iniciativa Los 315 concellos recibirán 490 millones del plan del Gobierno para contener la crisis
Tendrán 46 días para decidir en qué gastar una cifra que en muchos casos equivale al 20% de su presupuesto
A lo largo del próximo mes y medio, los alcaldes gallegos podrán sentirse como los ganadores de uno de esos concursos de consumo frenético del tipo gaste usted 10.000 euros en una hora. Los regidores tendrán 46 días, entre el 10 de diciembre y el 24 de enero, para invertir el dinero del Fondo de Inversión Local para el Empleo, el programa anticrisis diseñado por el Gobierno para inyectar liquidez en las corporaciones locales y que estará dotado con 8.000 millones de euros, de los que un máximo de 490 serán para los concellos gallegos.
El Ministerio de Administraciones Públicas divulgó ayer el listado con las cantidades asignadas a cada ayuntamiento, que es mayor o menor en función exclusivamente de la población. Y las cifras no son baladíes. Así, por ejemplo, gobiernos locales de ciudades como A Coruña o Vigo tendrán los aludidos 46 días para presentar proyectos e invertir un extra (43,2 y 52,17 millones, respectivamente) que representa en torno al 20% de su presupuesto anual.
Boiro, Aranga o Corcubión, por citar solo algunos casos, también dispondrán de partidas que se acercan o superan ligeramente el 20% de todo el presupuesto consignado para este año, lo que da cuenta de la importancia de los recursos asignados. El concello lucense de Negueira de Muñiz, el más pequeño de Galicia con solo 222 habitantes, es el que menos recibirá de todos -poco más de 39.000 euros- un 6,8% de lo presupuestado por el gobierno local para este ejercicio.
La cifra atribuida a cada municipio es un máximo, de forma que un ayuntamiento podría no llegar a consumir todo ese dinero si se retrasa o no halla proyectos de inversión, algo poco probable, habida cuenta de la anorexia financiera que atraviesan las corporaciones locales.
El plan del Gobierno ofrece un amplio abanico de posibilidades para que se pueda gastar todo el dinero: mejora de entornos públicos urbanos y de promoción industrial, redes viarias, saneamiento, alumbrado, telecomunicaciones, promoción del turismo, prevención de incendios, construcción o rehabilitación de edificios sanitarios, educativos, deportivos... El importe de cada actuación, no obstante, no podrá exceder de cinco millones de euros.
Nuevos contratos
El programa establece una serie de requisitos de obligado cumplimiento. Así, los proyectos presentados por los concellos no estarán incluidos en los presupuestos municipales para el 2009 y los nuevos trabajadores que sea necesario contratar para acometerlos deberán estar en paro. En este sentido, las actuaciones implicarán necesariamente la creación de empleo. En caso contrario, los ayuntamientos podrían verse obligados a devolver el dinero de la inversión. Además, los trabajos habrán de realizarse a lo largo del 2009, de modo que se acredite su remate en el primer trimestre del 2010, con una posibilidad de ampliar el plazo en seis meses si hay causa justificada.
Para beneficiar también a las empresas, se ha establecido una obligación de pago, de forma que los ayuntamientos deberán abonar las obras a los contratistas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra. Autor Manuel Blanco.
Tendrán 46 días para decidir en qué gastar una cifra que en muchos casos equivale al 20% de su presupuesto
A lo largo del próximo mes y medio, los alcaldes gallegos podrán sentirse como los ganadores de uno de esos concursos de consumo frenético del tipo gaste usted 10.000 euros en una hora. Los regidores tendrán 46 días, entre el 10 de diciembre y el 24 de enero, para invertir el dinero del Fondo de Inversión Local para el Empleo, el programa anticrisis diseñado por el Gobierno para inyectar liquidez en las corporaciones locales y que estará dotado con 8.000 millones de euros, de los que un máximo de 490 serán para los concellos gallegos.
El Ministerio de Administraciones Públicas divulgó ayer el listado con las cantidades asignadas a cada ayuntamiento, que es mayor o menor en función exclusivamente de la población. Y las cifras no son baladíes. Así, por ejemplo, gobiernos locales de ciudades como A Coruña o Vigo tendrán los aludidos 46 días para presentar proyectos e invertir un extra (43,2 y 52,17 millones, respectivamente) que representa en torno al 20% de su presupuesto anual.
Boiro, Aranga o Corcubión, por citar solo algunos casos, también dispondrán de partidas que se acercan o superan ligeramente el 20% de todo el presupuesto consignado para este año, lo que da cuenta de la importancia de los recursos asignados. El concello lucense de Negueira de Muñiz, el más pequeño de Galicia con solo 222 habitantes, es el que menos recibirá de todos -poco más de 39.000 euros- un 6,8% de lo presupuestado por el gobierno local para este ejercicio.
La cifra atribuida a cada municipio es un máximo, de forma que un ayuntamiento podría no llegar a consumir todo ese dinero si se retrasa o no halla proyectos de inversión, algo poco probable, habida cuenta de la anorexia financiera que atraviesan las corporaciones locales.
El plan del Gobierno ofrece un amplio abanico de posibilidades para que se pueda gastar todo el dinero: mejora de entornos públicos urbanos y de promoción industrial, redes viarias, saneamiento, alumbrado, telecomunicaciones, promoción del turismo, prevención de incendios, construcción o rehabilitación de edificios sanitarios, educativos, deportivos... El importe de cada actuación, no obstante, no podrá exceder de cinco millones de euros.
Nuevos contratos
El programa establece una serie de requisitos de obligado cumplimiento. Así, los proyectos presentados por los concellos no estarán incluidos en los presupuestos municipales para el 2009 y los nuevos trabajadores que sea necesario contratar para acometerlos deberán estar en paro. En este sentido, las actuaciones implicarán necesariamente la creación de empleo. En caso contrario, los ayuntamientos podrían verse obligados a devolver el dinero de la inversión. Además, los trabajos habrán de realizarse a lo largo del 2009, de modo que se acredite su remate en el primer trimestre del 2010, con una posibilidad de ampliar el plazo en seis meses si hay causa justificada.
Para beneficiar también a las empresas, se ha establecido una obligación de pago, de forma que los ayuntamientos deberán abonar las obras a los contratistas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra. Autor Manuel Blanco.
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