8 dic 2011
El autor de los casos de mayor corrupción en España , condenado por el TEDH, Felipe el sabio, comienza la Operación Columna bis
- EN UN LUJOSO RESTAURANTE DE MADRID
- 07 DIC 2011 | Gaceta.es
El iraní Farshad Zandi, presidente de Star Petroleum, fue rector de la Fundación Atman, un 'think tank' estrechamente vinculado al Grupo Prisa y donde gestó su amistad con el ex presidente.
Felipe González come con un empresario iraní del 'oro negro'
Según ha podido saber Gaceta.es, Massoud Farshad Zandi se ha visto con Felipe González en un conocido restaurante de la capital. La relación de amistad entre ambos viene desde años y con un objetivo, según explican algunos, claramente empresarial-ideológico.
El iraní fue presidente de la Fundación Atman, un 'think tank' estrechamente vinculado alGrupo Prisa y al equipo del presidente Zapatero. Según algunos medios este oblicuo personaje, presidente de Star Petroleum, en su momento utilizado para lanzar su alianza de las civilizaciones, siempre ha estado en la órbita del Felipismo y de la familia Polanco. Es más, la vicepresidenta de la fundación fue Teresa Aranda, esposa de Juan Luis Cebrián.
También es un viejo conocido de los negocios petroleros. Hace poco más de una año, la compañía que preside Star Petroleum firmó un contrato con el Gobierno de Sudán para la exploración y producción de hidrocarburos en el sur del país africano donde tenía previsto invertir más de 200 millones de dólares durante los próximos años.
Lo que deciamos muchos, resulta ser verdad, y se sabe bien poco, un grito: Responsabilidades penales y políticas
Mayor Oreja: La herencia envenenada de Zapatero llevará a ETA al Gobierno vasco
Jaime Mayor Oreja ha asegurado hoy que Zapatero, deja una "herencia envenenada" que llevará a ETA a alcanzar el poder en el Gobierno vasco.
El ex ministro del Interior y eurodiputado ha realizado estas afirmaciones en una entrevista en Onda Cero a propósito del libro "ETA, las claves de la paz" que el presidente de los socialistas vascos,Jesús Eguiguren, y el periodista de "El País" Luis Rodríguez Aizpeolea, han publicado sobre las conversaciones del Gobierno con la banda terrorista entre junio de 2006 y mayo de 2007.
El ex ministro del Interior con el Gobierno de José María Aznar ha dicho en numerosas ocasiones que el Ejecutivo de Zapatero negociaba con ETA y, en este sentido, hoy ha subrayado que siempre ha estado "muy tranquilo" con su conciencia.
Sus afirmaciones sobre esa negociación, ha añadido Mayor Oreja, no eran un "invento" suyo, ni un "capricho" ni una "vendetta", sino su compromiso con "decir la verdad" y con "lo que estaba viendo".
"Tengo la conciencia tranquila porque lo que estaba diciendo es la verdad", ha recalcado Mayor Oreja antes de acusar al Gobierno de Zapatero de dejar una "herencia envenenada" en materia de terrorismo, porque ETA "puede alcanzar el poder y tiene al alcance de la mano el Gobierno vasco".
A su juicio, ETA "ya ha ganado las primarias dentro del nacionalismo vasco" con los resultados de la izquierda aberztale en las elecciones del 22 de mayo y en las generales del 20 de noviembre.
"ETA pueda estar en el poder en 2013 con Arnaldo Otegi de candidato", ha apostillado.
A su juicio, si Amaiur obtiene un voto más que el PNV, habrá que ver si el partido que preside Iñigo Urkullu "le quita el poder" o, por el contrario, "no tendrá más remedio que aceptar un lehendakari abertzale".
Respecto al libro de Eguiguren, el eurodiputado ha considerado una "desvergüenza moral" explicar "esas cosas" en una publicación y ha dejado claro el "bochorno" que le produce que Eguiguren quiera apuntarse el tanto de que "gracias a él y a su esfuerzo pudo convencer a Zapatero" para se llevara a cabo el proceso de negociación con ETA.
