MARIANO CALLEJA MADRID
Miércoles, 08-10-08
Las pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad que afecten a los funcionarios tendrán un recorte del 25 por ciento a partir del 1 de enero de 2009, siempre que el interesado no haya prestado servicio al Estado al menos durante veinte años. Esta medida de recorte social, que choca frontalmente con el discurso que ha mantenido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante las últimas semanas, está incluida en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2009, y ya ha hecho saltar las primeras alarmas entre los afectados.
El recorte en ese tipo de pensiones está «escondido» en las disposiciones adicionales del proyecto de ley de los Presupuestos. En concreto, hay que buscarlo en la Disposición Adicional Décimotercera: «Pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad del Régimen de Clases Pasivas del Estado».
El texto dice así: «Con efectos de 1 de enero de 2009 y vigencia indefinida, las pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad que se causen al amparo del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, tendrán una cuantía del 75 por ciento del importe que resulte de la aplicación de las normas contenidas en el artículo 31.4 del citado texto legal, cuando el interesado, en el momento de producirse el hecho causante, no tuviera cubiertos veinte años de servicios efectivos al Estado, en los términos del artículo 32 del citado texto refundido, y siempre que su incapacidad o inutilidad no le inhabilitase para toda profesión u oficio».
Agravamiento de la enfermedad
En la misma disposición adicional se especifica que si con posterioridad al reconocimiento de la pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente se produjera un agravamiento de la enfermedad o lesiones del interesado, que le inhabilitaran para el desempeño de toda profesión u oficio, siempre que esa circunstancia acaeciera antes del cumplimiento de la edad de jubilación forzoso, se podrá incrementar la cuantía de la pensión hasta el 100 por 100, de la que le hubiera correspondido en su día.
Las pensiones por incapacidad permanente o retiro de los funcionarios también se reducirán en otros casos, que se recogen en la Disposición Adicional Décimosexta. Cuando el interesado no esté incapacitado para otra profesión u oficio, se podrá compatibilizar el cobro de la pensión con el desempeño de dicha actividad siempre que sea distinta a la que venía realizando al servicio del Estado. En este caso, y mientras dure dicha situación, el importe de la pensión reconocida se reducirá al 75% de la correspondiente cuantía, si se acreditan más de veinte años de servicios efectivos al Estado; o al 55%, si el interesado hubiera cubierto menos de veinte años de servicios al momento de su jubilación o retiro.
La Unión de Guardias Civiles (UGC) ha sido el primero en protestar enérgicamente contra esta bajada de pensiones que, a su juicio, afecta a su institución de manera especial. El secretario general de UGC, Manuel Mato, ha explicado que a los guardias civiles que sean dados de baja a causa de un accidente en acto de servicio o resulten «heridos graves por un delincuente» se les aplicará una rebaja del 25 por ciento de su pensión si no llevan más de veinte años cotizando.
Enmienda a la totalidad de UPyD
Este recorte social puede tener efectos importantes en cuerpos de policías, guardias civiles, las Fuerzas Armadas, entre profesores de cuerpos docentes (donde se multiplican las bajas por enfermedades psicológicas, que pueden llegar a ser consideradas permanentes) e incluso entre funcionarios del sistema sanitario. Si estos trabajadores obtienen una pensión por incapacidad permanente, pero deciden trabajar en otro sector, la rebaja llegará hasta el 55 por ciento. Será, además, uno de los argumentos que incluirá Unión, Progreso y Democracia (UPyD)en la enmienda a la totalidad que ya está redactando.
Un caso concreto real, que ha conocido ABC: Fernando (nombre figurado) es un cabo primero de la Guardia Civil, y actualmente está pendiente de pasar a retirado por una enfermedad crónica e irreversible, tras más de 18 años de servicio. Si se aprueban los Presupuestos tal y como los ha redactado el Gobierno, le quedará una pensión de unos 1.050 euros sin trabajar en ningún otro sitio, y si quiere realizar algún tipo de desempeño laboral acorde con su discapacidad, le quedarán menos de 800 euros. Hasta este momento, la pensión media en este caso es de unos 1.400 euros, y podía compatibilizarla con otro desempeño laboral.
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