No hay peor ciego que el que no quiere ver o no le dejan, ahí va la segunda denegación de Fiscalía, de todos modos estoy seguro que el tema no ha acabado, y además convencido de que las responsabilidades en su momento saldrán a la luz, nadie puede creerse tal disparate cometido en la isla, nadie puede creerse que el Concello de la Illa no dé la documentación que insistentemente le vienen requiriendo y nadie puede creerse que los documentos que acreditan todo lo contrario sean falsificados, puesto que hasta los boletines oficiale y las actas de comisión de Gobierno no tienen pinta de estar falsificadas.
Como nosotros creemos en la verdad y en la libertad de expresión con respeto, ponemos lo que dice el señor Blanco --Político profesional-- para conocimiento de todos, hacemos lo contrario de lo que hacen estos dirigentillos, no cercenamos lo que dicen aunque desde nuestro punto de vista sea falso y erróneo, como se demostrará.
El fiscal ve "sorprendente" la denuncia del edificio de A Illa donde compró Blanco
Avala la legalidad del Plan General del concello en ese ámbito y afirma que “no es posible tildar de artificiosa ni interesada” la división que lo deja fuera de la protección costera
J.P. 7 A.G.N. / VIGO/VILAGARCÍA No existe ningún indicio que apunte a una“confabulación prevaricadora” para construir la urbanización de A Illa de Arousa donde poseen viviendas altos cargos socialistas,entre ellos el vicesecretario general del partido, José Blanco.El fiscal jefe de la provincia, Juan Carlos Aladro, descarta en su resolución sobre la denuncia presentada por un vecino que existiese una conspiración dirigida a permitir la edificación,en la que estarían implicados el Concello, la Xunta, y la Dirección General de Costas.El fallo, en un texto de 11 páginas que analiza los argumentos de la acusación, avala la legalidad del Plan Xeral en el ámbito donde se construyeron las viviendas.Aladro ha archivado la denuncia al no ver indicios de delito, y afirma que“sorprende”que se presentase ahora, siete años después de aprobarse el PXOM.El Plan de A Illa de Arousa,un concello nacido en 1997 tras su separación de Vilanova, fue aprobado en febrero de 2002. El escrito del fiscal apunta que“fue objeto de diversas aprobaciones jurídicas y sometido a exposiciones públicas, por lo que sorprende que sea atacado en 2009,pues tiempo tuvieron los denunciantes para formalizar un ataque en su fase de aprobación o, en su caso, en un momento posterior”.El PXOM califica como suelo urbano el terreno que ocupan los pisos,por lo que queda fuera de la protección de Costas. El denunciante sostiene que las actuaciones que autorizaron la zona residencial, donde también tiene un piso el secretario de Organización del PSdeG,Ricardo Varela, se fundaron en“resoluciones injustas para favorecer a terceras personas, que cita como “miembros destacados del PSOE”.DesconocimientoEl fiscal no ve“extraño”que la línea de Costas se reduzca al redactar el PXOM“si existen edificaciones dentro de la servidumbre”. Apunta, además,que el promotor compró el terreno dos años después de aprobarse,por lo que desecha vinculaciones interesadas con los redactores. La resolución también es crítica con algunos de los argumentos del denunciante. “No es aceptable sin más, pues es evidente que se realiza sin conocer en profundidad la construcción de los planes y sus controles”, apunta.La reducción de la línea de Costas “es absolutamente necesaria y válida”,agrega.Otra de las acusaciones se refiere al valor ambiental del suelo. El Plan sustituía a una norma que no grafiaba la línea de Costas, y aquí el fiscal alude al derecho de la“fuerza de lo fáctico”.Establece que“si pese a las características del suelo,por su contenido en infraestructuras y servicios es determinante de un espacio urbano,éste tiene la consideración de urbano, aunque no esté incluido como tal en una norma”.Tampoco acepta el fallo un exceso de edificación,ya que los pisos tienen un tamaño menor a la edificabilidad autorizada allí; ni admite una intencionalidad en la aprobación de un vial público en el lugar que tenían que urbanizar los propietarios.En este caso indica que pagaron el aval de 410.000 euros y soportaron los gastos de la infraestructura.Respecto a la tala de 280 pinos por una“omisión” del Plan, se limita a decir que“la afirmación no resiste un análisis jurídico que admita su valoración delictiva”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario