4 jul. 2012


Voladura controlada.


Los Guardias Civiles Democráticos no lo vamos a consentir.


Los Golfos de la casta política que han llevado a España a una situación propia de la posguerra intentan que parezca que hacen algo para no hacer nada. Lo que se conoce con una voladura controlada. Ni con el apoyo del CNI van a lograr mantener la impunidad. 

Todos sabemos que en este país, si conduces con un ligero exceso de velocidad, o robas una gallina vas a la cárcel, pero si expolias y blindas una gestión delictual de  miles de millones en las cajas de ahorros con el dinero de todos, en vez de ir a O Caldeiro, sales con un premio . Ya nadie cree en la justicia ni en la separación de poderes y mucho menos en la democracia ni en el estado de derecho.


La Fiscalía formaliza la demanda contra NCG por cláusulas abusivas en las preferentes

La denuncia busca anular los contratos para recuperar la inversión e incluye 1.700 casos de supuestas malas prácticas







Las explicaciones del director general de Novagalicia
Las explicaciones del director general de Novagalicia  
JULIO PÉREZ - VIGO La acumulación incesante de casos obligó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a ir marcando nuevos plazos para la demanda civil colectiva con la que el polémico caso de la venta de preferentes en las cajas gallegas desembarca en los tribunales. En un principio, la intención era formalizarla a finales de junio, lo que indirectamente permitía también cierto margen de maniobra para que el banco heredero del negocio, y de la responsabilidad, pudiera buscar una salida, pero finalmente la denuncia se presentó ayer en los juzgados de A Coruña, donde está la sede social de la entidad. Más de 50 folios de expediente, según confirman desde el Ministerio Fiscal, que resumen las supuestas malas prácticas en la comercialización de este tipo de productos y también de obligaciones subordinadas –con la diferencia esencial de que en estos títulos sí hay fecha de vencimiento, aunque sea remota– en alrededor de 1.700 afectados. La clave está en las cláusulas abusivas que podrían derivarse de la falta de información por parte de los ahorradores. 
Hace dos años, la Fiscalía General del Estado remitió a todas las fiscalías españolas una circular que les instaba a impulsar este tipo de demandas cuando existiera un "colectivo amplio" de damnificados. Y así lo hizo la de Pontevedra el pasado mes de marzo, ante el enorme revuelo popular que levantaron las manifestaciones de los afectados en el sur de la provincia y el reflejo en los medios de comunicación. Desde allí, una vez que se comprobó que los afectados se repartían por el resto del territorio gallego, el expediente –con la aportación de la documentación recogida hasta ese momento por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae– se trasladó al Fiscal Jefe del TSXG, Carlos Varela, que hoy detallará públicamente el contenido de la demanda. 
La demanda civil colectiva busca que el juez reconozca la existencia de una mala praxis bancaria por parte de Novagalicia. Que la desinformación entre la clientela que adquirió preferentes y obligaciones subordinadas sea considerada una cláusula abusiva para que todos los afectados que estén en esa situación –Varela mencionó expresamente a colectivos especialmente complicados, como los jubilados– puedan beneficiarse y solicitar la anulación de los contratos y la recuperación al completo de sus inversiones. 
¿Y cuántos afectados hay? Según la propia Novagalicia, la comercialización entre minoristas llega a unas 43.000 familias, con algo más de 900 millones de euros de un total de 1.175 millones de emisiones en vigor, según consta en su información pública. Pero solo para el caso concreto de las preferentes. El saldo de deuda subordinada suma 973 millones de euros, sin que conste ningún desglose oficial del tipo de clientes. 
Inicialmente, la pretensión de Novagalicia, el compromiso que dio su presidente a comienzos del año, es que a estas alturas podría existir una solución. Un arreglo que pasaba por mejorar las condiciones del canje con un alza del valor de la entidad mediante la entrada de inversores privados. La legislación comunitaria para las entidades nacionalizadas es muy dura y solo permite ofrecer a cambio de estos productos su equivalente a precios de mercado, con quitas en este momento por la paralización de las transacciones y la supresión de los intereses por las pérdidas del banco el año pasado, que pueden rondar el 60%. 
El Gobierno anunciaba ayer que personalmente está buscando con Bruselas "el menor impacto posible" para los ahorradores domésticos en la solución. "No se tendrían que haber comercializado así", insiste el ministro de Economía, que insiste en que a estas entidades habrá que aplicarles las leyes europeas de ayudas de Estado. Luis de Guindos volvió a incidir en que la regulación que se prepara, más que prohibir la venta, obligará a fijar un tramo institucional obligatorio "que garantice iguales características para el señor que invierte diez mil euros y el que invierte diez millones".

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