21 oct. 2008

La pésima política del Gobierno levanta a los Europeos, y el gobierno ignora a ·"VILLA PSOE"


Urbanismo salvaje
Londres y Berlín presionan a España contra la Ley de Costas
Las embajadas piden explicaciones por las expropiaciones a sus súbditos - "Hacemos 'lobby' para defender la propiedad privada", afirma un texto británico


Cliff Carter no sale de su asombro. "¿Usted cree que la gente en España no protesta porque lo heredó de la época de Franco?". Este jubilado británico llegó en 2003 a Valencia a vivir en la casa que sus suegros le habían dejado a su mujer, María José Ruiz, que se define como Miss Carter (herencia de 30 años en las islas). La casa, blanca, de dos plantas, construida en los años setenta, tranquila a más no poder, está en la playa de El Saler, en un parque natural a 15 kilómetros de Valencia. El 2 de abril pasado recibieron una carta que aún marca al matrimonio. En ella, la Dirección General de Costas les comunicaba que había completado el deslinde de la zona y que, en virtud de una ley de 1988, la construcción estaba en dominio público, que podían pedir una concesión para seguir disfrutándola durante 30 o 60 años. Y Cliff no lo entiende. Cientos de extranjeros (la mayoría británicos y alemanes) y miles de españoles se encuentran en la misma situación. Y las quejas han cruzado la frontera.
El Gobierno aconseja informarse bien antes de cerrar la compra

