Muchos discapacitados que lo único que tenían eran su entusiasmo y ocupación por aprender a aprender y a deshaprender, se han quedado fuera de la universidad UNED, por no tener recursos económicos; el Partido Popular ha tenido la decencia de hacer algo en beneficio de este colectivo, y ha sido el diputado por Orense Don Jesús Vázquez el que ha roto una lanza , que estoy seguro culminará en el cumplimiento estricto de la ley: "que los estudiantes discapacitados no tengan que abandonar sus estudios por carecer de medios económicos", gracias Jesús.
162/000279
A la Mesa del Congreso de los DiputadosEl Grupo Parlamentario Popular en el congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al establecimiento de las medidas necesarias de carácter económico para la exención de precios públicos prevista en la Ley Orgánica 4/2007, de 21 de diciembre, a favor de los alumnos que tengan reconocida legalmente un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, para su matrícula en la UNED, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos La gratuidad de la enseñanza universitaria es un derecho que se deriva, no sólo de las previsiones de gratuidad que al respecto contiene la Ley 13/1982, de 7 de abril, sino también de las expresamente recogidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Sobre la exención de tasas universitarias la arriba mencionada Ley Orgánica, de 21 de diciembre, de niversidades, en su Disposición Adicional Vigésima cuarta—relativa a la integración de estudiantes con discapacidad en las universidades—, establecía el deber de éstas de tener en cuenta, en el desarrollo de dicha Ley, las disposiciones de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en lo referente a la integración
de estudiantes con discapacidad en la enseñanza universitaria. Posteriormente, la modificación que la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, efectúa de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, supuso una serie de medidas innovadoras en lo que se refiere a una educación moderna, adaptada a los principios de la sociedad del conocimiento, y que garantiza la igualdad de oportunidades para los estudiantes con diversidad funcional, por lo que establece: diferentes facilidades para los estudiantes con diversidad funcional, sobre las referidas a la gratuidad o reducción de tasas universitarias; medidas para que las universidades proporcionen los medios, apoyos y recursos que garanticen la plena integración de los estudiantes con universidad funcional; programas para asegurar la accesibilidad a la información en los servicios presenciales y virtuales; planes de estudio desarrollados según principios de accesibilidad universal y respeto para todos. Más concretamente, en lo que se refiere a la gratuidad de las tasas universitarias, dispone un apartado, el apartado 90, con carácter de Ley Orgánica en virtud de los establecido en su disposición Final Octava en el que, tras establecer específicas medidas dirigidas a la inclusión de las personas con discapacidad en las Universidades, reconoce expresamente el derecho de exención total de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario a los estudiantes con discapacidad que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. Todo ello exige la puesta en marcha de medidas que hagan posible la liminación de desigualdades que padecen las personas con discapacidad y que den cumplimiento a la ley antes referida. Estos mismos argumentos han llevado al Defensor del Pueblo a incluir este tipo de demanda en el informe de dicha institución al conocimiento de las Cortes Generales en estos últimos años, constituyendo uno de los aspectos más recurrente a los que se enfrenta este organismo. Al margen de toda normativa, nadie duda del papel que ejerce la Universidad, y en especial la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), dando un gran apoyo a la plena integración en la sociedad de las personas que tienen un cierto grado de discapacidad. La UNED es la mayor universidad de España con sus más de 160.000 alumnos, de los cuales cerca de 5.000 presentan alguna discapacidad.
Además, la UNED tiene un papel muy importante dentro del territorio nacional, ya que históricamente ha contribuido a llevar la educación superior a los núcleos de población, alejados de las grandes ciudades, que no disponen de universidad a través de la creación de centros regionales y de su peculiar método docente, permitiendo eliminar las desigualdades interterritoriales que existen en el ámbito de la educación universitaria, al garantizar el acceso universal a la misma de todos los españoles.
Asimismo, la UNED tiene dentro de sus objetivos garantizar la igualdad de oportunidades, posibilitando el acceso a los estudios superiores a personas que no habrían podido conseguirlo por razones de renta, por su lugar de residencia o por cualquier otra dificultad o minusvalía, así como la incorporación de la mujer a la universidad y al mercado de trabajo, o el acceso a la universidad a personas que alternan su jornada laboral con su formación universitaria. En definitiva, creemos que es el cauce más adecuado para acceder a los estudios universitarios de un sector de la sociedad con difícil acceso a los estudios superiores, más cuando está contrastado que éstos son un vehículo idóneo para su integración laboral y social. Se hace necesario por tanto, que los poderes públicos, y más concretamente la Administración General del Estado, adopten las medidas precisas para lograr la más rápida y eficaz integración social de las personas con discapacidad, facilitando su acceso a la UNED, sin que ello repercuta en sus recursos, a fin de que la misma pueda seguir cumpliendo los objetivos a los que antes se hizo referencia.
