7 jun. 2008

No a la censura, No a la prohibición del ejercicio de la palabra

Estos días estoy viendo cómo compañeros, y por discrepancias , en las formas de entender las formas de ver el desarrollo del Asociacionismo Profesional en la Guardia Civil se censuran y se anulan sus respectivos artículos en los Foros, actitud que me da lástima y pena, los Guardias Civiles llevan años sin poder decir ni buenos días, sin ser ingresados en psiquiátrico o en las cárceles y son ahora ellos ,los que no permiten la libertad de expresión.
Me consta que todos persiguen lo mismo desde distintos paradigmas, me consta que en la CEGC, hay muy buenos compañeros y buenos amigos, pero en estos momentos creo que se confunden, sin duda creyendo que es lo más positivo para los intereses de todos, ojalá sea yo el confundido puesto que tengo amigos en todas las Asociaciones y en la CEGC igual, que serán siendo compañeros y amigos aunque se equivoquen.
Nunca entenderé la censura por censurar, y como creo en la libertad de Expresión, ahí va los enlaces que luego el administrador censuró y cerro, allá cada uno con su conciencia.

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El PSOE y los fondos reservados, dónde la Operación Columna y las otras cuatro, quién.

La Operación Columna empezo en el año 1989, transcribo artículo publicado en prensa en su fecha, la memoria hoy por medio de los documentos escritos sigue vigente, y no es discutible fue el preludio de otras cuatro operaciones posteriores , el escándalo de los Fondos reservados y los fondos han servido para la persecución de los demócratas de la Guardia Civil, todo hombre de bien y que crea en los valores democráticos debe exigir responsabilidades.

