22 mar 2009

Un plan para salvar cajas y bancos

El presidente del desgobierno de España, junto con su séquito, han logrado lo que se propusieron, lo que técnicamente se denomina en el argot contable mercantil: sumir a España, en la quiebra o suspensión de pagos; su irresponsabilidad llega a tal extremo, y la de los políticos que lo jalean, que los ciudadanos contribuyentes además del paro, comienzan a perder sus viviendas habituales, a ver cómo se las subastan en los juzgados, y a comprobar los efectos de unas políticas irreflexivas y llenas de irresponsabilidad propia de personajes nada competentes y preparados; ahí va el artículo del confidencial que demuestra muchas de las mentiras y atrevimientos de un presidente sin escrúpulos para mentir, las equivocaciones se perdonan, las mentiras en un responsable público como un presidente del Gobierno se pagan, no sólo dimitiendo sino, dando explicaciones y motivando sus actos y actitudes, en fin pagando sus responsabilidades, lo que no hará nunca este ZP, presuntuoso, irrespetuoso, y además economista de última fila que da clases como si fuera un maestro de valía demostrada.
CON LUPA
Un plan para salvar cajas y bancos
crisis económica, banca, cajas de ahorro, José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Solbes, Banco de España
@Jesús Cacho - 22/03/2009
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Hace varias semanas que José Luis Rodriguez Zapatero tiene sobre su mesa de trabajo un “papel” en el que se dibujan las líneas maestras de un plan de salvación urgente de bancos y cajas con problemas de solvencia. Al presi -de capa caída en los últimos tiempos tras lo ocurrido en Galicia, incluso en el País Vasco, casi desaparecida su proverbial baraka, evaporada ese aura de triunfador que le ha distinguido desde que llegó a Moncloa- le han explicado que el saneamiento del sistema financiero es la clave del arco sobre el que descansa la salida de la crisis económica, porque difícilmente se recuperará la actividad privada sin que el crédito empiece a fluir a través de los intermediarios financieros, y eso no ocurrirá mientras no se separe el trigo de la paja y no se limpien a fondo los Balances tras los excesos cometidos en la pasada orgía inmobiliaria.
No está claro que Zapatero se haya estudiado el papel. Para un hombre al que engañaron con aquello de que España tenía el sistema financiero más sólido del mundo, ésta tiene que ser una asignatura muy dolorosa. El presidente, y no digamos ya el Gobernador Fernández Ordóñez, ha estado muy influenciado por el grupo de economistas cercano al PSOE (Pepe Pérez, Emilio Ontiveros et alii, todos próximos a Intermoney), gente brillante que, crecida por ese apocalíptico final del capitalismo pronosticado por algunos profetas de la izquierda, ha expandido la tesis del “manguerazo”, término que alude a la necesidad de una inyección masiva de capital público en el sistema de bancos y cajas destinada a salvar de la quema a todo el mundo, obviamente con la idea, en segunda ronda, de descabalgar a banqueros y cajeros culposos para sustituirlos por gente afín, en lo que vendría a ser una nacionalización encubierta. A esto se ha opuesto un Solbes que parece tener claros los principios, aunque confusos los finales. Frente al desconcierto que durante meses ha enseñoreado la Administración socialista sobre cómo hincarle el diente al saneamiento del sistema, Solbes se ha despertado a tiempo, ha aprendido rápido, ha pedido consejo a quienes vivieron las crisis bancarias del pasado y ha gestado el “papel” -que es obra de Economía, no del Banco de España- que descansa sobre la mesa de trabajo de ZP.
Ahora se trata de “negociarlo” con el Partido Popular. Sorprende la forma en que en el Banco de España (BE) ha olvidado la “tecnología” que permitió superar con éxito la gran crisis bancaria iniciada en torno a 1978 y que, tras enlazar con la expropiación de Rumasa, se prolongó casi hasta 1986, crisis que se llevó por delante a la mitad de los bancos existentes en los setenta. La mayoría eran entidades creadas en el desarrollismo de los sesenta, pertenecientes a conocidos apellidos del Régimen que, a consecuencia del shock petrolífero, entraron en crisis a partir de 1977. En muchos casos, estos banqueros de pacotilla se habían comido los recursos propios, cuando no se los habían llevado directamente a su casa. Algunos se lo llevaron a Suiza, caso de Ramón Rato (Banco de Siero), que fue a dar con sus huesos en la cárcel, mientras otros (Higinio Torras, Banco de los Pirineos) huían a Brasil. Para la ocasión se creó el hospital de bancos y el FGD. Los que estaban quebrados se cerraban, con devolución del dinero a los depositantes (Banco de Navarra). Para quienes eran susceptibles de recuperación, el BE llamó a capítulo a los grandes del sector y les pidió ayuda. El FGD intervenía la entidad, se quedaba con los activos que hoy llamamos “tóxicos”, y la reflotaba endosándosela a uno de los grandes en pública subasta. Fue la forma en que Pedro de Toledo hizo del Vizcaya un gran banco, gracias a la escuela de ejecutivos que forjó en su derredor y que hoy todavía dirige los destinos de no pocas entidades.