Congreso 2 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 139
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente Proposición no de Ley «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que establezca las medidas necesarias de carácter económico para la exención de precios públicos prevista en la Ley Orgánica 4/2007, de 21 de diciembre, a favor de los alumnos que tengan reconocida legalmente un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, para su matrícula en la UNED, sin que ello vaya en detrimento de los ingresos de la Universidad.» Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Diputado.—MaríaSoraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz delGrupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los DiputadosEl Grupo Parlamentario Popular en el congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al establecimiento de las medidas necesarias de carácter económico para la exención de precios públicos prevista en la Ley Orgánica 4/2007, de 21 de diciembre, a favor de los alumnos que tengan reconocida legalmente un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, para su matrícula en la UNED, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos La gratuidad de la enseñanza universitaria es un derecho que se deriva, no sólo de las previsiones de gratuidad que al respecto contiene la Ley 13/1982, de 7 de abril, sino también de las expresamente recogidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Sobre la exención de tasas universitarias la arriba mencionada Ley Orgánica, de 21 de diciembre, de niversidades, en su Disposición Adicional Vigésima cuarta—relativa a la integración de estudiantes con discapacidad en las universidades—, establecía el deber de éstas de tener en cuenta, en el desarrollo de dicha Ley, las disposiciones de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en lo referente a la integración
de estudiantes con discapacidad en la enseñanza universitaria. Posteriormente, la modificación que la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, efectúa de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, supuso una serie de medidas innovadoras en lo que se refiere a una educación moderna, adaptada a los principios de la sociedad del conocimiento, y que garantiza la igualdad de oportunidades para los estudiantes con diversidad funcional, por lo que establece: diferentes facilidades para los estudiantes con diversidad funcional, sobre las referidas a la gratuidad o reducción de tasas universitarias; medidas para que las universidades proporcionen los medios, apoyos y recursos que garanticen la plena integración de los estudiantes con universidad funcional; programas para asegurar la accesibilidad a la información en los servicios presenciales y virtuales; planes de estudio desarrollados según principios de accesibilidad universal y respeto para todos. Más concretamente, en lo que se refiere a la gratuidad de las tasas universitarias, dispone un apartado, el apartado 90, con carácter de Ley Orgánica en virtud de los establecido en su disposición Final Octava en el que, tras establecer específicas medidas dirigidas a la inclusión de las personas con discapacidad en las Universidades, reconoce expresamente el derecho de exención total de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario a los estudiantes con discapacidad que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. Todo ello exige la puesta en marcha de medidas que hagan posible la liminación de desigualdades que padecen las personas con discapacidad y que den cumplimiento a la ley antes referida. Estos mismos argumentos han llevado al Defensor del Pueblo a incluir este tipo de demanda en el informe de dicha institución al conocimiento de las Cortes Generales en estos últimos años, constituyendo uno de los aspectos más recurrente a los que se enfrenta este organismo. Al margen de toda normativa, nadie duda del papel que ejerce la Universidad, y en especial la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), dando un gran apoyo a la plena integración en la sociedad de las personas que tienen un cierto grado de discapacidad. La UNED es la mayor universidad de España con sus más de 160.000 alumnos, de los cuales cerca de 5.000 presentan alguna discapacidad.
Además, la UNED tiene un papel muy importante dentro del territorio nacional, ya que históricamente ha contribuido a llevar la educación superior a los núcleos de población, alejados de las grandes ciudades, que no disponen de universidad a través de la creación de centros regionales y de su peculiar método docente, permitiendo eliminar las desigualdades interterritoriales que existen en el ámbito de la educación universitaria, al garantizar el acceso universal a la misma de todos los españoles.
Asimismo, la UNED tiene dentro de sus objetivos garantizar la igualdad de oportunidades, posibilitando el acceso a los estudios superiores a personas que no habrían podido conseguirlo por razones de renta, por su lugar de residencia o por cualquier otra dificultad o minusvalía, así como la incorporación de la mujer a la universidad y al mercado de trabajo, o el acceso a la universidad a personas que alternan su jornada laboral con su formación universitaria. En definitiva, creemos que es el cauce más adecuado para acceder a los estudios universitarios de un sector de la sociedad con difícil acceso a los estudios superiores, más cuando está contrastado que éstos son un vehículo idóneo para su integración laboral y social. Se hace necesario por tanto, que los poderes públicos, y más concretamente la Administración General del Estado, adopten las medidas precisas para lograr la más rápida y eficaz integración social de las personas con discapacidad, facilitando su acceso a la UNED, sin que ello repercuta en sus recursos, a fin de que la misma pueda seguir cumpliendo los objetivos a los que antes se hizo referencia.
Congreso 2 de febrero de 2009.—Serie D. Núm. 139
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente Proposición no de Ley «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que establezca las medidas necesarias de carácter económico para la exención de precios públicos prevista en la Ley Orgánica 4/2007, de 21 de diciembre, a favor de los alumnos que tengan reconocida legalmente un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, para su matrícula en la UNED, sin que ello vaya en detrimento de los ingresos de la Universidad.» Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2008.—Jesús Vázquez Abad, Diputado.—MaríaSoraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz delGrupo Parlamentario Popular en el Congreso.