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Una idea: que militaricen a los Jueces que no son del PSOE, y que le dén poderes a Felipe González, y Stalin resucitó
Rodrigo Gavilán. Madrid
El policía expedientado denunció “presiones” del ex comisario provincial. De Lara Cifuentes abre diligencias a raíz de una información publicada por LA GACETA.
Aunque parezca kafkiano, ha tenido que ser una información publicada en LA GACETA, y no las informaciones que ya tenía en Ministerio del Interior, las que han originado que, esta misma semana, el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo haya abierto diligencias judiciales para esclarecer las represalias sufridas por un sindicalista de la Policía tras avisar a la juez de Lugo de una trama policial contra ella.
Después de la exclusiva publicada por LA GACETA el pasado 28 de noviembre titulada “Interior expedienta a un policía que denunció ‘presiones’ en la trama del caso Blanco”, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, María del Pilar De Lara Cifuentes, ha ordenado la apertura de diligencias previas para esclarecer los motivos por los que Interior expedientó al agente de Policía y le ha citado a declarar. La citación judicial, a la que ha tenido acceso en exclusiva este diario, está fechada el pasado 1 de diciembre y desvela la apertura de un nuevo procedimiento abreviado 2934/2001 en el que se cita para el próximo día 20 de diciembre a las 10.00 horas al agente de policía Juan Carlos C. G. “para que comparezca a fin de prestar declaración”.
La noticia publicada la semana pasada en estas páginas informaba sobre las presuntas represalias ejercidas por el ex comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Lugo, e imputado por delitos de prevaricación en la llamada operación Carioca, Maximino Losada, contra el policía que desveló a la juez encargada del caso que el máximo responsable policial quería utilizar a los abogados de los sindicatos policiales para que se personaran en el proceso y desde dentro sembrarlo de dudas y así poder bombardearlo.
Todo comenzó cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ordenó el inicio de la operación Carioca –que produjo el desmantelamiento de una trama de corrupción policial en Lugo que daba cobertura a una red de prostitución ilegal integrada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y donde figuran imputados el ex comisario Maximino Losada y el jefe de la comandancia de la Guardia Civil Gonzalo Borrás, y que contaba con la implicación del ex subdelegado del Gobierno en la provincia, el socialista Jesús Otero. Esta es la antesala de la operación Campeón, donde se investiga una trama de corrupción empresarial que apunta a la presunta implicación del actual portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco.
Cuando se produjeron las primeras detenciones, el entonces comisario Losada advirtió a los sindicatos policiales de Lugo de que debían prepararse “para lo que iba a venir” y de que debían “preparar” a sus “servicios jurídicos”. Incluso intentó utilizar a los sindicatos de Policía para “parar lo que estaba por venir”. La maniobra consistía en que los sindicatos lucenses se personaran en la causa para, una vez dentro, intentar bombardear el proceso judicial, sembrando dudas en las investigaciones. Días después, el secretario provincial del sindicato policial CEP de Lugo, Juan Carlos G. C., se personó en el juzgado e informó a la juez sobre las intenciones del comisario.
Siete días después, el comisario abrió dos expedientes disciplinarios contra el sindicalista policial por unos hechos ocurridos semanas antes. El primero se cerró por acusación infundada, y el segundo se basó en que el mismo día salió a patrullar sin el equipo portátil de transmisión. Fuentes policiales aclaran que “en Lugo en las labores de patrulla de seguridad se lleva siempre el equipo fijo del vehículo y que el coordinador de servicio no había asignado equipo portátil ese día”.
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Hay que matar al mensajero y a la verdad, y si no pueden que apliquen la Operación Columna, a la cárcel o a los psiquiátricos militares
El Poder Judicial investiga por sorpresa a la juez del 11-M
08 DIC 2011 Diego Carrasco. Madrid
El fiscal de Madrid, nombrado por Bermejo y vinculado al PSOE, exigió al Servicio de Inspección del máximo órgano judicial que inspeccionara a la magistrada Coro Cillán.