Las pulseras que regalaba Corcuera
«¡Es preciosa, ministro!»
El trasfondo de los fondos reservados de Interior
ESCANDALO EN INTERIOR. La llegada de los socialistas al poder marca el inicio de una época de absoluto descontrol en la gestión de las arcas del Ministerio del Interior. Los fondos reservados, previstos para financiar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, son utilizados de forma arbitraria. Buena parte de los cientos de millones asignados a esta partida se destinan a sufragar las actividades más dispares. Esta política de despilfarro alcanza su punto álgido mientras Corcuera y Vera ocupan los puestos de máxima responsabilidad en el departamento. El pago de sobresueldos, la compra de joyas, el alquiler de chalés para recreo de altos cargos y la organización de «saraos» son algunos de los destinos que se dan a estos activos.
MANUEL CERDAN
ANTONIO RUBIO
MADRID.- Navidades de 1992. Restaurante Currito en la Casa de Campo de Madrid. 21.30 horas. Margarita Alday, esposa de José Luis Corcuera, comprueba que todo está en orden y cada regalo en su sitio.
Los invitados, unos 20 altos cargos de Interior y señoras, llegan puntuales a la cita. Tras los saludos y besos de rigor, cada uno ocupa su sitio en la mesa. Un brindis por los éxitos del año que está a punto de acabar sirve para que comience la velada.
Las señoras de los directores generales y la del secretario de Estado, Rafael Vera, abren con impaciencia un paquete que tienen encima de sus platos. Son pequeñas cajas, pero de gran valor. El obsequio navideño lo ha elegido personalmente el ministro, José Luis Corcuera. La señora de Rafael Vera, ex secretario de Estado, y la de Conde Duque, ex director general de la Policía, son las primeras que se acercan hasta el ministro para darle las gracias y reconocer el buen gusto que tiene el ex sindicalista: «Es precioso, precioso, ministro».
El regalo elegido por Corcuera en esta ocasión consiste en una gruesa y rígida pulsera de oro, de estilo marroquí, que el joyero madrileño José Vargas García ha valorado en unas 100.000 pesetas cada una. El precio de los regalos navideños del ministro a las señoras de sus colaboradores más inmediatos asciende a dos millones de pesetas que el propio Corcuera ha pagado a «tocateja» en su despacho, con dinero del cajón de los fondos reservados.
José Vargas García Matamoros, el prestigioso joyero madrileño que vendía las joyas al ministro, ha reconocido recientemente ante la juez María Jesús Coronado, que instruye el caso de los sobresueldos en Interior, que «Corcuera me pagaba los encargos en metálico y yo le llevaba el muestrario de la joyería a su despacho». Vargas también ha reconocido que en tres años (1990, 91 y 92) el ex ministro se gastó 6 millones en joyas.
A las cenas navideñas del ministro asistía la plana mayor de Interior. Corcuera y señora estaban arropados por Rafael Vera, secretario de Estado; Luis Roldán, director de la Guardia Civil; Carlos Conde Duque, director de la Policía; Santiago Varela, subsecretario; Víctor Moreno Catena, secretario general técnico; José de la Puente, jefe de Gabinete de Vera; Fernando López Villanueva, jefe de Gabinete de Corcuera; Carlos de la Torre, director general de Servicios; Miguel María Muñoz, director de Tráfico; el secretario general del Comité del Juego; el secretario particular de Corcuera; y Alicia y Merche, dos colaboradoras del ministro, entre otros. Excepto las dos últimas, el resto asistía con pareja.
Pero los encuentros de Navidad con sus colaboradores no eran los únicos que organizaba el ministro. Corcuera también solía invitar, periódicamente, a su equipo a «saraos» de fin de semana. Las mayores fiestas se celebraron en un chalé-cortijo, cuadra de caballos incluida, que Interior alquiló en Sevilla durante el tiempo que duró la Expo '92.
LLEGA ASUNCION.- Durante la celebración de la Olimpiada de Barcelona el Ministerio también alquiló un chalé en Sitges, que pagó con fondos reservados.
En la Navidad de 1993, un año después, Corcuera no tiene la oportunidad de hacer regalos. Unas semanas antes, el dirigente socialista había decidido dejar el Ministerio, porque el Tribunal Constitucional le había dado una patada a su ley de la «coz en la puerta». Su marcha del despacho de la Castellana, la caída de Roldán y la decisión del Consejo de Ministros de nombrar a Antoni Asunción como sustituto de Corcuera, desoyendo las aspiraciones del siempre «segundo» Rafael Vera («el Poulidor de Interior»), origina un zafarrancho en los edificios del Ministerio y de la Secretaría de Estado. Los funcionarios que han servido con servilismo a Corcuera y Vera, por lo que han recibido sustanciosos premios y gratificaciones con dinero de los fondos reservados, intuyen que el chollo se ha acabado y gritan «marica el último».
En medio del desorden y de la confusión (nadie sabe quién es su jefe y cuál va a ser su dedicación en los próximos meses) una trabajadora de la limpieza abre un cajón de la mesa de Carmen Lobo, secretaria de Juan de Justo, y se encuentra un fajo de billetes con dos millones de pesetas. La señora comunica el sorprendente hallazgo a uno de los funcionarios que se hace cargo del dinero y lo ingresa en la caja.
El nuevo equipo ministerial, los hombres de Asunción, no salen de su asombro: «El dinero pertenecía a la partida de fondos reservados que manejaba el secretario de Rafael Vera. Lo que no entendemos es cómo guardaban el dinero, sin control, en el cajón de una mesa abandonada».
El incidente ponía de manifiesto la desidia con la que los ex altos cargos de Corcuera y Vera controlaban los fondos reservados de Interior. Sólo en 1993, el último año de la era Corcuera, su departamento dispuso de 800 millones de presupuesto oficial, más mil quinientos de transferencias de la Dirección General de Tráfico.
