MARIANO CALLEJA MADRID
Domingo, 29-03-09
Al final del último Pleno, José Bono ordenó el desalojo del hemiciclo: «Vamos a continuar la sesión con carácter secreto, por lo que ruego a quienes no siendo diputados o diputadas estén en la sala abandonen el hemiciclo y también las tribunas». Tras la salida de periodistas, invitados y trabajadores de la casa, se cortó la señal de televisión y audio, y los 346 diputados presentes pasaron a examinar y votar el dictamen reservado sobre las actividades de los diputados. Aproximadamente tres minutos después ya se había filtrado el resultado de la votación secreta: 246 votos a favor, 43 en contra y 47 abstenciones.
El secretismo llega hasta donde llega, y en el Parlamento tiene un recorrido más bien cortito. El dictamen clasificado es un documento de 38 páginas elaborado por la Comisión del Estatuto de Diputados, donde se da el visto bueno a la declaración de actividades de sus señorías.
En el Grupo Socialista hay varios casos llamativos. Uno de ellos es el de Álvaro Cuesta, presidente de la Comisión de Justicia. En el informe anterior, del mes de junio, declaró la actividad de abogado en ejercicio, una labor privada susceptible de autorización, que se le dio. Forma parte del despacho de abogados Proley de Asturias, que asesora a los miembros de UGT en administrativo, civil, mercantil y penal. También la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomas (UPTA) de Asturias tiene contratados los servicios de Proley en las mismas materias.
Se da la circunstancia que el Ministerio de Trabajo firmó un convenio en junio de 2007 con la UPTA, próxima a UGT y al PSOE, para informar y asesorar a inmigrantes que quisieran conseguir la autorización de estancia en España a través de un proyecto de trabajo por cuenta propia.
Más «secretos» de los diputados. En este caso del socialista Ceferino Díaz Díaz, que consiguió su escaño por La Coruña. Está adscrito a las comisiones de Fomento e Industria. En junio de 2008 declaró la actividad de miembro del Consejo Asesor Territorial del Grupo Eptisa, en Galicia. Aclaró en el Congreso que «las funciones del Consejo serían informativas, no estarían sujetas a remuneración y no está participado por ninguna Administración Pública». El Congreso entendió que necesitaba autorización, y se la concedió, con la limitación de no poder percibir honorarios del sector público estatal, autonómico o local.
Un vistazo a las actividades y proyectos de Eptisa permite comprobar que incluyen numerosas autopistas y carreteras por toda España, muchas del Ministerio de Fomento, así como obras en puertos como el de Pontevedra, también de Fomento, e incluso se encargó de la Redacción del Plan Estratégico de Portos de Galicia 2004-2006.
Otra diputada socialista, Esperanza Esteve, declara ser patrona de tres fundaciones: «Trini Joven» (promoción de empleo), «Pere Tarres» (promover la educación en el tiempo libre) y «Personalia» (atender las necesidades de las personas con dependencia). El Congreso entiende que se trata de una actividad privada susceptible de autorización, que se concede. Esteve, diputada por Barcelona, es portavoz adjunta de la Comisión de Educación y Política Social, y vocal de las comisiones de Trabajo y de Políticas Integrales para la Discapacidad.
Asesorar subvenciones
Juli Fernández es diputado del Grupo Socialista por Gerona. En el informe reservado declara el cargo de director y administrador de «Serconfis asesoría», dedicada a la consultoría de empresas sin ninguna relación con el sector público. También es socio administrador de «Audit», empresa dedicada a la prevención de riesgos laborales. En la página web de Serconfis puede comprobarse que asesora para la solicitud de ayudas y subvenciones a organismos oficiales. Fernández es secretario primero en la Comisión de Economía. Su empresa se encarga también de la gestión de créditos hipotecarios, leasing y créditos personales.
En el Grupo Popular, también hay «secretos» que el Congreso no quiere que salgan a la luz. Estos son algunos casos: el diputado Juan Costa ejerce de abogado en asesoría legal y de empresa. José Ignacio Echaniz es consejero de la Asamblea General de «Caja Madrid». Manuel Pizarro declara cargos honoríficos en una decena de instituciones, donde percibe en algunos casos dietas. Además, forma parte del Consejo Asesor de la editorial Aranzadi y es patrono de la Fundación de Estudios Financieros.
Abogados y empresarios
El diputado José María Michavila declara en el último informe ser coadministrador solidario de la Sociedad Limitada «Michavila de Fernando», que asesora a familias en la mejor gestión de su patrimonio. Fernando López-Amor comunica ahora su nombramiento como consejero de la sociedad «Grupo Santa Mónica Sports S.R.L.», que tiene como objeto social la creación, promoción y comercialización de medios publicitarios.
Ángel Acebes declara su designación como consejero de la entidad Caja Madrid «Cibeles S. A.», que tiene por objeto «la mera tenencia o titularidad, así como la gestión de participaciones en otras sociedades que desarrollan su actividad en el sector financiero, de seguros y el negocio minorista fuera de España», con personalidad jurídica diferenciada.
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