Miles de casas en primera línea no pueden ser vendidas por la ley de 1988
Medio Ambiente replica que no planea cambiar la legislación actual
Reino Unido pidió detalles al ministro Moratinos y al embajador español
El Reino Unido y Alemania han pedido explicaciones a España por lo que consideran expropiaciones abusivas a sus súbditos en la costa española. Las embajadas de estos países han reclamado al Ministerio de Medio Ambiente aclaraciones sobre la Ley de Costas, vigente desde 1988, pero cuya aplicación se aceleró en 2004, con la llegada de Cristina Narbona al ministerio. Miles de españoles y cientos de extranjeros han visto cómo sus casas en primera línea de playa están pasando a manos del Estado. Pueden usarlas durante al menos 30 años, pero no pueden venderlas ni ampliarlas y para hacer obras necesitan un permiso.
Las presiones son frecuentes. El 21 de mayo de 2007 el secretario del Ministerio de Exteriores británico, Peter Ricketts, "elevó la cuestión" al embajador español en Londres, según explica un documento del Ejecutivo británico al que ha tenido acceso EL PAÍS. En septiembre de ese año, Ricketts "trató la cuestión" con el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, durante una visita oficial a Madrid. Finalmente, el pasado 18 de septiembre, la secretaria de Estado de Asuntos Consulares de Reino Unido, Meg Munn, se reunió en el Ministerio de Medio Ambiente con el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, y con la directora general de Costas, Alicia Paz Antolín, para pedirles detalles sobre la ley y su aplicación.
"Nuestra embajada en Madrid ha elevado la preocupación a alto nivel, a menudo, en colaboración con otras embajadas de la Unión Europea cuyos ciudadanos también se han visto afectados. Seguiremos haciendo lobby en el ámbito nacional y regional para conseguir más seguridad para los derechos sobre la propiedad privada en España", escribía el pasado marzo un responsable británico. En ese mismo texto añadía, sin embargo, que el Reino Unido "no puede interferir en las leyes de otro Estado soberano". Los consulados en España a los que acuden los británicos a protestar recomiendan quejarse ante el Defensor del Pueblo o llevar el caso al Parlamento Europeo, algo que ya han hecho. El vicecónsul británico en Alicante, John Tomlinson, respondió por escrito a Cliff en febrero pasado: "Lamento conocer otro ejemplo más de los problemas que los ciudadanos británicos están padeciendo en relación con la propiedad en España y comprendo los problemas que le está causando".
Entre los aliados de Reino Unido está Alemania, según fuentes próximas a los encuentros. Representantes alemanes se reunieron antes del verano con el Ministerio de Medio Ambiente para trasladar quejas parecidas. Un portavoz alemán admite: "Por supuesto, estamos en contacto con las autoridades españolas para informarnos sobre la ley y su aplicación".
La directora general de Costas, Alicia Paz, asistió a la última reunión con los representantes británicos. "Querían más bien información técnica sobre la ley y su aplicación y dijeron que compartían el espíritu de la ley", explica a este periódico en su despacho en la primera entrevista desde que en julio fue nombrada.
El Reino Unido comprende que España quiera limitar los daños del desbarre urbanístico en la costa. Lo que no acaba de compartir es el método que utiliza España para expropiar a los dueños de las casas. Considera que afecta a compradores de buena fe y que no siempre garantiza la seguridad jurídica. La mayoría de los registros de la propiedad no alertan de si la propiedad está afectada por un deslinde o si puede estarlo en el futuro. Así que alguien desprevenido puede comprar una vivienda legalmente y verse sorprendido en unos años con que el suelo pasa a manos del Estado. Medio Ambiente anuncia que prepara un convenio con los registradores y notarios para asegurarse de que las servidumbres de la Ley de Costas queden reflejadas de forma clara y rápida en las escrituras de propiedad.
Los británicos lamentan que llueve sobre mojado, ya que los problemas se unen a casos como el de la ley valenciana de urbanismo, que propició la expropiación a cientos de británicos para construir urbanizaciones. Los ingleses denuncian el caso a sus diputados, estos al Gobierno y así llegan a la embajada. En casi todos los encuentros bilaterales del último año ha salido el tema de la Ley de Costas.
La ley establece que en primera línea de playa, el llamado "dominio público marítimo terrestre", no puede haber ninguna casa, ninguna piscina. Como muchas de esas construcciones estaban allí desde antes de 1988, la norma establece que el suelo pasará a ser propiedad estatal y que los dueños tendrán una concesión de 30 años, ampliable a 60. El problema es que para delimitar si una casa estaba en la zona pública o privada, Costas tenía que hacer un trámite -el deslinde- sin el cual no se puede aplicar la norma. La ley daba cinco años de plazo para deslindar toda la costa, pero 20 años después aún faltan 1.845 kilómetros (el 17% del total) por deslindar.
El deslinde no es sencillo porque hay que hacer complejos estudios topográficos, ya que la norma define el dominio público con conceptos geográficos. Así, dice que será público hasta "el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos" o "las playas o depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas, incluyendo escarpes y guijarros y dunas". Además, suele haber multitud de alegaciones de los afectados, ya que mover la línea uno o dos metros supone mucho dinero. La aprobación de deslindes estuvo prácticamente paralizada entre 1996 y 2004, con el PP, y el Gobierno prevé terminar el deslinde de todo el litoral en 2011. En 2018 comenzarán a caducar masivamente las concesiones otorgadas desde 1988.
En ese trámite, Costas acaba de incluir la casa de Cliff en dominio público. Y junto a ésta, las 80 viviendas de la urbanización La Casbah y el hotel Sidi Saler, de cinco estrellas. Todos fueron construidos en los años setenta. Y los dueños están molestos. "Que apliquen el sentido común. Puede que el hotel no guste. Pero se construyó porque hubo una subasta de suelo público para hacer un hotel. Ahora no nos pueden quitar el suelo. ¿Por qué no empiezan por las miles de casas ilegales que hay en España", se pregunta Roger Zimmerman, el alemán que dirige el establecimiento, y que se ha reunido con la embajada alemana. Zimmerman viste un impecable traje. Poco que ver con la ropa casi veraniega que aún lucen los vecinos de La Casbah.
La urbanización hierve, y al llegar el periodista los vecinos le asaltan espontáneamente para contar sus quejas. "No duermo desde que recibí la notificación de Costas. Ésta es mi casa y no me la pueden quitar", explica Mercedes Gómez. Irene Calvet narra que nació aquí y que ahora vive con sus hijos pequeños: "Me he quedado en paro, y ahora si tengo necesidad no podría vender mi casa".
Las casas de la urbanización más alejadas del mar están a decenas de metros de la arena de la playa, pero en su carta, Costas afirma que "se encuentran en la actualidad sobre el conjunto de dunas de la playa de la Devesa".
Todos los vecinos citan ejemplos de hoteles y edificios mucho más recientes y más cerca del mar, desde el Algarrobico a los hoteles ilegales de Lanzarote que siguen en pie pese a carecer de licencia. Cliff resume: "La casa de al lado valía 600.000 euros. Ahora no podemos vender ésta, y cuando nosotros muramos se acabó, la casa ya no existirá. Si un día queremos venderla, no podremos". El matrimonio Carter posee otro piso en Valencia. La mayoría de afectados tiene su casa en la costa como segunda residencia, según el Ejecutivo, que añade que intenta ayudar a reubicar a aquellos que se ven afectados en una primera residencia.
Los perjudicados se están organizando y han creado la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Su presidenta, Carmen del Amo, calcula que hay unas 45.000 viviendas que podrían estar marcadas por dicha ley en toda España, un 15% de ellas en manos de extranjeros. "No sé de dónde sacan la cifra de viviendas. No tenemos estimaciones pero me parece elevada" replica Paz Antolín. El Ministerio de Medio Ambiente no comprende que el escándalo salte ahora por aplicar una ley de hace 20 años y que el PP ni tocó en sus ocho años de Gobierno. Y recuerda que ha ganado en los tribunales el 97% de los casos. La mayoría de sentencias de la Audiencia Nacional están de parte del Gobierno.
Paz Antolín afirma que el Gobierno no tiene ningún plan para impulsar una reforma de la ley, recuerda que el Constitucional avaló la norma y que la intención del Ejecutivo es garantizar que todo el mundo pueda acceder y disfrutar del litoral. Aunque la ley permite al Estado rescatar las concesiones en cualquier momento y por un precio que acaba siendo bajo, Paz Antolín niega que ése sea el plan del Gobierno: "No hay previsto un rescate de las concesiones salvo que en algún sitio haya un proyecto de utilidad pública, como un paseo marítimo o una regeneración de playas o dunas. Rafael Méndez.

