8 oct. 2008

Derriban casas en aplicación de la ley de Costas y la de Villa PSOE, ni le tocan, está es la Justicia del PSOE


La excavadora tira lo que resistió al mar
Desalojado un poblado marinero de Tenerife por incumplir la Ley de Costas.


JUAN MANUEL PARDELLAS - Santa Cruz de Tenerife - 08/10/2008
El agua que encharcó por última vez las casas del poblado de Cho Vito (en el litoral de Candelaria, isla de Tenerife) no vino del mar sino de las lágrimas de hombres tan altos como castillos, derrotados por la fuerza de la ley. Las palas mecánicas tumbaron las primeras casas de un conjunto de 26 que caerán en estos días, en cumplimiento de una sentencia de hace 15 años, sistemáticamente recurrida, hasta que ayer se ordenó la demolición definitiva, por invadir suelo de dominio público al estar a menos de 50 metros de la costa. Más bien, a la vera del mar.
El barrio tinerfeño de Chovito será demolido porque infringe la ley de costas

Los vecinos no se explican cómo, si les cobran el agua, la electricidad y los impuestos ahora les tiran las casas, en la mayoría de los casos segundas residencias, frente a una calita de piedras del sur de la isla de Tenerife. Una veintena de agentes de la Unidad de Intervención Policial derribó puertas de casas a patadas, cogió en brazos a los vecinos encerrados, les recomendó que guardaran algunos enseres en bolsas de basura y marcó la fachada con un aerosol.
Las máquinas excavadoras no saben de sentimientos. Derribaron el primer techo, cortaron el camino de acceso y los vecinos entendieron entonces que los últimos 40 años de enseñar a nadar a sus hijos y de partidas de envite a la brisa marina se derrumbaban también como un castillo de naipes. Incluso el primer operario de la pala perdió ayer su empleo. Era vecino de Candelaria, conocía a los afectados y no quiso seguir rompiendo el sueño de sus amigos. En tiempos de crisis, con 180.000 parados en las islas, a la Dirección General de Costas no le costó ni media hora contratar a otro operario que sí ejecutó la demolición. Costas asegura que se mantendrán en pie seis viviendas de familias que no tienen adonde ir. Hasta que se reubiquen.

El Gobierno rebaja a los funcionarios las pensiones de invalidez


MARIANO CALLEJA MADRID
Miércoles, 08-10-08
Las pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad que afecten a los funcionarios tendrán un recorte del 25 por ciento a partir del 1 de enero de 2009, siempre que el interesado no haya prestado servicio al Estado al menos durante veinte años. Esta medida de recorte social, que choca frontalmente con el discurso que ha mantenido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante las últimas semanas, está incluida en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2009, y ya ha hecho saltar las primeras alarmas entre los afectados.
El recorte en ese tipo de pensiones está «escondido» en las disposiciones adicionales del proyecto de ley de los Presupuestos. En concreto, hay que buscarlo en la Disposición Adicional Décimotercera: «Pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad del Régimen de Clases Pasivas del Estado».
El texto dice así: «Con efectos de 1 de enero de 2009 y vigencia indefinida, las pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad que se causen al amparo del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, tendrán una cuantía del 75 por ciento del importe que resulte de la aplicación de las normas contenidas en el artículo 31.4 del citado texto legal, cuando el interesado, en el momento de producirse el hecho causante, no tuviera cubiertos veinte años de servicios efectivos al Estado, en los términos del artículo 32 del citado texto refundido, y siempre que su incapacidad o inutilidad no le inhabilitase para toda profesión u oficio».
Agravamiento de la enfermedad
En la misma disposición adicional se especifica que si con posterioridad al reconocimiento de la pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente se produjera un agravamiento de la enfermedad o lesiones del interesado, que le inhabilitaran para el desempeño de toda profesión u oficio, siempre que esa circunstancia acaeciera antes del cumplimiento de la edad de jubilación forzoso, se podrá incrementar la cuantía de la pensión hasta el 100 por 100, de la que le hubiera correspondido en su día.
Las pensiones por incapacidad permanente o retiro de los funcionarios también se reducirán en otros casos, que se recogen en la Disposición Adicional Décimosexta. Cuando el interesado no esté incapacitado para otra profesión u oficio, se podrá compatibilizar el cobro de la pensión con el desempeño de dicha actividad siempre que sea distinta a la que venía realizando al servicio del Estado. En este caso, y mientras dure dicha situación, el importe de la pensión reconocida se reducirá al 75% de la correspondiente cuantía, si se acreditan más de veinte años de servicios efectivos al Estado; o al 55%, si el interesado hubiera cubierto menos de veinte años de servicios al momento de su jubilación o retiro.
La Unión de Guardias Civiles (UGC) ha sido el primero en protestar enérgicamente contra esta bajada de pensiones que, a su juicio, afecta a su institución de manera especial. El secretario general de UGC, Manuel Mato, ha explicado que a los guardias civiles que sean dados de baja a causa de un accidente en acto de servicio o resulten «heridos graves por un delincuente» se les aplicará una rebaja del 25 por ciento de su pensión si no llevan más de veinte años cotizando.
Enmienda a la totalidad de UPyD
Este recorte social puede tener efectos importantes en cuerpos de policías, guardias civiles, las Fuerzas Armadas, entre profesores de cuerpos docentes (donde se multiplican las bajas por enfermedades psicológicas, que pueden llegar a ser consideradas permanentes) e incluso entre funcionarios del sistema sanitario. Si estos trabajadores obtienen una pensión por incapacidad permanente, pero deciden trabajar en otro sector, la rebaja llegará hasta el 55 por ciento. Será, además, uno de los argumentos que incluirá Unión, Progreso y Democracia (UPyD)en la enmienda a la totalidad que ya está redactando.
Un caso concreto real, que ha conocido ABC: Fernando (nombre figurado) es un cabo primero de la Guardia Civil, y actualmente está pendiente de pasar a retirado por una enfermedad crónica e irreversible, tras más de 18 años de servicio. Si se aprueban los Presupuestos tal y como los ha redactado el Gobierno, le quedará una pensión de unos 1.050 euros sin trabajar en ningún otro sitio, y si quiere realizar algún tipo de desempeño laboral acorde con su discapacidad, le quedarán menos de 800 euros. Hasta este momento, la pensión media en este caso es de unos 1.400 euros, y podía compatibilizarla con otro desempeño laboral.

