la isla de arosa, no sólo dicen cosas inexactas, sino, que MIENTEN, y lo hacen descaradamente, puesto que ellos saben de los escritos presentados, saben de los fax presentados y saben de las llamadas telefónicas de Lito --concejal de Urbanismo con el Alcalde detrás, susurrándole al oido-- a la presidenta de CAFINES y al despacho"EIA" que yo dirijo y le recuerdo la última conversación de dos horas que mantuvo conmigo y escuchada por otra persona y de todo lo que señalaba.
Señores, es lógico que defienda a los burócratas del partido, pero ustedes saben y son conscientes de que se le ha requerido la documentación en infinidad de veces, se le ha pedido entrevistas con el Sr.Alcalde etc y han dado la callada por respuesta y a mayores nos han llamado por teléfono y nos han requerido por escrito con sello y firma del Sr. Alcalde.
Una cosa para mayor abundamiento no somos necios y sabemos de sus acciones, nos tienen acostumbrados, pero sepan que ustedes pueden utilizar los aparatos del estado, la Fiscalía para darle la vuelta, etc.. pero deben saber que nosotros estamos cargados de legitimidad y que las grandes cosas empiezan por cosas muy pequeñitas.
El Concello de A Illa recuerda que la obra denunciada por Cafines tiene todos los permisos en regla
Autor:
La Voz
La protesta que un puñado de integrantes de Cafines realizaron el miércoles en A Illa ha generado un profundo malestar en el Concello. Más que por la protesta en sí -el número de manifestantes se contaban con los dedos de una mano-, por las acusaciones que desde la asociación se han vertido contra el municipio.
El alcalde, José Manuel Vázquez, empezó negando que la plataforma hubiese entregado ningún escrito en el registro del Concello. Y continúa explicando que el edificio de O Furado sobre el que ha puesto sus ojos la plataforma fue aprobado de forma unánime por la corporación, contando «con todos os informes favorables dos organismos estatais e autonómicos gobernados naqueles intres polo PP». El regidor recuerda también que «esta actuación facilitou que o Concello se fixese cunha parcela para parque público de máis de 28.000 metros cuadrados».

El Sr. Caballero debe exigir

Urbanismo: El derribo de un edificio provocaría la quiebra del Ayuntamiento de Vigo
Las indemnizaciones a las cien familias afectadas supondría 40 millones para las arcas municipales.
No se va a llevar a cabo algo ilógico y bajo el paraguas de "Sentencia imposible de ejecutarse, o inaplicables", pero yo me pregunto, quién debe responder por esta ilegalidad, quién cobra por aplicar la legalidad, qué responsabilidades tienen nuestros gobernantes que además están excelentemente pagados, , es hora de exigir responsabilidades: disciplinarias, políticas y penales, a qué espera el gobierno municipal encabezado por el ExMinistro Sr. Caballero.

La confirmación del Tribunal Supremo de la demolición de la Colina de Castrelos, uno de los edificios más poblados de Vigo con cerca de cien familias, ha hecho saltar la alarma de la Administración local. Ayer el alcalde reconoció que la sentencia, en la que se desestima un recurso de casación interpuesto por los propietarios, «supone una grave amenaza financiera y, en caso de proceder a su demolición, el Ayuntamiento entraría en quiebra». El inmueble está valorado en 40 millones de euros, la misma cifra que tendría que desembolsar el Concello para indemnizar a los propietarios.
Abel Caballero acata la sentencia, pese a no haber entrado todavía en el registro municipal. Deja la solución en manos de los técnicos y exige responsabilidades políticas, tanto en este caso como en otros que afectan a otras formaciones políticas, como sucede con la construcción de Finca do Conde, cuya licencia fue otorgada por el PP.
Licencia
Se da la circunstancia de que la licencia de la Colina de Castrelos, también conocida como Piricoto, fue concedida en 1991 por un alcalde del mismo color político, el entonces socialista Manoel Soto. Su anulación por los tribunales se justificó por no adaptarse a los entornos de las zonas protegidas por Patrimonio Histórico, ya que se encuentra situado en las inmediaciones del parque de Castrelos y del pazo Quiñones de León.
Ahora, en los fundamentos de derecho, el Supremo explica que la única forma de ejecutar la sentencia dictada por el tribunal en 1994 y que se hizo firme con posterioridad es «proceder a la demolición total o parcial del inmueble, para lo que la Administración municipal deberá redactar en el plazo de un mes un proyecto de demolición».
Los denunciantes, agrupados en su día en la asociación de vecinos de Castrelos, exigen que se ejecute la sentencia y no están dispuestos a escatimar esfuerzos para conseguir la recuperación de la legalidad urbanística.
Si bien este no es el único caso de sentencia de derribo de un edificio en Vigo, sí es el más complicado de resolver. Mientras que otros como las torres de Ifer o la Finca do Conde podrían quedar legalizados con el nuevo Plan Xeral que entra en vigor el día 25, este correría el peligro de repetir el problema con una nueva licencia.
El gobierno municipal anterior de Corina Porro intentó buscar una solución y envió a la Consellería de Cultura y al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un proyecto básico de restauración de la legalidad urbanística. Sin embargo, no obtuvo respuesta.
Ayer el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Figueroa, no ocultó la «situación delicada, que podría significar la bancarrota del Concello». Pidió al alcalde que dé a conocer qué alcance jurídico tiene la decisión, así como el estado en el que se encuentra la tramitación del expediente y las decisiones que piensa adoptar el gobierno local.
Figueroa exige a Abel Caballero el mismo trato que cuando las sentencias afectan a gobiernos de otro color, así como la petición de responsabilidades a los que concedieron la licencia, en este caso de su mismo partido.
En opinión del representante del BNG y teniente de alcalde de Vigo, Santiago Domínguez, habría que tratar de hacerle un hueco dentro de la legalidad porque la ciudadanía no tiene por qué pagar los errores políticos. Cree que el Concello no puede asumir las indemnizaciones millonarias, pese tener claro que hay que cumplir la legalidad y esperar las conclusiones de los técnicos