“El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, cuya titular es la magistrada Coro Cillán, ha sufrido en los últimos días una inspección por sorpresa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, han asegurado a LA GACETA fuentes judiciales. Esta actuación del máximo órgano de gobierno de los jueces, cuando menos, llama la atención al no tratarse de una visita programa del servicio de inspección. Y todo ello “dentro de un contexto en el que la magistrada Cillán está empeñada en saber la verdad de lo que ocurrió en los atentados del 11-M”, apuntan.
En este sentido, las citadas fuentes sostienen que “desde el CGPJ se quiere apartar a la magistrada de la investigación” de la matanza ocurrida en Madrid. Al parecer, desde la Fiscalía Provincial de Madrid, dirigida por Eduardo Esteban, discípulo de Mariano Fernández Bermejo y hombre muy próximo a los socialistas, se presentó un escrito ante el servicio de inspección del CGPJ para que indagara presuntas irregularidades en el juzgado de Cillán. “Esteban fue nombrado fiscal jefe provincial de Madrid en 2008 gracias a las presiones que el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hizo sobre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido”, enfatizan.
Y es que “la juez está tocando un tema muy sensible”, señala un miembro de la judicatura. En este punto explican a este diario que el CGPJ hace dos tipos de inspecciones. Una, programada, que suelen ser las rutinarias que se hacen en todos los juzgados y tribunales españoles, donde se examina el estado general del juzgado. Y otra, las que se hacen de un modo extraordinario y sin avisar. Es decir, “se presenta un magistrado inspector en el juzgado correspondiente y se centra en averiguar cómo se está tramitando un asunto concreto por si existe alguna irregularidad procesal o de cualquier otro tipo”, comentan. A continuación, en los próximos días, el servicio de inspección remitirá un informe detallado al CGPJ. Es más, “pudiera suceder que si se encuentra materia suficiente para ir contra la juez el asunto se pasaría a la Comisión Disciplinaria de dicho órgano para que proceda lo que a Derecho corresponda”, explican.
“Esta segunda opción es la que ha podido ocurrir teniendo en cuenta la intensidad y constancia en la investigación que la magistrada Cillán está demostrando en el 11-M”, apuntan fuentes jurídicas.
De hecho, hace unas semanas admitió a trámite una querella presentada por los abogados de Saed el Harrak, condenado a 12 años de prisión por colaboración con banda armada y por formar parte de la célula yihadista autora de la matanza, contra Juan Jesús Sánchez Manzano, jefe de los Tedax y contra la funcionaria perito química adscrita al laboratorio por destruir pruebas.
¿Y las pruebas?Según el escrito acusatorio, Sánchez Manzano y su compañera en los Tedax “destruyeron e hicieron desaparecer la mayor parte de la multitud de restos y vestigios”. También se le acusa de no entregar el resultado de los análisis efectuados a los explosivos. En esta causa que investiga Coro Cillánestán personados la Asociación de Ayudas a las Víctimas del 11-M, la AVT, el SUP, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la madre de Jamal Zougam.
Es más, LA GACETA antes de ayer informó en exclusiva de que la juez ha admitido a trámite el escrito de pruebas presentado por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias para esclarecer “quién ordenó destruir, desguazar y, en su caso, reparar los trenes explosionados”.
Con todo, es cierto que la magistrada está indagando sobre un asunto muy sensible que no gusta a algunos, pues pueden salir a relucir conclusiones hasta ahora desconocidas o no juzgadas por la Sala Penal de la Audiencia Nacional.
Un asunto muy claro que tiene Coro Cillán es que “no pretende revisar la sentencia como cosa juzgada dictada por la Audiencia”, señalan. “Sólo persigue averiguar qué delitos se cometieron distintos a los autores materiales”. “Esto demuestra que la magistrada de instrucción está muy presionada para que dé carpetazo a un tema que fue una de las grandes incógnitas que están sin resolver”, comentan.
5 dic 2011
Felipe González y el PSOE fueron condenandos por el TEDH, sentencias sin ejecutar
Condenado un Guardia Civil que criticó a Zapatero por incumplir sus promesas con la Benemérita
Lorena Toledo. 05.12.11. El agente ha sido sancionado a un mes de suspensión de empleo al considerarle responsable de la falta grave por “conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil”. Le envió una carta a Zapatero criticando que la Guardia Civil siguiera siendo la gran olvidada de sus políticas, la falta de medios y las diferencias de sueldos respecto a otros cuerpos como la Ertzaintza.