Pero, además de la desidia, en Interior también se practicaba la rapiña. La Secretaría de Estado, al igual que el ministro Corcuera, disponía de un pequeño almacén con regalos para agasajar a visitas ilustres, pagados en metálico, como las joyas, con dinero de los fondos reservados. Las instrucciones eran claras («Que nunca falten regalos») y se cumplían a rajatabla. De ahí que las estanterías de tan peculiar habitación siempre estaban repletas de corbatas y pañuelos de seda (Hermés, Loewe..), petacas y encendedores de plata, relojes, carteras y monederos de piel...En noviembre de 1993, en medio del cambio de ministro, sucedió algo inesperado: la habitación quedó vacía. De la noche a la mañana desaparecieron artículos de regalo por importe de varios millones de pesetas. Lo extraño del asunto fue que ninguno de los nuevos jefes reclamó ni protestó por lo extraviado.
PODERES FACTICOS.- El equipo de Asunción se encontró, cuando recaló en Interior, con que los fondos reservados, que en teoría estaban para la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, se gastaban en sobresueldos y en actividades de lo más dispares. Asunción, en un principio, quiso poner fin a estas prácticas pero los «poderes fácticos» pudieron más que él. Vera y su secretario, Juan de Justo, continuaron en sus puestos durante un par de meses y lograron que el ministro, tras dos meses de moratoria, continuara pagando los sobresueldos a todos sus colaboradores.
El 9 de marzo EL MUNDO desvela el montaje que Interior había establecido con Corcuera para pagar sustanciosos sobresueldos a sus altos cargos con dinero de los fondos reservados y estalla el escándalo. En Interior cunde el nerviosismo y, a pesar de que una serie de comisarios y funcionarios deciden presentarse en Hacienda para hacer declaraciones complementarias de la renta, reciben instrucciones de la superioridad para que sigan negando lo que ya es una evidencia.
La mayoría de los funcionarios de la Secretaría de Estado, unos 220 trabajadores, todos ellos hombres y mujeres de la confianza de Vera (de ellos, 92 pertenecían a la Unidad de Apoyo del ex secretario de Estado) reaccionan como una piña en defensa de su jefe.
Sin embargo, una persona, la doctora Inmaculada Sánchez, médico-asesor del Gabinete de Asuntos Legales, decide tirar de la manta. Su jefe, Teodoro Merino de la Hoz, se había negado a incluirle en su nómina de 120.000 pesetas un plus de peligrosidad de 80.000, pero le ofreció la misma solución que a otros compañeros: un sobresueldo de 40.000 pesetas con cargo a los fondos reservados.
La doctora pasaba a formar parte del club «reservado» de Interior. Según la categoría profesional, los funcionarios percibían un sobre extra todos los meses. Los jefes de sección tenían asignada una cantidad de 40.000 pesetas; los jefes de servicio, 60.000; los de Gabinete 100.000, los subdirectores, 225.000 y los directores entre 300.000 y 400.000. Los directores generales de la Policía y la Guardia Civil y Rafael Vera recibían un trato especial. Los gobernadores y delegados del Gobierno en el País Vasco, algunos jefes superiores de Policía en determinadas regiones y enlaces policiales de España en el extranjero también obtenían mensualmente su compensación económica.
El escándalo periodístico pone en guardia al equipo de Asunción, que decide parar la máquina de los sobresueldos. El sobre correspondiente al mes de marzo deja de llegarles sin ninguna explicación. Los funcionarios protestan y reciben una respuesta contundente: «Se acabaron los sobresueldos».
La doctora Sánchez no está dispuesta a renunciar a su plus mensual, con el que paga parte de la hipoteca de su casa, y pone el asunto en manos de los tribunales. Otro funcionario, el policía Javier Garrido Sotelo, también denuncia que, entre el 1 de junio de 1990 y el 30 de noviembre de 1991, había percibido todos los meses un sobresueldo de 40.000 pesetas. Garrido llega más lejos y asegura que «este tipo de entregas era percibido por todo el personal destinado en la Secretaría de Estado para la Seguridad antes, durante y después de que el compareciente prestase sus servicios en la misma».
ENRIQUECIMIENTO ILICITO.- La doctora Sánchez y el inspector Garrido se ratifican más tarde en sus denuncias ante la juez María Jesús Coronado, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, que a finales de 1994 inicia una investigación sobre el uso y destino de los fondos reservados. La instrucción judicial se produce como respuesta a la denuncia que había presentado el 19 de octubre el diputado del PP, Federico Trillo, ante el fiscal general del Estado, Carlos Granados. El diputado popular plantea que el «enriquecimiento ilícito» por medio de los fondos reservados no se centra exclusivamente en Luis Roldán.
A finales de 1994, el escándalo de los fondos reservados pasa de las páginas de la Prensa a los folios de un sumario judicial. Desde esa fecha, la juez Coronado viene desarrollando una exhaustiva investigación sobre el manejo de fondos reservados entre 1987 y 1994. Las pesquisas se centran en el cobro de sobresueldos por parte de altos cargos de Interior, de abogados que defendieron a policías y guardias civiles procesados por torturas y malos tratos, de sindicalistas policiales y de periodistas que colaboraron con el Ministerio.
La juez tiene en su poder los cheques del Banco de España que delatan el cobro de quienes ingresaron en sus cuentas de forma directa el dinero de los fondos reservados. Así lo hicieron Luis Roldán, Julián Sancristóbal, Iñaki López -ex gobernador de Vizcaya-, y José María Rodríguez Colorado por medio de su amigo Mariano Jaquotot, entre otros. Algunos de ellos, lo han reconocido ante la Justicia.
Tras casi un año de pesquisas, la juez Coronado dispone de testimonios suficientes para desmontar el sistema de sobresueldos irregulares que Corcuera y Vera establecieron en Interior. En los siete ejercicios en los que se ha limitado la investigación, Interior dilapidó cientos de millones de pesetas de los fondos reservados en sobresueldos y en gastos de los más dispares (ver apoyo).
