13 jul 2008

La UMD y la historia de España

El Pleno del Congreso de los Diputados no ha tenido oportunidad de reconocer durante esta legislatura, como estaba previsto, la singular contribución de los militares profesionales agrupados en la Unión Militar Democrática (UMD) al establecimiento de la democracia en España. La Proposición no de Ley, elaborada en el seno del Grupo Parlamentario Socialista, no recibió la autorización del Gobierno para su defensa en el plenario. La proposición parlamentaria era justa, debida y correspondiente a su exposición de motivos, entre los que destacaba el alto sentido del deber mostrado por estos militares para ayudar a devolver la soberanía al pueblo español. Una proposición decente que ha quedado inédita, a pesar de que la actual composición de la cámara parecía facilitar la presentación de una iniciativa de esta naturaleza. La falta de reconocimiento oficial –una legislatura más– no debe impedir, sin embargo, que se mantenga viva en la ciudadanía la memoria de los militares demócratas, conociendo su historia. La UMD se organizó en septiembre de 1974 para aglutinar a los militares de los tres Ejércitos y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que, prescindiendo de su posición política personal, querían unirse a la mayoría de sus conciudadanos para reclamar con ellos el fin de la dictadura y su sustitución por un sistema representativo de pluralismo político. Debieron hacerlo en condiciones de clandestinidad, pero se trataba de algo tan poco subversivo como homologarse con el resto de los países de Europa Occidental y hacer realidad la proclamada aspiración de unión de la sociedad con sus ejércitos. Es fácil comprender que, en aquel tiempo de honda incertidumbre, su condición de miembros en activo de las Fuerzas Armadas, consideradas entonces el baluarte último de la defensa del régimen franquista, hacía particularmente delicado su compromiso personal. Al mismo tiempo, la postura democrática adoptada por estos oficiales tenía un importante valor cualitativo en el conjunto de las fuerzas políticas y sectores sociales opuestos a la continuación de la extemporánea dictadura en España.Mucho se ha discutido estos años sobre la oportunidad y la legitimidad de la UMD. Algunas voces han pretendido negar a los militares, por la naturaleza de su ocupación profesional, el derecho a oponerse pacíficamente a un régimen injusto que despreciaba la voluntad general, sin que se nos haya indicado todavía el fundamento para reconocerlo, en cambio, a otros funcionarios demócratas como jueces, sindicalistas o enseñantes. El coraje cívico atribuido a unos por enfrentarse con el sistema y sus múltiples represalias ha sido negado, demasiadas veces e injustificadamente, a quienes lo ejercieron desde el lugar donde era más difícil hacerlo. Si en todos los lugares de trabajo –la iglesia, la universidad, el juzgado o la fábrica– tenía mérito y sentido desafiar a una legalidad arbitraria e impuesta por la fuerza, creemos que no es necesario ponderarlo en quienes lo hicieron en los cuarteles del Ejército franquista. A nuestro entender, la oportunidad de constituir y mantener activa la UMD fue una decisión tan valiente como oportuna de sus afiliados, consiguiendo: por una parte, estimular a las fuerzas del cambio político que comprobaron asombradas que también entre los uniformados había aliados, además de recalcitrantes partidarios del Régimen; y por otra parte, desincentivar en gran medida a los sectores inmovilistas al sembrar dudas razonables en el pretendido monolitismo militar. La UMD obligó a las autoridades militares de la época –generales reaccionarios, salvo conocidas y contadas excepciones– a plantearse la viabilidad de sus fuerzas para interrumpir el proceso democrático. Acertada y consecuente con su ideario, fue también la decisión de esta organización de disolverse en junio de 1977, inmediatamente después de celebradas las primeras elecciones generales.Sorprende, repasando su historia, el celo con que este pequeño grupo de militares y demócratas mantuvo su independencia en aquel momento de convulsión política. La doctrina de la UMD rechazaba tanto el apoliticismo –haciendo bueno el consejo del poeta Antonio Machado