El Director General de la Policía y la Guardia Civil impuso al agente de la benemérita la sanción de tres meses por incumplir el régimen disciplinario del Cuerpo. El motivo: el envío de una agria carta al presidente del Gobierno.
La defensa del sancionado interpuso un recurso de alzada que fue desestimado por el Ministro de Defensa, José Antonio Alonso. Tras este aparente revés, el agente presento nuevamente un recurso ante el Tribunal Militar Central solicitando que se declarase su nulidad; fue rechazado.
La misiva que envió comenzaba con un “Al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno”, y continuaba con una serie de demandas que se concretan principalmente en el “incumplimiento de las reformas que se contenían en el programa electoral del partido hoy en el Gobierno”.
Además señalaba que “el Gobierno ha perdido toda credibilidad”, y que “el incumplimiento de sus promesas es la principal causa de desmoralización y de desánimo entre los miembros de la Guardia Civil”.
Además, el agente en la carta añadía “Vaticino que hasta que su Gobierno no lleve a cabo de forma íntegra su programa electoral en lo concerniente a los Guardia Civiles, la situación de malestar y crispación no va a mejorar y solo puede empeorar”.
3 dic 2011
El Gobierno deja en la estacada a Eguiguren: "No sabe de lo que habla"
Niega que el Gobierno pactara el texto de la conferencia de San Sebastián y que sigan negociando con ETA.
Ha sido una de las contadísimas ocasiones en las que la contundencia no se ha hecho esperar. Y tampoco el desmentido. Las declaraciones del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, afirmando que la banda terrorista ETA y el Gobierno del PSOE están hablando desde hace tiempo y que el documento que se aprobó en la Conferencia de Paz celebrada en el Palacio de Ayete fue consensuado entre el Ejecutivo y ETA, han provocado una de las negaciones más rotundas del ministro portavoz en funciones, José Blanco, en un Consejo de Ministros en el que cargaba contra un dirigente del PSOE. Primera pregunta y primera respuesta contundente:
"Lo que ha dicho Eguiguren no es cierto y en este asunto, el señor Eguiguren no sabe de lo que habla". Su tajante respuesta no ha aplacado el ánimo de los periodistas sino más bien al contrario. Preguntado por Libertad Digital sobre si el desmentido afectaba a las dos cuestiones que planteaba Eguiguren, tanto la negociación con ETA como lo relativo a la Conferencia de San Sebastián, respondía: "Ni ha asistido en nombre del Gobierno" a la Conferencia de San Sebastián "ni es cierto que hubiera contactos" entre el Gobierno y ETA.
Tras zanjar el asunto diciendo que "al Gobierno no le consta ningún tipo de contacto ni negociación", fue preguntado sobre si esa desautorización al líder de los socialistas vascos se iba a traducir en alguna medida contra quien todavía ostenta la presidencia del PSE: "Yo estoy hablando en nombre del gobierno de España. Lo que ha manifestado el señor Eguiguren no es cierto".
Y dejaba la cuestión para un PSOE donde tanto la Ejecutiva Federal como el grupo parlamentario son provisionales, interinos, y en donde todavía no se han registrado candidaturas de cara a renovar la Secretaría General los próximos días 3, 4 y 5 de febrero en el 38º Congreso del PSOE, que se celebrará en Sevilla.
2 dic 2011
Jorge Marcos. 23.11.11. Alberto Garzón, primer parlamentario del movimiento 15-M, pasa de su condición de investigador precario a político bien remunerado: Dice que «daré el 60% del sueldo a mi partido», pero no renuncia a cobrarlo tal y como reivindica el movimiento 15-M y se calla sobre el resto de privilegios que tendrá por convertirse en político y que tanto criticaba hasta hace unos días como las dietas o los pagos en especie como el portátil o los móviles.
Todavía no se ha dado cuenta, pero su vida ya ha empezado a cambiar. Se llama Alberto Garzón, tiene 26 años y hasta ayer su perfil era el de muchos otros jóvenes españoles, de izquierdas, activista social e investigador precario que tiraba subsistiendo con las magras becas que iba encadenando. Pero desde las elecciones del 20N, Alberto es todas esas cosas y además diputado por Málaga. Según cuenta la prensa estos días, el primer parlamentario proveniente del movimiento 15M.
