Nuestros políticos siempre igual , no dejan de asombrarnos desde su impunidad de ciudadanos de primera, estos brillantes servidores de la cosa pública o que se sirven de la cosa de todos, tuvierno tiempo para no hacer lo que perjudica a cientos de familias que están jugándose su vivienda habitual y con una hipoteca para años.Ellos son los responsables, especialmente el PSOE y ahora tratan de vulnerar lo que dice una sentencia judicial firme, Sr. Alcalde menos cara y más sujección al derecho positivo, menos jeta y más exigir responsabilidades, tanto desde la vertiente disciplinaria, penal y política, son ustedes una verguenza y significan un caos para nuestra maltrecha España, en fin una verguenza que pagamos todos.
El Concello mantiene que O Piricoto puede legalizarse y pide al TSXG evitar el derribo.
Argumenta en un escrito remitido al tribunal que el Plan Xeral consolida el entorno como una zona urbanizada, y apela al proyecto de medidas correctoras para reducir el impacto del edificio .
Sobre le edificio pesa una orden de demolición del alto tribunal gallego
J. PastorizaEl Concello quema sus últimos cartuchos para evitar el derribo de la urbanización de O Piricoto. Los servicios jurídicos municipales han remitido un escrito al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el que piden que deje sin efecto la orden de demolición que pesa sobre el edificio después de que el mismo ente judicial sentenciase que, por su volumen, es incompatible con el entorno en el que se ubica, próximo al parque de Castrelos y el Pazo Museo Quiñones de León. El incidente de inejecución planteado sostiene que el edificio es legalizable, según fuentes municipales, al señalar que tiene encaje en el nuevo Plan Xeral aprobado por la Xunta, y que éste recoge nuevos bloques residenciales cerca, lo que acreditaría que no hay agresión ambiental. Los jurídicos apelan también al proyecto redactado por el propio Concello hace dos años, que establece unas medidas para aminorar el impacto de la también llamada Colina de Castrelos.El Tribunal Supremo rechazó este verano el recurso planteado por la comunidad de propietarios del edificio contra la orden de derribo que había dictado el TSXG en junio de 2006. El fallo reactivó así el requerimiento al Concello para que proceda a la demolición "parcial o total" de O Piricoto, a fin de eliminar el impacto estético sobre el entorno. La ejecución de la sentencia podría llevar a la bancarrota al Ayuntamiento, ya que la urbanización se construyó con licencia municipal y, por tanto, legalmente. Fue la alta instancia judicial gallega la que anuló el permiso con posterioridad, lo que podría ocasionar indemnizaciones estimadas en hasta 40 millones de euros a la administración local si se echa abajo el inmueble. En la Colina residen más de un centenar de familias.Nueva bazaAnte el rechazo al recurso de los propietarios, el Concello ha decidido mantener su postura de que el edificio es legalizable y apelar a la inejecución de la sentencia. La aprobación del Plan Xeral por parte de la Xunta el pasado mes de agosto ha supuesto una nueva baza, al incluir nuevas edificaciones en ámbitos cercanos, algunos de ellos aún más próximos al parque. También se alega el proyecto de medidas correctoras, que no ha sido tenido en cuenta hasta ahora. En él se establecen una serie de actuaciones como la instalación de pantallas vegetales para reducir el impacto visual del edificio.Otra de las vías para justificar que O Piricoto puede adaptarse al entorno sin derribo pasaba por que la Consellería de Cultura avalase el proyecto de medidas. Sin embargo, el departamento se ha inhibido al alegar que la propuesta municipal es anterior a la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la orden de demolición, por lo que entiende que queda sin efecto.Sin embargo, aún quedaría otra opción abierta. La Concejalía de Patrimonio Histórico redacta el Plan Especial de Protección de Castrelos, que sufre un largo retraso en su tramitación pero se ha reactivado en los últimos meses. El plan podría determinar que la polémica urbanización no supone una agresión ambiental al bien patrimonial, lo que daría nuevos argumentos para tratar de evitar el derribo ordenado por el TSXG.
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