Los negocios de los reyes
Fondos del Estado, negocios privados e inmunidad penal facilitan la vida de las monarquías en la Unión Europea.
Viven como reyes. Las diez cabezas coronadas de Europa que sobrevivieron a la Revolución francesa y los movimientos republicanos del XIX están muy bien avenidos: combinan honores oficiales y presupuestos a cargo del contribuyente con la posibilidad de buscar fortuna —privada— en el mundo de los simples mortales.
Eso sí, a menudo protegidos por una legislación que hace de fiel escudero.
Es el caso de los príncipes y princesas belgas: no pueden ser citados ante la Justicia excepto en virtud de una autorización real. Y ni siquiera entonces tienen mucho que temer, como mostró la comparecencia —la primera de la historia— del príncipe Laurent, en 2007, como testigo en un caso que sigue enfadando a los republicanos: el desvío de unos 175.000 euros de la Marina belga para adecentar la residencia de Laurent en Tervuren. El príncipe no negó los hechos, pero aseguró que no tenía motivo para pensar que fueran ilegales. Según sus allegados, el desvío fue necesario porque el hijo del rey no disponía de dinero.
La asignación anual de Laurent, a cargo de los presupuestos del Estado, es de 312.000 euros. Su hermano Philip, príncipe heredero, cobra casi el triple, y el rey Alberto II no baja de los 9,5 millones. En conjunto, la familia cobra 12,5 millones al año para sus gastos personales, la llamada ‘lista civil’. En cifras absolutas, la dinastía no está entre las más caras, aunque comparar es difícil: no siempre está claro si la suma asignada en los presupuestos del Estado de Suecia, Noruega o Dinamarca cubre también los gastos de representación en los que el monarca incurre debido a su cargo o si son los ministerios los que corren con estas facturas.
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