urbanismo La Xunta inicia la tramitación de las reglas del desarrollo urbanístico de Galicia
Abre un plazo de dos meses para las alegaciones a las directrices con las que pretende contener la dispersión
El reglamento que sienta las bases del nuevo modelo de expansión urbanística de Galicia entró ayer, con la publicación en el DOG de la orden por la que Política Territorial aprueba inicialmente el documento, en la fase de tramitación previa al visto bueno definitivo de la Xunta para su entrada en vigor. Política Territorial someterá las directrices de ordenación del territorio a información pública durante los próximos 60 días, en los que podrán presentarse alegaciones a una estrategia en la que la Administración identifica áreas de desarrollo para racionalizar el crecimiento del país y contener una dispersión que encarece la prestación de servicios básicos.
Las directrices, cuya aprobación inicial llega casi dos meses después de su presentación por parte de Touriño y la conselleira María José Caride, dibujan una nueva jerarquía de asentamientos a partir de los existentes: el sistema de ciudades, el urbano intermedio, los nudos de equilibrio territorial y el resto de los núcleos. En el primer nivel, el documento sitúa las dos áreas de mayor peso demográfico y económico: la metrópoli ártabra, que integra a las ciudades de A Coruña y Ferrol, y la de las Rías Baixas, que comprende el eje Vigo-Pontevedra. Aunque el Gobierno bipartito ha matizado que esta delimitación no tiene nada que ver con entidades jurídicas y solo fija espacios para configurar infraestructuras y equipamientos, las directrices marcan una pauta evidente en el debate sobre las áreas metropolitanas. Las áreas urbanas corresponden a Santiago, Ourense y Lugo, con los municipios de sus entornos respectivos.
Política Territorial elaborará un plan integrado de carácter supramunicipal para cada espacio metropolitano y área urbana. La consellería se propone así, entre otros objetivos, impulsar el transporte colectivo y reforzar las conexiones por carretera y ferrocarril; localizar suelo para actividades empresariales y equipamientos metropolitanos; y coordinar los instrumentos municipales de planeamiento para darles coherencia.
El sistema urbano intermedio incluye a los núcleos que son cabecera de comarca, mientras que los nodos de equilibrio territorial están integrados por pequeñas villas y otros concellos de referencia comarcal.
Saneamiento garantizado
En cuanto a su aplicación práctica, las directrices establecen 197 determinaciones que concretan el nuevo modelo. Algunas de esas reglas refuerzan las obligaciones de los concellos en la elaboración de sus planes urbanísticos. Los instrumentos de ordenación y planeamientos que contemplen el desarrollo de actuaciones residenciales deberán ir acompañados de un diagnóstico justificado que no exceda el horizonte de 12 años. Además, no podrán planificar crecimientos desvinculados de los asentamientos previos y deberán garantizar la movilidad.
En la misma línea de favorecer el crecimiento cohesionado y frenar la urbanización difusa, la Xunta prohíbe en las directrices la ejecución de nuevos desarrollos cuando no esté garantizado el saneamiento y abastecimiento de agua. Todo el cableado nuevo deberá instalarse en galerías subterráneas.
Cuando expiren los dos meses para recoger alegaciones, Política Territorial aprobará provisionalmente las directrices, que remitirá al Consello de la Xunta y al Parlamento, aunque será el Ejecutivo el que las apruebe finalmente como decreto. Esa luz verde llegará con más de cuatro años de retraso sobre el calendario que marcó la Lei de Ordenación Urbanística 9/2002.
Abre un plazo de dos meses para las alegaciones a las directrices con las que pretende contener la dispersión
El reglamento que sienta las bases del nuevo modelo de expansión urbanística de Galicia entró ayer, con la publicación en el DOG de la orden por la que Política Territorial aprueba inicialmente el documento, en la fase de tramitación previa al visto bueno definitivo de la Xunta para su entrada en vigor. Política Territorial someterá las directrices de ordenación del territorio a información pública durante los próximos 60 días, en los que podrán presentarse alegaciones a una estrategia en la que la Administración identifica áreas de desarrollo para racionalizar el crecimiento del país y contener una dispersión que encarece la prestación de servicios básicos.
Las directrices, cuya aprobación inicial llega casi dos meses después de su presentación por parte de Touriño y la conselleira María José Caride, dibujan una nueva jerarquía de asentamientos a partir de los existentes: el sistema de ciudades, el urbano intermedio, los nudos de equilibrio territorial y el resto de los núcleos. En el primer nivel, el documento sitúa las dos áreas de mayor peso demográfico y económico: la metrópoli ártabra, que integra a las ciudades de A Coruña y Ferrol, y la de las Rías Baixas, que comprende el eje Vigo-Pontevedra. Aunque el Gobierno bipartito ha matizado que esta delimitación no tiene nada que ver con entidades jurídicas y solo fija espacios para configurar infraestructuras y equipamientos, las directrices marcan una pauta evidente en el debate sobre las áreas metropolitanas. Las áreas urbanas corresponden a Santiago, Ourense y Lugo, con los municipios de sus entornos respectivos.
Política Territorial elaborará un plan integrado de carácter supramunicipal para cada espacio metropolitano y área urbana. La consellería se propone así, entre otros objetivos, impulsar el transporte colectivo y reforzar las conexiones por carretera y ferrocarril; localizar suelo para actividades empresariales y equipamientos metropolitanos; y coordinar los instrumentos municipales de planeamiento para darles coherencia.
El sistema urbano intermedio incluye a los núcleos que son cabecera de comarca, mientras que los nodos de equilibrio territorial están integrados por pequeñas villas y otros concellos de referencia comarcal.
Saneamiento garantizado
En cuanto a su aplicación práctica, las directrices establecen 197 determinaciones que concretan el nuevo modelo. Algunas de esas reglas refuerzan las obligaciones de los concellos en la elaboración de sus planes urbanísticos. Los instrumentos de ordenación y planeamientos que contemplen el desarrollo de actuaciones residenciales deberán ir acompañados de un diagnóstico justificado que no exceda el horizonte de 12 años. Además, no podrán planificar crecimientos desvinculados de los asentamientos previos y deberán garantizar la movilidad.
En la misma línea de favorecer el crecimiento cohesionado y frenar la urbanización difusa, la Xunta prohíbe en las directrices la ejecución de nuevos desarrollos cuando no esté garantizado el saneamiento y abastecimiento de agua. Todo el cableado nuevo deberá instalarse en galerías subterráneas.
Cuando expiren los dos meses para recoger alegaciones, Política Territorial aprobará provisionalmente las directrices, que remitirá al Consello de la Xunta y al Parlamento, aunque será el Ejecutivo el que las apruebe finalmente como decreto. Esa luz verde llegará con más de cuatro años de retraso sobre el calendario que marcó la Lei de Ordenación Urbanística 9/2002.
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