Tiene 39 años, lleva diez en el ejercicio de la abogacía y acaba de provocar, esta semana, la
dimisión de Julio Fernández Gayoso como copresidente de Novacaixagalicia. En octubre de 2011,
Pablo Arangüena, abogado particular especializado en empresas, empezó a pensar que las informaciones periodísticas sobre las indemnizaciones que se blindaron Gayoso y otros cuatro directivos de las cajas refundidas, podían ser constitutivas de
delito de fraude y administración desleal. La Fiscalía Anticorrupción ha refrendado su denuncia ante la Audiencia Nacional, y Pablo Arangüena se personará como acusación particular en el proceso. Solo en diligencias previas, a falta de peritajes e indemnizaciones, la Fiscalía pide a los cinco directivos la devolución de al menos ocho millones de euros.
EC.- Sorprende que haya tenido que ser un abogado particular quien arranque este proceso. ¿Ningún fiscal sospechó nada? ¿No leen la prensa?
PA.- Los fiscales pueden actuar, como cualquier juzgado de guardia, en cuanto conocen cualquier hecho que pueda tener apariencia de delito. ¿Por qué no se ha hecho en este caso hasta que surge mi denuncia? Quizá por sobrecarga de trabajo. Quizá no hay los suficientes fiscales, y la Fiscalía a veces se contenta con castigar delitos más fáciles, más estándar, más rutinarios. Esta es una causa muy exigente desde el punto de vista de la interpretación de la ley y de la investigación.
Ya, pero desde hace tiempo, desde hace años, hasta el español más desinformado sospecha que algo raro pasa con las cajas. Lo de la Fiscalía es como si ves a un señor con un antifaz y un bolsón a la espalda saliendo por una ventana y no sospechas… ¿No hay complicidad por parte de la judicatura española?
Yo trabajo todos los días con jueces que son excelentes profesionales. Mi impresión es que a los fiscales y a los que toca investigar este tipo de delitos no les gusta meterse en camisas de once varas.
O sea, que no les gusta vigilar al poder financiero. Por tanto hay connivencia.
No tanto. Lo que ocurre es que no cualquier juez está capacitado para afrontar una investigación de este tipo. De hecho, en cuanto presenté mi denuncia, el juzgado de instrucción lo elevó a la Audiencia Nacional. Un caso de este tipo pude colapsar un juzgado durante años.
Pero es algo que no tienen que tener en cuenta los fiscales si aprecian indicios de delito…
Para un fiscal, supone meterse en el ojo del huracán. Recibir presiones mediáticas e, incluso, políticas. La Fiscalía es un órgano jurídico, en teoría, absolutamente imparcial y objetivo. Pero todos sabemos que, cuando menos, recibe instrucciones del Fiscal General del Estado y de sus superiores jerárquicos. Y esas instrucciones, en ocasiones, pueden estar orientadas por el Ministerio de Justicia. Para decirlo de forma no muy agresiva, digamos que existe una comunicación fluida entre Gobierno y Fiscalía.
¿Ha habido connivencia política entre gobiernos y fiscales para no atacar al poder financiero?
A mí me llama mucho la atención que, en los últimos 20 años, que yo recuerde, no haya habido en España ninguna condena a un banquero. Esa fue una de las razones que también me animó a presentar la denuncia. Me extraña que otros compañeros no lo hayan hecho, porque la información sobre las cajas gallegas que todos fuimos recibiendo clamaba al cielo.
Tan escandalosas que Anticorrupción pide ahora la devolución de 8 millones de euros que se repartieron fraudulentamente cuatro directivos. Pero yo he leído la querella y no me informa de nada que no conociera de antemano. Por eso mi insistencia en preguntar si los fiscales no leen periódicos y tienen que esperar a que un particular les lleve una denuncia.
De hecho, mi denuncia se basa en informaciones periodísticas. ¿Qué es lo que yo veo en esas informaciones? Que en un momento en que las cajas gallegas tenían comprometida su solvencia y su viabilidad, y estaban recibiendo dinero público, se produce un reparto escandaloso, al menos éticamente, de indemnizaciones. Pero una cosa es la ética y otra el Código Penal. En mi opinión, y solo es una opinión personal, eso puede ser constitutivo de un delito de administración desleal.
Vamos con más cómplices. ¿Por qué tampoco los consejos de administración, en los que hay representación política y sindical, denuncian estas prácticas?
Los propios miembros de los consejos de administración de las cajas gallegas dijeron en la prensa que allí no se pedían explicaciones porque estaba mal visto y se consideraba deslealtad. No recibían información escrita. Pero no es excusa. Los consejeros no están ahí para escuchar callados y recibir unas dietas muy sustanciosas. Están allí para controlar y supervisar. ¿Son responsables? En mi opinión, sí. Por no haber hecho su trabajo. Como mínimo.
Me extraña también que las direcciones de los partidos políticos y los sindicatos representados no les pregunten de vez en cuando a sus consejeros qué pasa ahí dentro. ¿Más dejación de funciones?
Da la impresión de que todo el mundo miraba hacia otro lado, quizá porque también lo hacían cuando las cosas iban bien y las cajas tenían dinero para financiar obras sociales de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas de todo tipo de color político. Esto lo digo con toda la cautela del mundo porque estamos hablando de sensaciones. Los consejeros dicen que no conocían los contratos de alta dirección: ¡Pues tienen la obligación de conocerlos! Dicen que se los ocultaban. Pues parece que tampoco pusieron demasiado interés en que no se les ocultaran.
La Fiscalía recoge el guante de su denuncia, un grupo de abogados impulsa con éxito una recogida de fondos para encausar a los directivos de Bankia… ¿Está cambiando la sensibilidad ante la impunidad financiera y la negligencia de los administradores?
En España los mecanismos legales son demasiado blandos. A un administrador que haga un uso desastroso de los recursos públicos no se le exigen responsabilidades ni por vía penal ni por vía civil. En el caso de banqueros y empresas, sí existe el mecanismo penal de administración desleal. Pero es poco usado. No tiene una gran tradición en nuestro ordenamiento jurídico. Yo me imagino que, dada la situación actual, se van a poner mucho más de moda denuncias y querellas de este tipo.
En el caso de las cajas gallegas, la querella de la Fiscalía Anticorrupción es contundente: “Han dispuesto en su propio beneficio de los importes que a continuación se citan, en perjuicio de la entidad crediticia y del FROB”.
Pero en España casi te tienen que haber cogido con la mano en la caja para que haya delito de administración desleal. Quizá habría que bajar el listón, y que se pueda castigar a quien lo haya hecho tan rematadamente mal que haya causado un grave perjuicio a la sociedad, a los accionistas, a los titulares de preferentes… En los casos en que no hay dolo, intención fraudulenta, pero se produce una grave negligencia, yo también sería partidario del castigo penal. Estos señores perciben unas retribuciones tan enormes que lo justifica.
¿Y el Banco de España? Yo tenía entendido que su labor de supervisión es prioritaria…
Para mí hay negligencia clara o dejación de funciones. Tienen una gran responsabilidad por todo lo que está pasando.
Pero no se les puede encausar…
Con la legislación actual, lo veo difícil. Por eso hay que cambiar esa legislación que deja impune la negligencia grave. Para evitar que lo que estamos viviendo se pueda volver a producir impunemente.
Nuevas demoledoras declaraciones del ex-político español Julio Anguita en las que denuncia nuevamente la falsa democracia instaurada en España en donde, según sus palabras, la corrupción en España constituye una práctica habitual que reina en los más altos niveles de los tres poderes del Estado, ellegislativo, ejecutivo y judicial.
