11 abr. 2010

Gürtel, Naseiro, policías corruptos… todos se salvan por la mala regulación de las escuchas, de Carlota Guindal en El Confidencial

Las intervenciones telefónicas son fácilmente anulables. Las sentencias judiciales así lo demuestran. El principal motivo es la falta de regulación en la ley, que deja muchos flecos sin cubrir y con las espaldas descubiertas tanto a los jueces que las ordenan como a los policías que las ejecutan. La basa del problema radica en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según apuntan una serie de fuentes jurídicas, la regulación sobre este asunto es incompleta y lleva en ocasiones a que los jueces no sepan a qué atenerse.

La ley impone una serie de requisitos muy interpretables. Únicamente se puede ordenar la grabación de escuchas telefónicas si es absolutamente imprescindible o si es poco probable que esos datos obtenidos por esa intervención se puedan conseguir por otra vía menos gravosa a los derechos fundamentales. Además, hay que acotar la materia que se investiga. Es decir, sólo se pueden utilizar la información relativa al hecho concreto por el que se investiga a un sospechoso. Si en medio de esas escuchas se conocen nuevos hechos delictivos, esa prueba en ningún caso podría ser empleada. Y a todo esto se añade que tiene que ser una medida proporcional y sólo se puede ordenar durante el tiempo indispensable.

Estas mismas fuentes explican que, en la práctica, este tipo de interpretación es compleja. Es cierto, que con tantas puntualizaciones dejan a los abogados defensores un abanico muy amplio para recurrir y solicitar la nulidad de las actuaciones.

La nulidad de las intervenciones telefónicas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenadas por Baltasar Garzón durante el inicio de la instrucción del ‘caso Gürtel’ no es un hecho aislado. Cierto es que tiene una querella admitida a trámite por el Tribunal Supremo interpuesta por uno de los abogados defensores en esta causa. Sin embargo, esta controversia en la utilización de las escuchas telefónicas como instrumento de investigación comenzó en España en la Semana Santa de 1990.

Naseiro, Sito Miñanco y otros precedentes

Fue con el ‘caso Naseiro’. Un juez de Valencia llamado Emilio Manglano ordenó la detención del tesorero del PP con José María Aznar ya en la Presidencia. Había pruebas que demostraban una financiación ilegal del partido, pero el Supremo tuvo que tirar por tierra toda la investigación. Las escuchas estaban ordenadas para perseguir a otras personas y, por tanto, no pudieron ser empleadas para demostrar este nuevo delito. La sentencia dijo bien claro que “no se puede obtener la verdad a cualquier precio”.

Tres años más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos iba más allá y condenaba a España por una deficiente regulación de las escuchas telefónicas, tras una sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba al narco gallego Sito Miñanco.

Recientemente, el Tribunal Supremo tuvo que anular la condena a 18 meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga al ex jefe de la Unidad de la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Costa del Sol,Valentín Bahut, al declarar nulas las escuchas telefónicas a las que fue sometido durante la investigación.

El Alto Tribunal reprochaba que los indicios delictivos ofrecidos por la Policía al juez para ordenar los ‘pinchazos’ eran “insuficientes” y “ni siquiera se realizó previamente una investigación patrimonial de tales sospechosos, de todo punto necesaria en las pesquisas por corrupción”. Dice además que los hechos que finalmente se les imputan ‘nada tiene que ver -ni remotamente- con lo aducido en un primer momento para justificar tan ilegales escuchas”.

En la Audiencia Nacional, no pocas han sido las sentencias que han anulado las escuchas o que han sido revocadas por esferas superiores. Pero lo cierto es que en judicatura hay una cosa clara: las pruebas son válidas no sólo por lo que dicen sino porque se han adquirido de una forma legal. La sentencia por la célula de Madrid que supuestamente colaboró a preparar los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 dio un tirón de orejas a la instrucción realizada por Baltasar Garzón.

El ‘fiasco’ de la célula islamista

La propia sentencia, redactada por Javier Gómez Bermúdez, recuerda que las escuchas telefónicas realizadas durante la instrucción del caso fueron un paradigma de lo que no debe hacerse y que por ese motivo las cintas no se podían utilizar como material de cargo. También queda reflejado que “la carencia de pruebas que sustenten la intervención de Abu Dahdah, Dris Chebli y Ghasoub al Abrash Ghayoun en tan execrables asesinatos, bien sea a título de autores materiales o autores por inducción[...], es absoluta”.

Por tanto, el líder de la célula, Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, que se enfrentaba a 62.000 años de cárcel, finalmente fue condenado a 27, desvinculándole totalmente en la preparación de los atentados, condena que posteriormente fue rebajada por el Tribunal Supremo hasta los doce años. El Alto Tribunal, tras el estudio del recurso, fue más allá que Gómez Bermúdez y anuló la totalidad de las escuchas telefónicas llevadas a cabo en la investigación.