El ministro del Interior contrata ilegales y no los da de alta en la seguridad social

Un juez condena a Interior a readmitir a una traductora que cobraba "en negro"
El Ministerio debería ser el primero en dar ejemplo y si no lo hace debe asumir sus responsabilidades, por lo tanto dimitir y pagar de su bolsillo, no es posible que ante un hecho tan grave el Ministro y el Presidente del Gobierno sigan como si no ha pasado nada.

También puede indemnizar a la mujer con 22.365 euros.
Trabajaba para este departamento desde 1998 sin ningún tipo de contrato y cobraba "en negro" un salario de 300 euros mensuales.
El salario que le correspondería es de 1.450,62 euros.

Un juez de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a readmitir o indemnizar con 22.365 euros a una traductora de polaco que fue despedida después de trabajar para este departamento desde marzo de 1998 sin ningún tipo de contrato y que cobraba "en negro" un salario de 300 euros mensuales.
La mujer no firmaba en ningún momento ninguna nómina o recibo
En la sentencia, el magistrado declara probado que la mujer prestaba sus servicios "sin suscripción de contrato" y que, desde el inicio de su relación laboral, "ha percibido la cantidad mensual de 300 euros, que le son abonados en un sobre, sin que en ningún momento firmase ninguna nómina o recibo".
El salario que, según el convenio colectivo, corresponde a un traductor -cuya categoría profesional es la de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes Nivel 3- es de 1.450,62 euros.
Sin embargo, a partir de 2006, con el ingreso de Polonia en la Unión Europea, la denunciante dejó de hacer funciones de intérprete y seguía acudiendo a su puesto de trabajo, donde se le pedía que hiciera fotocopias u otras labores, hasta que el pasado 2 de mayo un responsable de la Brigada de Extranjería y Documentación le comunicó que sus servicios ya no eran necesarios.
"Empleo precario"El juez ha considerado que, dadas las circunstancias del caso, "cabe declarar la existencia de relación laboral entre las partes" y estima que el despido se produjo "sin ningún tipo de justificación" y sin las formalidades exigidas para la extinción del contrato de trabajo conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.