El ministro José Luis Corcuera escurrió el bulto cuando se sentó delante de la juez. Echó balones fuera y responsabilizó a su segundo, Rafael Vera, de ser el responsable del uso y control de los fondos reservados del Ministerio. «En ocasiones, Rafa (Vera) me informaba del gasto de estos fondos, pero no sé cuál era su destino. Además, legalmente, no estaba obligado a informarme», matizó.
DECLARACIONES A RNE.- Corcuera se olvidaba de las palabras pronunciadas en un programa de Radio Nacional el mismo día en que EL MUNDO denunció la práctica irregular de estos pagos. El ministro llegó a decir: «Si yo me encontrara en una responsabilidad, que ahora no tengo, y llegara a la conclusión de que un funcionario se ha distinguido por trabajar al servicio de la seguridad del Estado durante todos los días de todos los años, pues probablemente yo tomaría la decisión, probablemente, de reconocerlo».
El periodista Antonio San José le repreguntó: «¿Pero con dinero de los fondos reservados?». Y Corcuera sentenció: «Mire usted, si es que no tendría de ningún otro para poder hacerlo».
Corcuera no estuvo tan explícito ante la juez Coronado, pero su amnesia fue compensada con la declaración de Carmen Lobo, ex secretaria de Juan de Justo que, a su vez, era secretario de Vera. La funcionaria declaró por dos veces, ante Garzón y ante Coronado, que «comenzó obteniendo una gratificación mensual de 20.000 pesetas y acabó siendo de 60.000». Dijo que el dinero se lo entregaba personalmente su jefe, Juan de Justo, en un sobre blanco cerrado y con el membrete de la Secretaría de Estado.
Carmen Lobo también reconoció que había entregado sobres cerrados, como los que ella recibía, a las esposas de los ex policías José Amedo y Míchel Domínguez.
Pero las manifestaciones de más peso reconociendo el cobro y los pagos de sobresueldos, por el nivel de los declarantes y porque lo hacían a sabiendas de que se autoinculpaban, han sido las de Francisco Alvarez, Luis Roldán y Julián Sancristóbal. Los dos últimos mantuvieron, en un careo en la Audiencia Nacional, que durante la etapa de José Barrionuevo también se pagaron gratificaciones millonarias. Según Roldán, éstas también se entregaron de forma regular con Corcuera.
Sancristóbal reconoció ante el juez Baltasar Garzón que los gobernadores civiles y delegados del Gobierno percibían periódicamente un sobresueldo de dinero de los fondos reservados. Ese fue el caso de Roldán, que recibía, cuando fue delegado del Gobierno de Navarra, un cheque anual del Banco de España por un importe de 7 millones de pesetas.
19.626 MILLONES.- El propio Sancristóbal volvió a ratificarse el pasado jueves ante el juez Eduardo Moner, en la sala segunda del Tribunal Supremo. Aseguró que, mientras fue gobernador en Vizcaya y director de la Seguridad del Estado, los representantes del Gobierno en Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra recibían dinero de los fondos reservados. Esta práctica siguió manteniéndose después con Corcuera, según han denunciado Roldán y otros ex altos cargos de Interior.
La juez Coronado dispone de un talón por importe de siete millones de pesetas que el ex gobernador de Vizcaya, Iñaki López, ingresó en una de sus cuentas corrientes a plazo fijo.
El Ministerio del Interior gastó, entre 1983 y 1994, 19.626 millones en fondos reservados. La mitad de esta cantidad correspondía a ampliaciones de créditos. La partida aprobada para 1995 fue de 815 millones, aunque la secretaria de Estado, Margarita Robles, ya adelantó en mayo que no pensaba gastarse todo el dinero.
Las informaciones publicadas por EL MUNDO sobre el uso irregular de los fondos reservados provocaron que el Gobierno aprobara en octubre de 1994 un nuevo proyecto de ley para su control. A partir de ese momento, los ministros con partidas de fondos reservados están obligados a dar cuenta del gasto una vez al año a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, compuesta por los portavoces de los seis grupos parlamentarios, y al presidente del Gobierno.
Además, la Intervención General del Estado supervisará en cada uno de los ministerios el destino de los fondos y el incremento de las partidas presupuestarias destinadas a gastos reservados deberá ser objeto de una aprobación específica en el Parlamento.
Los dineros de Rodríguez Colorado
José María Rodríguez Colorado, ex director general de la Policía, será uno de los ex altos cargos de Interior que próximamente visitará la sede del juzgado de instrucción número 43 de la Plaza de Castilla de Madrid después que la titular, María Jesús Coronado, detectara el cobro de varios talones de los fondos reservados en una sucursal de Bakinter a nombre de Mariano Jaquotot, socio y amigo del ex alto cargo de Interior.
«Colo», calificativo cariñoso con el que Rodríguez Colorado era conocido en su Ministerio, es el único ex dirigente de Interior que no se ha pronunciado sobre el uso irregular de los fondos reservados en su departamento durante los años en que fueron ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera.
En los próximos días «Colo» tendrá que explicar cómo y de qué manera llegaron hasta las manos del difunto Jaquotot talones del Banco de España correspondientes a los fondos reservados y que, según fuentes judiciales, podrían haber sido entregados por el ex director de la Policía.
Colorado cesó en su cargo en 1990 y después fue fichado por Joaquín Leguina, ex presidente de la Comunidad de Madrid, para que se ocupara de la Consejería de Administración Territorial. En la actualidad, está retirado de la política y trabaja en la empresa privada.
La juez Coronado ha detectado la existencia de decenas de millones de fondos reservados que fueron ingresados, en talones del Banco de España, en una cuenta de la sucursal de Bakinter, en el Paseo de la Castellana de Madrid, a nombre de Mariano Jaquotot