El evidente problema que existe con las escuchas provocó incluso que dentro de la Fiscalía General del Estado se emitiera una circular para establecer los principios que hay que respetar para evitar las posteriores nulidades. Uno de los puntos claves es la prórroga de la orden de intervención. Es más, con las escuchas de la Gürtel, las fiscales del caso recomendaron a Garzón que no se ampliara por más tiempo las escuchas de los tres cabecillas de la trama de corrupción con sus abogados desde la cárcel. Esta circular explica que hay que evitar “prórrogas indiscriminadas” y deberá hacerse mediante una resolución motivada, “sin posibilidad de remitirse a la fundamentación expresada en el acuerdo inicial de la medida”.

El propio Tribunal Constitucional criticó el artículo 579 de la LEC, en la sentencia sobre el ‘caso Ollero’, sobre el cobro de comisiones ilegales en las obras públicas andaluzas, y señaló que adolece de vaguedad e indeterminación en aspectos esenciales y no satisface los requisitos necesarios recogidos en la Constitución para la protección del derecho al secreto de las comunicaciones. Entre las deficiencias de la norma que regula las escuchas, los magistrados subrayaban que no existe un límite respecto a las prórrogas de los pinchazos, así como de la delimitación de la naturaleza y la gravedad de los hechos en virtud de cuya investigación puede acordarse una intervención, del control del resultado y de las condiciones de grabación y custodia, su utilización y el borrado de las grabaciones.

La sentencia dejó sentado que la regulación de las escuchas que aparece en la Ley no era suficiente para restringir el derecho al secreto de las comunicaciones, por lo que instaba al Parlamento a completar la regulación de las escuchas telefónicas, algo que hoy por hoy todavía no ha llegado a un puerto. Periodismo de Opinión Reggi,o.


El político y diputado del PP, cada día más atontado, cosa normal en nuestra casta política.

Cascos, muy lúcido, a pesar de no tener pruebas dice lo que otros calla, entre ellos el diputado del PP, que sólo habla pero no actúa.

Cosidó_ ¿Qué has hecho para investigar la grave Operación Columna, que te han dado?. ¿Rajoy qué sabes de la compra del Sitel, dinos el precio pagado? ¿Dime uno sólo de los gobiernos que no se haya aprovechado de los resortes del estado para sus intereses políticos? uno sólo.

Los que hemos estado y seguimos estando en el centro de la información Europea de primera línea sabemos que la utilización política del estado es evidente, clara y contundente, no en vano lo hemos vivido, palpado y evidenciado. Pero lo más grave es que las pruebas se pongan en manos de nuestros responsables políticos y judiciales y no hagan nada, todo por llevarnos bien con Robespierre, el Jefe del Ministerio del Interior. Ahora lean lo declarado por Cosido, un ignorante en política, como si su partido no hubiera estado en el gobierno, como si su partido no conociera la grave Operación Columna y la verdad de muchos escándalos, como si fueran impolutos y vírgenes, en fin como digo a menudo: la tontería se pone en primera línea para ser vista, aquí la tontería la pagamos todos, como los gastos de Josu Ternera.

Vean....

Uno de los grandes peligros del Gobierno de Zapatero es la instrumentación partidista de las instituciones. Lo hemos visto con las presiones al Tribunal Constitucional para obtener una sentencia favorable al Gobierno en el Estatuto de Cataluña. No olvidemos la bronca descarada de la Vicepresidenta del Gobierno a la Presidenta del Tribunal en un desfile militar. Lo vimos también con la Fiscalía del Estado, sometida servilmente a los intereses del Gobierno en la negociación con ETA. Incluso el Tribunal Supremo ha sido objeto de las advertencias del Ejecutivo cuando ha imputado al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación. Por no hablar de la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La policía no es ajena a estos intentos de utilización partidista por parte del Gobierno. Es más, Alfredo Pérez Rubalcaba es un consumado maestro en la manipulación y el engaño. Los sindicatos policiales han denunciado unánimemente la creciente politización del Cuerpo Nacional de Policía. El actual ministro del Interior ha llevado hasta tal extremo la discrecionalidad en la asignación de destinos que un Tribunal ha anulado el último Catálogo de Puestos de Trabajo en el CNP por el abuso de la libre designación. Las condecoraciones policiales se han convertido con Rubalcaba en un premio al amiguismo y al servilismo más que en un reconocimiento del sacrificio o la excelencia. Muchos policías saben que su carrera profesional depende más de la confianza política que de su capacidad y su esfuerzo.

