Colaboración con el Mal y Educación para la Ciudadanía.
Días atrás, Monseñor Antonio Cañizares, Arzobispo de Toledo y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, afirmó con vehemencia que quienes impartan la asignatura Educación para la Ciudadanía estarán “colaborando con el mal”. Unas insólitas declaraciones que resumen y fijan con nitidez la postura radical que mantiene la jerarquía de la Iglesia Católica en relación con esta nueva materia que, en breve, formará parte de la educación de nuestros hijos e hijas.
A propósito del fondo del asunto, y no tanto del exceso verbal, quisiera exponer algunas reflexiones sobre la que para unos, el Partido Popular, es una polémica más con la que volver a cargar contra el Gobierno de Zapatero; y para otros, la jerarquía eclesiástica, una pugna con el Estado sobre su derecho y capacidad para educar sobre materias consideradas por ellos propias y exclusivas.
En primer lugar, considero preciso aclarar que la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía – en adelante EpC- no se trata ni de una ocurrencia ni de un capricho del Gobierno, como interesadamente se ha planteado desde algunos sectores; sino que responde al cumplimiento de una Recomendación del Consejo de la Unión Europea, la 2000/12, que ya ha sido asumida por los 16 países de la UE que la han incorporado a sus sistemas educativos.
También sería necesario recordar que EpC se integra en el sistema educativo mediante la Ley Orgánica de Educación (LOE); una norma educativa que, pese al ruido mediático, ha sido aprobada con el apoyo de todas las formaciones con representación parlamentaria, excepto una: el Partido Popular. Lo que supone evidenciar que goza del apoyo de una gran pluralidad de partidos, entre ellos, Convergencia y Unió, CIU, que es una formación conservadora, moderada, de ideología demócrata cristiana y que, como es sabido, esta en sintonía con numerosos planteamientos de la Iglesia Católica.
Además, a la hora de formar juicio sobre el particular, conviene tener presente que, en el ámbito social, la propia Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE), que aglutina a la inmensa mayoría de las escuelas católicas concertadas del país, apoya la impartición de Educación para la Ciudadanía en sus centros. Es más, su secretario general, el salesiano Manuel de Castro, ha expresado en relación con la desafortunada expresión del Vicepresidente de la Conferencia Episcopal que "Esa afirmación nos parece un poco exagerada y, por supuesto, no la compartimos". Su criterio es que impartiendo la asignatura tal y como han acordado con el Ministerio de Educación están formando "buenos cristianos y buenos ciudadanos".
En otro orden de cosas, considero necesario resaltar que se trata de una materia obligatoria, frente a la que no cabe, como se insinúa, el recurso a la objeción de conciencia para eludirla. Es más, a mi juicio, promoverla, como se está haciendo de modo sutil y tácito, es simple y llanamente una grave irresponsabilidad; porque quienes alientan tal incumplimiento, deberían actuar con honestidad e informar a padres y alumnos de que, quien no supera una asignatura obligatoria - Educación para la Ciudadanía lo es -, no puede obtener el titulo académico correspondiente al ciclo educativo en el que se encuentre.
Desde otro punto de vista, estimo conveniente poner de manifiesto que, según ha fijado en su preceptivo dictamen el Consejo de Estado, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de los Reales Decretos que regulan la asignatura “no podían recibir ninguna objeción porque lo que hacen es difundir valores consagrados en nuestra Constitución”.
Y en relación con ello, creo que la clave es resaltar precisamente esto, que EpC incorpora en sus contenidos la enseñanza de los valores constitucionales y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que, sin duda, supone educar en el respeto a los derechos y las libertades fundamentales de la Constitución Española. Y significa también enseñar desde los valores superiores que proclama nuestra norma fundamental, valores comunes, compartidos por todos y que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, recogidos todos ellos en el artículo 1 de nuestra valiosa Carta Magna.
En definitiva, en la nueva asignatura nuestros hijos e hijas aprenderán, de la mano de sus maestros en Primaria y de sus profesores del área de sociales en Secundaria, la importancia del cumplimiento de las normas de tráfico; los riesgos para la salud derivados del abuso de sustancias nocivas; el funcionamiento del sistema democrático; la prevención de todo tipo de violencia; el respeto por el medio ambiente; la igualdad de la mujer; la integración de los discapacitados; la importancia del voluntariado; y la situación de los derechos humanos en el mundo, entre otros necesarios e interesantes asuntos para completa formación de los y las jóvenes.
Mientras que, los temas susceptibles de ser calificados como polémicos y claramente inaceptables para los obispos, como la homosexualidad, los matrimonios entre personas del mismo sexo, los métodos anticonceptivos y, en general, todo lo relacionado con el sexo, se abordan con extraordinaria prudencia; algo que cualquier ciudadano podría comprobar simplemente consultando en los manuales, que ya están en el mercado.
Honradamente, considero que la asignatura Educación para la Ciudadanía no va suponer para nuestros hijos e hijas ni una perdida de tiempo, ni un riesgo, ni mucho menos el inicio del “camino del mal”, como incomprensiblemente está dando a entender la jerarquía eclesiástica. Al contrario, estoy seguro de que la enseñanza de la asignatura va a ser útil, positiva y enriquecedora para los alumnos y alumnas, porque les aportará instrumentos para afrontar mejor la convivencia en una sociedad cada día más compleja; y, sobre todo, porque contribuirá a formarles como ciudadanos libres, tolerantes, responsables y con espíritu crítico. Unos objetivos que, a estas alturas, deberían ser compartidos por todos, incluida la Iglesia.