Nacido en Logroño, pero criado en Málaga desde los 8 años, Garzón ha llegado a esto de la política rebotado desde el activismo callejero y, al menos de momento, se le nota: «No concibo la política como un trabajo, ni como un fin en sí mismo», dice, y asegura que asumirá el compromiso que comparte con otros miembros de Izquierda Unida, coalición para la que ha alcanzado el escaño, de entregar a su formación el 60% de su sueldo como diputado. Unos ingresos que, seguro, superarán con creces a los que él está habituado. Y es que Alberto, como muchos jóvenes de su generación, nunca ha superado el umbral del mileurismo: «Tuve una beca en el Instituto de Comercio Exterior y otra en la Universidad Pablo de Olavide, pero nunca superaron los ochocientos euros».
«Mi modelo es Julio Anguita»
Garzón ocupará uno de los once escaños de Izquierda Unida en e Congreso en la próxima legislatura, pero él está poco por apoltronarse y sí por la tradición más alborotadora y revoltosa de la izquierda española. Al más puro estilo de Largo Caballero, Garzón anuncia que estará en las instituciones, pero que no va a darles tregua. «Mi visión en este sentido es rupturista o revolucionaria en el buen sentido. Nosotros estaremos en el Parlamento, pero para canalizar las protestas de la calle, en la que también estaremos». Así que su fórmula consiste en agitación y acción institucional porque, según cree, hay que luchar también contra la «burocratización», lacra en la que dice que PP, PSOE, pero también IU, han incurrido. Para él su modelo de integridad en política es Julio Anguita, «un señor que rechazó cualquier pensión vitalicia que terminada su labor se volvió a dar clases a su instituto».
Cuenta que siente una «gran responsabilidad» y que su compromiso será el de ser la voz de las protestas de la calle, y cree que la mayoría absoluta del Partido Popular es coyuntural: «No es que la mayoría se haya derechizado. «El Partido Popular ha ganado con el 44% de los votantes, pero hay que tener en cuenta la abstención y a la gente que ha votado a partidos minoritarios», dice, aunque no oculta que «ha habido mucha gente que, simplemente, ha pensado, bueno, como no lo ha arreglado el PSOE, que venga el PP», razonamiento que él atribuye a la «escasa cultura política que hay en España».
Dice que ya ha empezado a sufrir los inconvenientes asociados a su nueva responsabilidad institucional. Su señoría, joven economista, va a tener mucho menos tiempo para sacar adelante su proyecto de tesis doctoral. «Crecimiento económico y modelos de distribución de la renta» es el título, bastante indicativo de cuál es su orientación ideológica. Integrante de ATTAC, movimiento que lleva años reclamando la imposición de la denominada tasa Tobin a las transacciones financieras, Garzón sostiene que es necesaria una acción fiscal ambiciosa para que pueda alimentarse el crecimiento económico y reconoce que su postura es la de de los «heterodoxos». Pero denuncia que esa es una etiqueta falaz: «Se nos proscribe pero por una cuestión de intereses políticos o económicos. Lo que ocurre es que se intenta definir la economía como una ciencia exacta cuando no lo es, pero se hace porque no se quiere que se piense de otra manera».
Le asista o no la razón, en pocos días, va a tener en el Parlamento un gran altavoz para sus planteamientos. El mileurismo y la precariedad quedaron atrás.
«El 15M corre riesgo de deshincharse»
Alberto Garzón ha sido un integrante activo del movimiento 15-M, pero no esconde la crítica, siempre constructiva, respecto al mismo. Para él, la corriente de los indignados, «corre riesgo de deshincharse si no acepta colaborar con otros actores sociales, como los sindicatos de clase». El nuevo diputado entiende que los indignados tienen que entender que «la lucha de la calle es necesaria, pero por sí sola no basta» y existen otros agentes con los que se debe colaborar, aunque en algún momento desde el propio 15M se hayan alzado voces críticas contra ellos.