La nacionalización total de la banca está encima de la mesa. No como una posibilidad remota para un supuesto excepcional. Sino como algo con visos de certeza en un futuro no muy lejano. El argumento ha dejado de ser la solvencia de las entidades y la necesidad de soportarlas a través de inyecciones de capital. O el deseo de transmitir a la opinión pública la seguridad de que el Estado garantiza por completo sus depósitos, a la vez que, por cierto, se asegura el control de los recursos financieros en un momento en el que estos escasean. Qué va. La razón última sería que, en un mercado como el del crédito, en el que hay prestamistas y prestatarios, los primeros no estarían cumpliendo su papel. Paradoja de un crecimiento sustancial de las cifras globales de suministro crediticio y una simultánea merma sustancial de la financiación a la economía real. Las instituciones supranacionales o locales de carácter oficial aportarían una liquidez que estaría siendo guardada celosamente en su balance por la banca privada, reacia a ponerla en circulación y cumplir con su papel de ligazón entre ahorradores e inversores. Cuando la esencia del negocio bancario, la que le da justificación, desaparece, el sector pierde su carácter diferencial y se iguala con otras industrias necesitadas de la mirada cariñosa de la administración. Su ayuda asumiría, para el común de la ciudadanía, un carácter arbitrario, con el consecuente coste que ningún político quiere asumir. Pero la necesidad de su existencia obligaría al Estado a suplir inevitablemente su actividad. En ese punto del debate es en el que hoy nos encontramos.
La discusión se ha abierto en varios frentes a lo largo de la semana que ahora concluye. Fue el miembro del Banco Central Europeo, Lorenzo Bini Smaghi, quien el martes, en una conferencia pronunciada en Madrid, vinculó el éxito de las distintas políticas expansivas acordadas por los gobiernos de la Eurozona a la realización simultánea de un programa de recapitalizaciones bancarias “abundante y generalizado”,
tal y como recogió el WSJ. Por su parte Mervyn King, gobernador del Banco de Inglaterra, daba un paso más allá el mismo martes
al señalar ante el Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes que “el principal reto al que se enfrenta la política económica británica es la normalización del crédito bancario” y que “no descarto una nacionalización completa del sector si fuera necesario”. Pero, junto a los reguladores, numerosos analistas han llegado a la misma conclusión.
Destaca, por lo contradictorio, Willem Buiter en Financial Times ya que, tras señalar hace menos de diez días el peligro que para las finanzas de Reino Unido se derivaba de la intervención de Estado en el sector, tal y como recogimos
en este mismo Valor Añadido, ahora se descuelga con la propuesta de hacer pública toda su banca. Sin embargo -y aquí es donde creo que se columpia por lo inviable de su propuesta, que persigue justificar una cosa y su contraria- manteniendo la responsabilidad limitada de las entidades (¿con un accionista con recursos teóricamente ilimitados? No me lo creo). Sólo así, concluye Buiter, se podrá evitar una nueva Gran Depresión.
Bien, más allá de los vaivenes intelectuales del bloguero, no lo tomen en sentido peyorativo, lo cierto es que el autor se está limitando a reflejar una situación que hoy, de facto, existe en las Islas. Lean si no el primer párrafo de la pieza de John Kay
el miércoles en el propio FT. La intervención administrativa en las entidades de aquél país cuenta con pocas y sonadas excepciones, como Santander-Abbey y Barclays, ambas en el disparadero en las últimas semanas. Reconoce Kay el dudoso éxito de experiencias similares en el pasado y apunta a una cuestión que merece mayor detenimiento: la reciente y preocupante convergencia en el modo de actuación de gobernantes y banqueros en los años inmediatamente anteriores a la crisis que se iniciara, de un modo formal que no real, en agosto de 2007. No en vano, no es difícil encontrar características comunes en el comportamiento tanto de unos como de los otros. Destaquemos, entre otras, las siguientes:
1. No hay, salvo contadas excepciones, una estructura de propiedad concentrada dada la amplitud de la base electoral o accionarial.
2. Ambos gestionan principalmente recursos de terceros, ciudadanía o ahorradores.
3. Su rendición de cuentas es a corto plazo, anual o en virtud de cada elección, respectivamente, y a ella está vinculada su remuneración en términos de poder económico o político.
4. Precisamente por ello ambos son late cyclicals de forma tal que donde hay un duro a ganar o un voto a rascar, ahí están poniendo pasta, sólo diferenciándose, teóricamente, en el mayor o menor altruismo de su actuación.
5. Ambos se necesitan, lo que hace que se apalanquen en el otro para alcanzar sus respectivos objetivos. Las medidas contra ciclo sólo pueden venir impuestas por un tercero teóricamente independiente a ambos, si es que llegan.
6. Recopilación de lo anterior: se asume tanto riesgo como los supervisores o controladores dejan en la certeza de que si las cosas salen bien hay recompensa sustancial pero si salen mal serán otros los que asuman las consecuencias.
Desde ese punto de vista cabría argumentar que, en definitiva, la entrada en escena del Estado supondría, en el peor de los casos, una continuidad respecto a las políticas desarrolladas por muchas entidades con anterioridad con la ventaja de la salvaguarda pública y la defensa del interés colectivo en forma de cauces de financiación. Me río yo de los peces de colores. Creer a estas alturas de la vida en el altruismo político cuando hay dinero de por medio es un ejercicio de ingenuidad infantil y más en un momento recesivo de la economía como el actual. ¿Es necesaria la nacionalización de la banca? No, mientras existan otras alternativas que impidan elevar el riesgo privado a público y nos limitemos a la cuestión que hoy aquí se aborda: la banca no presta. ¿Cuáles? Un sistema de avales públicos a la operaciones de financiación presentadas por las entidades privadas que cumplan con unas determinadas condiciones de solvencia del prestatario, capacidad de repago y garantías aportadas, por un importe inferior a la totalidad de la cuantía solicitada para que la banca asuma un riesgo no cubierto y ajuste sus predicciones, en plazo limitado y renovable en función de la evolución de las circunstancias de la economía y a un tipo preferente que el banco puede repercutir sobre el cliente toda vez que la garantía pública reduciría los diferenciales. El efecto sobre el mercado resultaría similar pero la acción administrativa sería menos costosa para el contribuyente, supondría un menor riesgo futuro, mantendría la competencia privada, incentivaría la búsqueda de la rentabilidad y evitaría la arbitrariedad. Siempre será mejor, digo yo, que matar moscas a cañonazos. Su turno.