Carlos González
Diputado por Alicante
Grupo Parlamentario Socialista
Días atrás, Monseñor Antonio Cañizares, Arzobispo de Toledo y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, afirmó con vehemencia que quienes impartan la asignatura Educación para la Ciudadanía estarán “colaborando con el mal”. Unas insólitas declaraciones que resumen y fijan con nitidez la postura radical que mantiene la jerarquía de la Iglesia Católica en relación con esta nueva materia que, en breve, formará parte de la educación de nuestros hijos e hijas.
A propósito del fondo del asunto, y no tanto del exceso verbal, quisiera exponer algunas reflexiones sobre la que para unos, el Partido Popular, es una polémica más con la que volver a cargar contra el Gobierno de Zapatero; y para otros, la jerarquía eclesiástica, una pugna con el Estado sobre su derecho y capacidad para educar sobre materias consideradas por ellos propias y exclusivas.
En primer lugar, considero preciso aclarar que la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía – en adelante EpC- no se trata ni de una ocurrencia ni de un capricho del Gobierno, como interesadamente se ha planteado desde algunos sectores; sino que responde al cumplimiento de una Recomendación del Consejo de la Unión Europea, la 2000/12, que ya ha sido asumida por los 16 países de la UE que la han incorporado a sus sistemas educativos.
También sería necesario recordar que EpC se integra en el sistema educativo mediante la Ley Orgánica de Educación (LOE); una norma educativa que, pese al ruido mediático, ha sido aprobada con el apoyo de todas las formaciones con representación parlamentaria, excepto una: el Partido Popular. Lo que supone evidenciar que goza del apoyo de una gran pluralidad de partidos, entre ellos, Convergencia y Unió, CIU, que es una formación conservadora, moderada, de ideología demócrata cristiana y que, como es sabido, esta en sintonía con numerosos planteamientos de la Iglesia Católica.
Además, a la hora de formar juicio sobre el particular, conviene tener presente que, en el ámbito social, la propia Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE), que aglutina a la inmensa mayoría de las escuelas católicas concertadas del país, apoya la impartición de Educación para la Ciudadanía en sus centros. Es más, su secretario general, el salesiano Manuel de Castro, ha expresado en relación con la desafortunada expresión del Vicepresidente de la Conferencia Episcopal que "Esa afirmación nos parece un poco exagerada y, por supuesto, no la compartimos". Su criterio es que impartiendo la asignatura tal y como han acordado con el Ministerio de Educación están formando "buenos cristianos y buenos ciudadanos".
En otro orden de cosas, considero necesario resaltar que se trata de una materia obligatoria, frente a la que no cabe, como se insinúa, el recurso a la objeción de conciencia para eludirla. Es más, a mi juicio, promoverla, como se está haciendo de modo sutil y tácito, es simple y llanamente una grave irresponsabilidad; porque quienes alientan tal incumplimiento, deberían actuar con honestidad e informar a padres y alumnos de que, quien no supera una asignatura obligatoria - Educación para la Ciudadanía lo es -, no puede obtener el titulo académico correspondiente al ciclo educativo en el que se encuentre.
Desde otro punto de vista, estimo conveniente poner de manifiesto que, según ha fijado en su preceptivo dictamen el Consejo de Estado, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de los Reales Decretos que regulan la asignatura “no podían recibir ninguna objeción porque lo que hacen es difundir valores consagrados en nuestra Constitución”.
Y en relación con ello, creo que la clave es resaltar precisamente esto, que EpC incorpora en sus contenidos la enseñanza de los valores constitucionales y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que, sin duda, supone educar en el respeto a los derechos y las libertades fundamentales de la Constitución Española. Y significa también enseñar desde los valores superiores que proclama nuestra norma fundamental, valores comunes, compartidos por todos y que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, recogidos todos ellos en el artículo 1 de nuestra valiosa Carta Magna.
En definitiva, en la nueva asignatura nuestros hijos e hijas aprenderán, de la mano de sus maestros en Primaria y de sus profesores del área de sociales en Secundaria, la importancia del cumplimiento de las normas de tráfico; los riesgos para la salud derivados del abuso de sustancias nocivas; el funcionamiento del sistema democrático; la prevención de todo tipo de violencia; el respeto por el medio ambiente; la igualdad de la mujer; la integración de los discapacitados; la importancia del voluntariado; y la situación de los derechos humanos en el mundo, entre otros necesarios e interesantes asuntos para completa formación de los y las jóvenes.
Mientras que, los temas susceptibles de ser calificados como polémicos y claramente inaceptables para los obispos, como la homosexualidad, los matrimonios entre personas del mismo sexo, los métodos anticonceptivos y, en general, todo lo relacionado con el sexo, se abordan con extraordinaria prudencia; algo que cualquier ciudadano podría comprobar simplemente consultando en los manuales, que ya están en el mercado.
Honradamente, considero que la asignatura Educación para la Ciudadanía no va suponer para nuestros hijos e hijas ni una perdida de tiempo, ni un riesgo, ni mucho menos el inicio del “camino del mal”, como incomprensiblemente está dando a entender la jerarquía eclesiástica. Al contrario, estoy seguro de que la enseñanza de la asignatura va a ser útil, positiva y enriquecedora para los alumnos y alumnas, porque les aportará instrumentos para afrontar mejor la convivencia en una sociedad cada día más compleja; y, sobre todo, porque contribuirá a formarles como ciudadanos libres, tolerantes, responsables y con espíritu crítico. Unos objetivos que, a estas alturas, deberían ser compartidos por todos, incluida la Iglesia.
Carlos González
Diputado por Alicante
Grupo Parlamentario Socialista
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