La reforma de Bolonia en plena crisis

M. ASENJO/ E. ARMORA MADRID/BARCELONA
El curso universitario ha comenzado bajo negros nubarrones provocados por la crisis económica. La ya difícil gestión de unas arcas que no suelen brillar por la sobreabundancia se ve complicada por un periodo donde la amenaza de los recortes suena como un eco en los campus.
Todos los rectores sin excepción se han referido a esta circunstancia en sus discursos de comienzo de curso. Y pese a que las autoridades regionales -también en su mayoría- se han comprometido a no recortar los presupuestos universitarios, la realidad es otra y ya se atisba, e incluso se comprueba, alguna reducción de los fondos, incluso de los ya comprometidos.
Vías de financiación
Las universidades se financian por diferentes vías. Por un lado, la subvención nominativa que reciben de las administraciones y que en el peor de los casos cubre entre el 50 y 60% del capítulo 1, fundamentalmente personal y gastos corrientes. Otras fuente de recursos son las tasas que pagan los alumnos y que no superan el 17% del total. Las universidades también generan recursos mediante convenios y contratos por prestación de servicios y a través de la investigación. Existe otro capítulo cerrado que corresponde a las inversiones y que llegan a los rectorados por la senda de los contratos programa.
En la actualidad, el gasto en universidad apenas supone el 1% del Producto Interior Bruto, mientras que en los países de nuestro entorno es al menos del 1,6%. El objetivo es alcanzar este porcentaje en el menor tiempo pero las previsiones apuntan a la baja.
Y es que las administraciones han hecho llegar a las universidades el mensaje de que «la situación es muy mala y que, por tanto, hay que cortar por todos los lados». Estos recortes podrían hacerse realidad de inmediato en algunas de las autonomías con mayor número de universidades. Es el caso de Madrid, donde se teme que se recorten hasta las partidas ya comprometidas. Se habla de que la subvención nominativa de fechas inmediatas puede ser menor.
Disminuyen los alumnos
Además, y en general, los ingresos por tasas serán también menores, ya que disminuye el número de alumnos. Según los últimos datos estadísticos, en el curso 2006-07 la matrícula en primero y segundo ciclo descendió en un 1,6% y la tendencia se mantiene.
El rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, manifestó en la inauguración conjunta del curso en la Comunidad de Madrid que «nos encontramos actualmente ante un difícil escenario nacional e internacional». Y en este contexto pidió «acuerdos que excluyan la Educación de las pugnas partidistas. El sistema de enseñanza español debe ser ambicioso y, por tanto, debe ser un proyecto a largo plazo, con grandeza de miras y con tiempo para desarrollarse».
Los rectores gallegos entienden que el plan de financiación de sus universidades no está bien resuelto, pese al anuncio del Gobierno regional de inyectar once millones de euros en el sistema. Las universidades «no pueden seguir así», ha declarado el rector de Santiago de Compostela Senén Barro, quien ha calificado la situación como «muy grave». Las universidades valencianas tampoco viven en la abundancia, su situación económica es «difícil». La intranquilidad por la situación crece también entre los rectores catalanes que ven como acaba el año y no han recibido la partida adicional que les prometió la Generalitat a finales de 2007 para ayudarles a reducir el déficit y afrontar los cambios que conlleva el Proceso de Bolonia.
Los responsables académicos temen que los 50,9 millones de euros -a repartir entre todos los centros en función de las dimensiones y objetivos de cada uno de ellos- no lleguen este año y se incluyan en los presupuestos de 2009. De confirmarse ese aplazamiento, que algunas fuentes dan por sentado, las cuentas de la mayoría de las universidades, y en especial la de Barcelona (UB) y la Politécnica de Cataluña (UPC) -las dos que acumulan más déficit-, sufrirían un importante «shock» económico.Fuentes de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) aseguraron a este diario que «a día de hoy, el centro no ha recibido ninguna partida adicional del Gobierno catalán». Tampoco la Universidad Politécnica tiene buenos augurios al respecto.
En este escenario, la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el que se inspira en la Declaración de Bolonia, apremia. Las universidades públicas apenas se han atrevido a poner en marcha titulaciones nuevas o adaptadas a las exigencias de ese espacio común. En realidad, sólo la Carlos III de Madrid ofrecerá casi la totalidad de sus estudios conforme al nuevo modelo. Sin embargo, las privadas han sido más atrevidas y ofrecen dos tercios de las 162 títulos valorados favorablemente por la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca).
El curso próximo (2009-10), las universidades deberán adaptar toda su oferta y en tiempo de ajuste económico, que no de expansión, corren el riesgo de hacerlo sin las garantías suficientes. Como advierte el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Javier Uceda, el cambio de modelo, con una enseñanza más participativa y activa, exige más recursos y«aunque es un camino sin retorno, va a ser difícil afrontarlo sin problemas».

