El Sr. Caballero debe exigir

Urbanismo: El derribo de un edificio provocaría la quiebra del Ayuntamiento de Vigo
Las indemnizaciones a las cien familias afectadas supondría 40 millones para las arcas municipales.

No se va a llevar a cabo algo ilógico y bajo el paraguas de "Sentencia imposible de ejecutarse, o inaplicables", pero yo me pregunto, quién debe responder por esta ilegalidad, quién cobra por aplicar la legalidad, qué responsabilidades tienen nuestros gobernantes que además están excelentemente pagados, , es hora de exigir responsabilidades: disciplinarias, políticas y penales, a qué espera el gobierno municipal encabezado por el ExMinistro Sr. Caballero.

La confirmación del Tribunal Supremo de la demolición de la Colina de Castrelos, uno de los edificios más poblados de Vigo con cerca de cien familias, ha hecho saltar la alarma de la Administración local. Ayer el alcalde reconoció que la sentencia, en la que se desestima un recurso de casación interpuesto por los propietarios, «supone una grave amenaza financiera y, en caso de proceder a su demolición, el Ayuntamiento entraría en quiebra». El inmueble está valorado en 40 millones de euros, la misma cifra que tendría que desembolsar el Concello para indemnizar a los propietarios.
Abel Caballero acata la sentencia, pese a no haber entrado todavía en el registro municipal. Deja la solución en manos de los técnicos y exige responsabilidades políticas, tanto en este caso como en otros que afectan a otras formaciones políticas, como sucede con la construcción de Finca do Conde, cuya licencia fue otorgada por el PP.
Licencia
Se da la circunstancia de que la licencia de la Colina de Castrelos, también conocida como Piricoto, fue concedida en 1991 por un alcalde del mismo color político, el entonces socialista Manoel Soto. Su anulación por los tribunales se justificó por no adaptarse a los entornos de las zonas protegidas por Patrimonio Histórico, ya que se encuentra situado en las inmediaciones del parque de Castrelos y del pazo Quiñones de León.
Ahora, en los fundamentos de derecho, el Supremo explica que la única forma de ejecutar la sentencia dictada por el tribunal en 1994 y que se hizo firme con posterioridad es «proceder a la demolición total o parcial del inmueble, para lo que la Administración municipal deberá redactar en el plazo de un mes un proyecto de demolición».
Los denunciantes, agrupados en su día en la asociación de vecinos de Castrelos, exigen que se ejecute la sentencia y no están dispuestos a escatimar esfuerzos para conseguir la recuperación de la legalidad urbanística.
Si bien este no es el único caso de sentencia de derribo de un edificio en Vigo, sí es el más complicado de resolver. Mientras que otros como las torres de Ifer o la Finca do Conde podrían quedar legalizados con el nuevo Plan Xeral que entra en vigor el día 25, este correría el peligro de repetir el problema con una nueva licencia.
El gobierno municipal anterior de Corina Porro intentó buscar una solución y envió a la Consellería de Cultura y al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un proyecto básico de restauración de la legalidad urbanística. Sin embargo, no obtuvo respuesta.
Ayer el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Figueroa, no ocultó la «situación delicada, que podría significar la bancarrota del Concello». Pidió al alcalde que dé a conocer qué alcance jurídico tiene la decisión, así como el estado en el que se encuentra la tramitación del expediente y las decisiones que piensa adoptar el gobierno local.
Figueroa exige a Abel Caballero el mismo trato que cuando las sentencias afectan a gobiernos de otro color, así como la petición de responsabilidades a los que concedieron la licencia, en este caso de su mismo partido.
En opinión del representante del BNG y teniente de alcalde de Vigo, Santiago Domínguez, habría que tratar de hacerle un hueco dentro de la legalidad porque la ciudadanía no tiene por qué pagar los errores políticos. Cree que el Concello no puede asumir las indemnizaciones millonarias, pese tener claro que hay que cumplir la legalidad y esperar las conclusiones de los técnicos