Hace algunos meses que denuncié en esta misma columna a Rubalcaba como el verdadero cerebro de la operación de acoso desatada contra el Partido Popular. En El cerebro de la trama ponía de manifiesto que el responsable político de esa operación no era el dimitido Mariano Fernández Bermejo, un mero peón de brega, sino el todavía ministro del Interior. Desde entonces no ha hecho sino aumentar nuestra convicción de que Rubalcaba ha puesto todos los medios a su disposición para perseguir a la oposición democrática.

En la famosa cena de la cacería tenemos a un ya ex-ministro que se vio obligado a dimitir por ese escándalo, un juez imputado ante el Supremo y un comisario de policía que aún continúa en su puesto. El ministro del Interior ni siquiera se ha dignado a ofrecer una mínima explicación en el Parlamento, ni ha tenido la prudencia de relevarlo. Esa contumacia en mantener en su puesto a un comisario fuertemente cuestionado y co-protoganosista de uno de los mayores escándalos de nuestra democracia, participar en esa cacería-contubernio contra la oposición, es una buena muestra de cual es el grado de implicación de Rubalcaba en este intento de criminalización del PP.

Cualquier persona que haya cometido un delito de corrupción, sea del partido que sea, debe soportar todo el peso de la Ley en los Tribunales. Pero lo que no es de recibo es que el Gobierno utilice a las instituciones del Estado de Derecho para perseguir a la oposición democrática. Tampoco es admisible que se utilicen recursos policiales escasos para perseguir delitos a veces inexistentes mientras el narcotráfico, la trata de seres humanos y el crimen organizado crecen en nuestro país ante la incapacidad de la policía para investigar todos los casos. Lo que no se puede asumir es que los informes policiales que afectan al PP lleguen antes a determinados medios de comunicación que a los propios Tribunales. Y lo que el Partido Popular no va a consentir es que se elaboren diligencias a toda velocidad contra miembros de nuestro partido que en muchos casos quedan en nada judicialmente, mientras los que afectan al PSOE se guardan durante meses en un cajón como ocurrió con la corrupción en Cienpozuelos.

Tengo plena confianza en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Y lo que tampoco debemos consentir es que unos pocos policías al servicio de un partido o únicamente preocupados por medrar servilmente puedan poner en cuestión el buen hacer y el prestigio de un colectivo caracterizado por su abnegación, sacrificio, espíritu de servicio, profesionalidad e independencia de sus miembros. Ha llegado el momento de que hagamos una verdadera policía profesional en la que los intereses políticos queden fuera de las Comisarías.

Ignacio Cosidó es diputado del Partido Popular por Palencia.

Peregrinos cubanos a su llegada a la Plaza del Obradoiro en Santiago.

Ciudadanos Cubanos a su llegada a Santiago a pedirle al Apostol que ayude a los Cubanos y a rezar con toda su fe por los Derechos Humanos para todos, para los cubanos también.

Siguen el ejemplo del Papa Juan Pablo II, que visitó la Isla y rezó y pidió por todos , especialmente por los derechos humanos de los cubanos.
Una interesante noticia que dará mucho que hablar, --publicada en lavozperiodistica.com --,los cubanos no son personas ajenas a la realidad mundial ni mucho menos ajenos a los tratados internacionales que firman los dueños de la Isla, los cubanos son seres humanos que tienen derecho a marcar su destino, nos guste o no. Es imprescindible que toda Europa se mueva para poner fin a un sinsentido que se da bajo la tiranía de la familia Castro. En el momento actual ha comenzado una realidad que sin duda y en poco tiempo hará cambiar las cosas es ese lindo país. En el encuentro de ayer han planificado acciones que pondrán en movimiento y darán de lleno en la diana para un cambio que aseguren las libertades básicas.

COMIDA SOLIDARIA DE LOS CUBANOS EN BAYONA

Acto de solidaridad con los Cubanos disidentes y que exigen derechos Humanos para los cubanos en la Isla sometida de la familia Castro.

A dicho acto asistieron miembros del colectivo Democrático de la Guardia Civil, estando presente entre otros los responsables del SUGC, sindicato que apoya la democratización de Cuba y los derechos humanos para los Cubanos.

Un numeroso grupo de ciudadanos Cubanos en Galicia, se han reunido en Baiona, Pontevedra para hermandar a todos aquellos que luchan por los "Derechos Humanos en Cuba" y por la libertad de los Presos Políticos en la Isla.

En dicha comida se ha elaborado un plan de trabajo y se ha plasmado una organización que planifique los actos en Galicia junto a otros compañeros y plataformas que luchan por la democratización de la Isla y que se solidarizan con los compañeros en huelga de hambre.

Igualmente, en dicho acto se manifestó el apoyo a los compañeros que en el día de ayer en peregrinación llegaron a Santiago de Compostela rogando al Apostol que ampare la lucha por la justicia y por los derechos humanos en Cuba.