Una suerte , Hay crisis o No hay crisis.


Señor Zapatero, Hay crisis, No hay crisis, Hay depresión , No hay depresión, hay,,,,,.... Huelgas por todos los sitios, la gente no puede pagar sus hipotecas, las empresas y empresarios cerrando y llorando porque pierden su poco patrimonio forjado a través de la lucha y sacrificio de muchos años, esto es lo que vivo Yo, a diario en mi despacho, Señor Presidente Hay crisis, hay depresión o los españoles somos demasiado tontos, Yo dudo al escucharlos a ustedes: Hay crisis o no hay crisis, o será que la crisis es para unos pocos y no para otros , especialmente los políticos profesionales que nunca han tenido ni tienen crisis.


Señor ZP, dígame , hay o no hay crisis......

El agua perdida y el dinero de todos malgastado y tirado

Viven como Reyes sin corona, utilizan o malgastan los fondos públicos y no se les exige responsabilidad, hablan tonterías que hasta mi nieto se escandalizaría de mencionarlas, y mientras el agua como el dinero se tira al fondo del Mar, el agua es un bien público y es de todos y para todos, no hay derecho a que se juegue con la necesidad, el agua tiene que servir para todos los Españoles en vez de tirarse al mar, y si se puede dar a otros países, mejor, el ser humano tiene principios y valores, es un escándalo que se tire el agua y el dinero y no sirva para nada, y díganme, ¿Quién paga y se hace responsable de esta pésima gestión? es hora de pedir y rendir cuentas, en fin una verguenza de responsables políticos, sólo hacen hablar y cobrar y bien.