a los jóvenes en el sentido de que desconfiaran de los que les proponían no hacer política, porque seguro que pensaban seguir haciéndola por ellos– como creía firmemente en el apartidismo. En los documentos de uso interno de la organización, hay una preocupación constante por la posibilidad de ser instrumentalizados por los partidos políticos: sabían que sólo podrían ejercer influencia entre sus compañeros si mantenían su autonomía y su prestigio profesional. No es casual que los servicios de Información atacaran precisamente estos dos aspectos.Hoy sabemos que estuvieron encuadrados en la UMD unos 150 militares –casi todos jóvenes oficiales procedentes de las academias generales– aunque sólo un tercio de éstos desplegó una actividad significativa. Unas cifras que señalan una implantación escasa en el conjunto de los mandos, pero que es la habitual en todas las sociedades secretas surgidas de las filas militares; sin duda, su ámbito de influencia fue muy superior una vez que, con las detenciones de julio de 1975, se hizo pública la existencia de esta unión. La captación de nuevos afiliados chocaba con fuertes y lógicas resistencias, y se llevaba con tanta cautela que algunos militares demócratas no se afiliaron por desconocer la existencia de la organización. Dificultades que consideramos no hacen sino añadir valor al gesto de los que, en tales circunstancias, decidieron integrarse siendo conscientes de los riesgos personales y profesionales a que se exponían. La persecución de los que se atrevieron a hablar de democracia en los acuartelamientos militares fue implacable y es preciso recordarla: 11 militares fueron juzgados por el insostenible delito de conspiración para la rebelión militar, de los cuales 9 resultaron expulsados de las Fuerzas Armadas. Estos procesos conculcaron principios básicos del Derecho penal y procesal. Muchos otros sufrieron arrestos, destinos forzosos, prohibiciones, anulación de becas concedidas, expulsiones de centros de enseñanza, relegación en sus funciones, que sobre el motivo aparente tenían como causa real su condición de demócratas. Todos debieron afrontar un ambiente que les presionaba deliberadamente para que abandonaran la carrera y algunos que, por sus méritos y capacidades, tenían expectativas de promoción profesional vieron como éstas se esfumaban. Con la llegada de la ansiada Democracia no se produjo, como era de esperar, la reparación de los militares de la UMD. Las sucesivas disposiciones de amnistía –Real Decreto-Ley 10/1976 y Ley 46/1977– los dejaron fuera del régimen aplicado al resto de funcionarios condenados por hechos similares. Los sucesivos gobiernos, y así ha sido reconocido posteriormente por los propios gobernantes, fueron presionados directamente por los mandos militares en este sentido. Debieron transcurrir, pues, más de diez años de democracia para que, en virtud de la Ley 24/1986, de Rehabilitación de Militares Profesionales, se reconociera por fin el trato desigual aplicado. La reintegración en sus empleos militares no incluyó, sin embargo, la plena reincorporación al servicio activo de los tres oficiales superiores –coroneles Luis Otero y José Fortes, y teniente coronel Restituto Valero– que lo solicitaron por el sencillo expediente de no concederles destino.Para algunos de los militares demócratas el reconocimiento parlamentario al que nos referimos llegaría ya tarde por razones vitales. Recordamos aquí con agradecimiento a Carlos Aguado, Justo Alejo, Luis Alonso, Juan y José Barja, Julio Busquets, Fernando Cerdó, Antonio Córdoba, Luis Chinarro, José Felpeto, Vicente Ferrero, Antonio García Márquez, José Garrido, Fermín Ibarra, Diego Mayoral, Rafael Morales, Samuel Pellicer, Marcial Plaza, Guillermo Reinlein, José Sagrado, Florencio Vicente, Bernardo Vidal, .. La participación en la UMD en tiempos difíciles ha sido para la mayoría de sus antiguos miembros el hecho más destacado de su vida militar. Un motivo de justo orgullo que, por mezquinas y dudosas razones de oportunidad política, el Parlamento no ha podido reconocer de manera expresa, pública y formal.* Fidel Gómez Rosa es Brigada de Aviación y Doctor en Ciencias Políticas

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