Un paso en la reeducación y sensibilización en seguridad Vial

Como Presidente y responsable del CIFAEIA me congratulo por ser el primer centro activo e innovador en aplicar las medidas sustitutivas de prisión; simpre he pensado en que criminalizar ciertas conductas no beneficia a la sociedad y no estoy a favor de las mismas, --Un profesor que tuve de derecho penal decía: "Conocereis un país no por su derecho constitucional sino por su derecho Penal" Stampa Bram.-- pero dentro de la situación generada nos da una oportunidad a los pedagogos sociales de concientizar y educar en el grave riesgo que supone la circulación vial.

Por otro lado tráfico y la DGT llevan a cabo una política totalmente contraria a la formación y educación de nuestros conductores aplicando sólo medidas punitivas y beneficiando monopolísticamente a un sector de profesionales en detrimento de los profesionales de la educación vial y de los educadores sociales , fijando precios en contra de la normativa vigente que protege el Tribunal de la Competencia Español y Europeo, y no dejando realizar sus tareas profesionales a Educadores Sociales y a otros profesionales con competencias propias en la materia, lo que demuestra un interés sólo económico y no social y a mayores, legislando en contra de las futuras reformas universitarias de obligado cumplimiento y que ocupan a todas nuestras universidades en la actualidad --EEES, Reforma de Bolonia 2010--
Una vez más tenemos que levantar nuestra voz en contra de esta administración Socialista, que necesita unas gafas que combatan la actual miopía que perjudica gravemente a nuestra sociedad que ya no es una sociedad sólo Española, sino, Europea irremediablemente.

Dtra. Centro de Formacion Integral AEIA
Ana Curra: "Los conductores con condenas no consideran que han cometido un delito"


Ana Curra, en el aula donde se impartirán las clases. Carlos Cortés
SANDRA PENELAS / VIGO De qué opciones disponían hasta ahora los condenados gallegos por delitos de tráfico para conmutar las penas de prisión?- Los jueces ordenan trabajos en beneficio de la comunidad y el CIS (Centro de Inserción Social) deriva a los condenados a las entidades con las que colabora como la nuestra. Pero en los casos más graves también piden cursos de concienciación vial. Como hasta ahora ningún centro los impartía, los jueces sólo podían enviarlos a las clases de recuperación de puntos que se imparten en las autoescuelas y que es como volver a sacar el carné. Nosotros somos dos educadores sociales y les ofreceremos un programa basado en la reeducación y el trabajo participativo. Queremos que ellos expongan sus experiencias en clase, que conozcan a familiares de víctimas y también que participen en campañas de sensibilización social y en controles de alcoholemia con los agentes de la Guardia Civil. En el CIS están muy contentos con la idea porque el 60% de los condenados lo son por delitos de tráfico, sobre todo por alcohol y exceso de velocidad.- ¿Ya se ha inscrito algún procesado?- Nos gusta llamarlos voluntarios. Apenas llevamos un mes funcionando y ya tenemos un chico de 36 años al que le retiraron el carné una noche de marcha por superar la tasa de alcohol permitida en tres décimas. Ha aprovechado sus vacaciones para trabajar en un punto limpio de reciclaje de móviles y ordenadores. Y en septiembre llegarán cinco chicos más. Con tres de ellos todavía me tengo que entrevistar, pero los otros dos están interesados en participar en los controles de alcoholemia y en el curso de educación vial. Fueron condenados por sobrepasar la tasa de alcohol y por conducir sin carné. Todos son varones de entre 30 y 50 añosy ninguno se ha visto involucrado en accidentes graves con víctimas. - ¿Con qué actitud llegan al centro: enfadados, dispuestos a cumplir un mero trámite o realmente arrepentidos?- La mayoría vienen con la idea de acabar rápido. Unos llegan enfadados, otros arrepentidos y muchos piensan que ya que tienen que hacer algo, que sirva para ayudar a la gente. En general, están bastante avergonzados y hay que darles todas las facilidades, por eso pueden cumplir las jornadas de trabajo en fines de semana o vacaciones y hemos puesto un servicio de transporte para que lleguen a nuestro centro de Mos. Ellos consideran que han cometido una infracción y no un delito porque no han matado a nadie.- ¿Cree que los cursos cambiarán sus conductas?- Nosotros intentamos que el paso de los chicos no sea de trámite. Queremos ayudarles a mejorar hábitos en su día a día, por eso no sólo son clases teóricas, sino que habrá retroalimentación.- ¿Con qué porcentaje de reeducados se daría por satisfecha?- Tenemos claro que hacemos esto para intentar ayudar y cambiar en la medida de lo posible la sociedad. Tenemos confianza en corregir un porcentaje alto. - ¿Está de acuerdo con que las infracciones de tráfico sean consideradas delito?- Puede parecer un poco drástica, pero si siguen siendo una infracción la gente no le dará la importancia que tiene y seguirá habiendo muchas víctimas. Los accidentes son la primera causa de muerte entre los jóvenes.
Publicado en Faro de Vigo.