Una idea: que militaricen a los Jueces que no son del PSOE, y que le dén poderes a Felipe González, y Stalin resucitó

Una juez de Lugo actúa contra Interior por sancionar a un testigo del 'caso Blanco'

Rodrigo Gavilán. Madrid

El policía expedientado denunció “presiones” del ex comisario provincial. De Lara Cifuentes abre diligencias a raíz de una información publicada por LA GACETA.

Aunque parezca kafkiano, ha tenido que ser una información publicada en LA GACETA, y no las informaciones que ya tenía en Ministerio del Interior, las que han originado que, esta misma semana, el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo haya abierto diligencias judiciales para esclarecer las represalias sufridas por un sindicalista de la Policía tras avisar a la juez de Lugo de una trama policial contra ella.

Después de la exclusiva publicada por LA GACETA el pasado 28 de noviembre titulada “Interior expedienta a un policía que denunció ‘presiones’ en la trama del caso Blanco”, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, María del Pilar De Lara Cifuentes, ha ordenado la apertura de diligencias previas para esclarecer los motivos por los que Interior expedientó al agente de Policía y le ha citado a declarar. La citación judicial, a la que ha tenido acceso en exclusiva este diario, está fechada el pasado 1 de diciembre y desvela la apertura de un nuevo procedimiento abreviado 2934/2001 en el que se cita para el próximo día 20 de diciembre a las 10.00 horas al agente de policía Juan Carlos C. G. “para que comparezca a fin de prestar declaración”.
La noticia publicada la semana pasada en estas páginas informaba sobre las presuntas represalias ejercidas por el ex comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Lugo, e imputado por delitos de prevaricación en la llamada operación Carioca, Maximino Losada, contra el policía que desveló a la juez encargada del caso que el máximo responsable policial quería utilizar a los abogados de los sindicatos policiales para que se personaran en el proceso y desde dentro sembrarlo de dudas y así poder bombardearlo.
Todo comenzó cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ordenó el inicio de la operación Carioca –que produjo el desmantelamiento de una trama de corrupción policial en Lugo que daba cobertura a una red de prostitución ilegal integrada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y donde figuran imputados el ex comisario Maximino Losada y el jefe de la comandancia de la Guardia Civil Gonzalo Borrás, y que contaba con la implicación del ex subdelegado del Gobierno en la provincia, el socialista Jesús Otero. Esta es la antesala de la operación Campeón, donde se investiga una trama de corrupción empresarial que apunta a la presunta implicación del actual portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco.
Cuando se produjeron las primeras detenciones, el entonces comisario Losada advirtió a los sindicatos policiales de Lugo de que debían prepararse “para lo que iba a venir” y de que debían “preparar” a sus “servicios jurídicos”. Incluso intentó utilizar a los sindicatos de Policía para “parar lo que estaba por venir”. La maniobra consistía en que los sindicatos lucenses se personaran en la causa para, una vez dentro, intentar bombardear el proceso judicial, sembrando dudas en las investigaciones. Días después, el secretario provincial del sindicato policial CEP de Lugo, Juan Carlos G. C., se personó en el juzgado e informó a la juez sobre las intenciones del comisario.
Siete días después, el comisario abrió dos expedientes disciplinarios contra el sindicalista policial por unos hechos ocurridos semanas antes. El primero se cerró por acusación infundada, y el segundo se basó en que el mismo día salió a patrullar sin el equipo portátil de transmisión. Fuentes policiales aclaran que “en Lugo en las labores de patrulla de seguridad se lleva siempre el equipo fijo del vehículo y que el coordinador de servicio no había asignado equipo portátil ese día”.
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