Tras rellenar un pliego de condiciones, los bancos acudían a esa subasta con la cifra que estaban dispuestos a pagar por la entidad en cuestión (por sus activos sanos) y las ayudas que solicitaban a cambio. En general, se trataba de un crédito a largo plazo e interés cero del FGD, que el comprador invertía en deuda pública entonces al 18%. Así se quedó el Vizcaya con Banca Catalana. El proceso se solapó con la expropiación de Rumasa en el 83, pero la técnica de salvamento no cambió, porque desde el principio Miguel Boyer dejó claro que el destino de los bancos de Ruiz Mateos era devolverlos al sector privado una vez saneados. La “tecnología” varió sustancialmente cuando, a finales de los ochenta, estalló la gran crisis de las Cajas de Ahorro que redujo a 40 las 80 entonces existentes. En esencia, la filosofía empleada entonces se resume en la negativa radical del BE a ayudar a sobrevivir a ninguna Caja en dificultades mediante las ayudas del FGD. No se compraban activos tóxicos. Todo aquel que se estaba ahogando era obligado a fusionarse con otra Caja, para crear entidades más potentes y sanas. Así nació la práctica totalidad de las Cajas hoy existentes. El BE no ayudó a ningún gestor a salvar su culo con el dinero del Fondo: todo aquel que tuvo que pasar por taquilla, porque estaba quebrado, fue obligado a retratarse. Justo lo contrario de lo que hoy está haciendo MAFO (“mi hermano el rojo”, que decía con sorna Paco Fernández Ordóñez) con su amigo Hernández Moltó en Caja Castilla La Mancha.
El desconcierto del Gobierno y del Banco de España
Sorprende hasta asombrar, por todo ello, que, estando tan clara la filosofía utilizada por otro Gobierno socialista, tan a mano la “tecnología” entonces usada, tan vigente la legislación en vigor sobre los Fondos de Garantía de Depósitos, del Gobierno y del propio BE se haya adueñado tan descomunal desconcierto sobre cómo abordar con garantía de éxito esta nueva reconversión de caballo del sistema financiero que tenemos encima. Es verdad que en la plaza de Cibeles han perdido la forma después de 14 años de crecimiento económico, y también es verdad que el gobernador ha limado tanto los colmillos del Servicio de Inspección que los antaño temidos inspectores del BE no asustan hoy a nadie, pero bastaría con que MAFO tirara de hemeroteca para dar con la fórmula. Otra cosa es que quiera. Los bancos sí parecen tener claro lo que quieren, convencidos de que se avecina un nuevo recorte de capacidad. La patronal AEB ha discutido a fondo en su Consejo la situación, para concluir que las entidades tendrán que hacer sus deberes “y si el Sabadell no tiene más remedio que fusionarse con el Popular, pues tendrán que fusionarse”.
Las cosas, en cambio, están mucho más oscuras en el hoy complejo mundo de las Cajas. Complejo porque la política de partido, vía Comunidades Autónomas, se ha colado hasta el tuétano de las instituciones, de forma que ya no se trata de procurar un sistema más fuerte y saneado, sino de salvar el honor perdido del presidente de turno, que es ilustre militante de tal o cual partido, lo que además podría acarrear perder las elecciones en el territorio en cuestión. Ello explica la agria reacción que en tanta gente provocaron las palabras pronunciadas por Miguel Martín en el Congreso el pasado 9 de marzo. El presidente de la AEB, que cargó contra las inyecciones indiscriminadas de capital público, afirmó que los gestores de las entidades que necesiten ser rescatadas tendrán que asumir su responsabilidad y abandonar el cargo. “Esa ha sido siempre la política que se ha seguido en España; sin disciplina, el sistema financiero pierde su forma de hacer banca”. En suma, el que la hace la paga. “Eso es cosa de la patronal bancaria”, acusaron en el sector, susurraron los hombres de Intermoney, “que quieren sacar tajada de la crisis de las Cajas, para reducir su peso en el sistema financiero”. La situación llegó a tal punto que Martín tuvo que llamar de nuevo a Solbes para reiterarle lo que ya le había contado en persona: la posición de neutralidad de la banca en la crisis de las Cajas y, en todo caso, su disposición a ayudar.
No va a ser fácil hacer pasar por el aro a las Cajas en situación de quiebra y, sobre todo, a sus presidentes. Como una consecuencia más de la borrachera de dinero fácil y el abandono de las prácticas bancarias basadas en la prudencia que hemos vivido estos años, no solo se ha perdido la disciplina, sino también la vergüenza. Todo el mundo está dispuesto a defender el sillón con uñas y dientes. Moltó se ha pedido la vicepresidencia de la Caja resultante de la fusión con Unicaja, y Antonio Pulido (Cajasol), que se sabe engullido a plazo fijo por la voracidad inextinguible de Medel, pretende zafarse de ese nudo corredizo mediante un apaño con Cajasur, aprovechando que su vicepresidente ejecutivo, Salvador Blanco, es conmilitón y paisano de Palma del Río. Más al norte, el presidente de Caja España, Santos Llamas, está seguro de poder encabezar una hipotética fusión con Caja Duero. Su argumento es inapelable: es íntimo de Zapatero. Lo último que ha pedido el sector, vía CECA, ha sido dejar de lado la normativa vigente (¡la Ley, esa antigualla!) para que no sea obligatorio tener que dotar el 100% de un crédito fallido en dos años, como ahora es el caso, y se pueda prolongar en el tiempo esa provisión. Cualquier cosa menos reconocer la realidad y asumir las responsabilidades pertinentes por lo ocurrido.

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