El Partido Popular de Mos de nuncia al PSOE por Injurias


El PP de Mos denuncia por injurias a miembros del PSOE por el caso Alonso.


G.P. / MOS El Partido Popular de Mos ha presentado una denuncia contra diversas personas vinculadas al PSOE por supuestas injurias relacionadas con la marcha de las filas socialistas del concejal mosense Gerardo Alonso Porto y las insinuaciones de "compra" en medios de comunicación y en la propia localidad.La portavoz del PP, Nidia Arevalo, desveló que el pasado jueves el comité local del PP de Mos decidió presentar una denuncia por injurias ya que las acusaciones son falsas. Pese a ello la noticia no fue facilitado a los medios de comunicación "ya que no queríamos echar leña al fuego, simplemente acudir al juzgado para que quede claro que nada de lo que se ha dicho e insinuado es cierto".Según Arévalo "ir al juzgado es lo mejor que se puede hacer, para que se depuren responsabilidades y no estar incendiando en los medios de comunicación dejando muy mal al Concello. El juzgado pondrá a quien tenga que poner en su sitio".Arévalo confirmó a FARO la denuncia a pesar de que el acuerdo del Comité Local del PP era "no entrar más en el juego de acusar a través de los medios, ya que éste perjudica a Mos"."El Partido Popular ha recogido todas las notas de prensa y grabaciones, donde claramente hay tres personas que deberán contestar a todo lo que dijeron ante un juez... Nosotros no queremos montar espectaculos públicos, que perjudican a todo el municipio". Según Nidia Arévalo "los únicos culpables de lo ocurrido han sido la alcaldesa y su grupo de personas más cercanas".Para la portavoz del PP "me da pena de cómo incendiaron, han estado buscando la provocación de dirigentes del PP y lo que han dicho del propio Gerardo Alonso... Nosotros dijimos lo que teníamos que decir cuando Gerardo se marchó al grupo de no adscritos y la siguiente declaración fue cuando se produjeron los hechos tan desgraciados del día del pleno... Nos buscaron, y creo que nos seguirán buscando", dice