El trasvase derogado ha costado 10 millones de euros
Santiago Velo de Antelo.- Decisiones a golpe de lluvia y con un coste que ronda los 10 millones de euros. El Consejo de Ministros ha derogado este viernes el Decreto-Ley que autorizaba el trasvase de agua a Barcelona, justo a los 50 días de aprobarlo de urgencia. Pero lo llamativo es que con el inicico de las infraestructuras, el Ejecutivo se ha gastado ya 10 millones de euros para nada. Y en plena crisis.
Para Carlos Floriano, portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario del PP, es “patético” que “si porque cambian las circunstancias, es decir, porque llueve, ya no se da una respuesta definitiva al problema del agua que pueden tener, en este caso, seis millones de personas en Barcelona, y una respuesta definitiva al problema global que tiene nuestro país, entonces Zapatero no necesita una ministra que se ocupe de estos temas, lo que necesita es un hombre del tiempo”.
La justificación que se da desde el Gobierno es que los embalses que dan agua a Barcelona están al mismo nivel que tenían el año pasado por estas y que las previsiones son que sigan recibiendo agua. Esta acalaración ha demostrado que se seguirá dejando al azar el abastecimiento de agua a la capital catalana.

Una afiliada al PSOE expulsada por denunciar.


Simancas y Blanco dejan tirada a una militante sometida a “mobbing”
Nacho Bosque.- Paloma Crespo es una militante del PSOE con una antiguedad de 23 años que ha sufrido”mobbing” en el Ayuntamiento de Pinto. Cuando esto sucedió, Crespo solicitó ayuda a Rafael Simancas, presidente de la FSM, a Manuel Sánchez Cifuentes, destacado miembro de UGT y a Pepiño Blanco. El tiro le salió por la culata: en vez de ayuda lo que hicieron fue expulsarla del partido.
Todo empezó en marzo de 2001, cuando Crespo sufrió acoso laboral por parte de Antonio Fernández (ex alcalde de Pinto) y otros tres trabajadores de la empresa de saneamiento municipal Aserpinto. La sentencia probó que Castro fue coaccionada y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE la expulsó “por ofensas y menoscabo hacia cargos públicos”, cuando era ella la que sufría maltrato psicológico.
Paloma Crespo fué despedida de su trabajo en una empresa de saneamiento de Pinto en marzo de 2001. Su despido fue declarado improcedente por lo que tuvo que volver a su trabajo en septiembre de ese mismo año. A partir de su readmisión, su vida se convirtió en un infierno. Según cuenta Paloma a EPOCA: “Antonio Fernández, alcalde de Ppinto y presidente de la empresa donde trabajaba me dijo que no sería bien recibida, que tenía fecha de caducidad y que me iba a hacer la vida imposible. Me ubicó en una mesa sin teléfono ni ordenador”
Expulsada del partido
Ante esa situación, Crespo se puso en contacto con las altas estancias, llegando a mandar una misiva incluso a Pepiño Blanco. El resultado no pudo ser más desalentador. No la hicieron ni caso. Ella era una simple militante de base y su cooacinador el poderoso alcalde de Pinto. el final estaba cantadado y fue expulsada del partido.
El motivo de la expulsión fue ofender y menoscabar la imagen del alcalde de Pinto y de unas concejalas del Ayuntamiento. Sin embargo, el pasado 9 de mayo, el juzgado número 1 de Getafe condenó a Antonio Fernández y a otras tres personas por mobbing sobre Crespo. La sentencia le condena a una multa de 36.000 euros y a una inhabilitación de 24 meses

El sindicato Manos limpias exige apertura de un expediente


Manos Limpias pide al CGPJ que abra expediente disciplinario a María Emilia Casas
El colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias ha presentado una denuncia al Consejo General del Poder Judicial contra la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, en la que exije la apertura de un expediente disciplinario por cometer falta muy grave, otra falta grave y una leve en el ejercicio de sus funciones.
Una vez sobreseída la causa penal contra la presidenta del Constitucional, Manos Limpias considera que María Emilia Casas ha incurido en una falta muy grave al prestar asesoramiento verbal a una tercera persona.
Según el colectivo denunciante, el hecho de que María Emilia Casas estudiara una documentación escrita sobre un caso particular constituye un asesoramiento y no un simple comentario o consejo como afirma el Tribunal Supremo. Los funcionarios públicos entienden además que, tratándose de un miembro del más alto tribunal de justicia, se ha provocado un daño tangible a la institución y al Estado de Derecho