El nuevo coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, tomó el domingo con fuerza las riendas de su formación haciendo un llamamiento a la huelga general, en caso de no haber cambios en la actual política económica. Una huelga “no como un fin en sí mismo, sino para decirles a los poderosos que por aquí no vamos a ningún camino”. Sin embargo, ayer, las palabras de Lara perdieron su fuerza inicial y la perspectiva de que en España se produzca una huelga general se alejó de forma rotunda.
Lara emitió un comunicado para matizar su discurso de investidura y negar que hiciera un llamamiento a la huelga. “Si el Gobierno persiste en sacar el dinero público a todos los ciudadanos para meterlo en los bolsillos de la banca”, indicó Lara, se darían las condiciones para convocarla. Para el nuevo líder de IU, los planes de rescate del Gobierno podrían ser utilizados por la banca para tapar “los agujeros negros que han tenido en este periodo”. Lara denunció que ese dinero no tiene el control público suficiente, ni se destina a las familias ni a las empresas que están “hechas polvo”. “Puede haber expedientes de regulación de empleo que están produciendo por esta situación”, concluyó.
Las dos principales centrales sindicales, CCOO y UGT, reaccionaron con frialdad ante los nuevos bríos de IU. Fernando Lezcano, portavoz de CCOO, explicó a este diario que una convocatoria de esa envergadura sólo estaría justificada en caso de que el Gobierno o la patronal buscaran recortar derechos de los trabajadores. Algo que, de acuerdo con Lezcano, no se plantea en un horizonte próximo.
La respuesta de UGT ha sido similar. El secretario de Acción Sindical de esta organización, Toni Ferrer, aseguró ayer en Logroño que UGT no se plantea convocar una huelga general en los próximos meses. Ferrer explicó en rueda de prensa, según recoge Efe, que de producirse “agresiones como las que motivaron las huelgas generales de 1988, 1992, 1994 y 2002”, UGT convocaría una nueva movilización.
No obstante, Ferrer subrayó que “ahora no estamos en esa fase” y sí en la de “hacer un llamamiento al Gobierno para que mejore el proceso de diálogo, y a los empresarios para que abandonen sus maximalismos de abaratar el despido y de congelación salarial”. Así, el portavoz de UGT advirtió que si el Gobierno o la patronal defienden esas medidas examinarán la posibilidad de movilizarse, como “ya ha empezado en Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria o Aragón”.
La presión sindical sí crece en Madrid
La prudencia de los sindicatos a nivel estatal contrasta con las continuas movilizaciones que se registran en la Comunidad de Madrid. UGT, CCOO y CSIT-Unión Profesional han convocado este martes a los empleados públicos a una manifestación para reclamar mejoras laborales y económicas al Gobierno de Esperanza Aguirre. En una carta conjunta, estos tres sindicatos piden a Aguirre que les reconozca como los “legítimos representantes de los empleados públicos”, así como su derecho a “defender la gestión directa de los servicios públicos considerados esenciales, a la negociación colectiva, y a reivindicar mejoras salariales, laborales y profesionales”.
Los sindicatos y el Ejecutivo autonómico mantienen abierto un conflicto en torno a los servicios de Salud, Educación y Justicia que se traduce en continuas concentraciones y cruces de acusaciones. El Gobierno madrileño ha criticado a las centrales por concentrar sus reivindicaciones en Madrid y servir así a los intereses del PSOE, mientras que los sindicatos denuncian el deterioro y la privatización de los servicios públicos.
Lara emitió un comunicado para matizar su discurso de investidura y negar que hiciera un llamamiento a la huelga. “Si el Gobierno persiste en sacar el dinero público a todos los ciudadanos para meterlo en los bolsillos de la banca”, indicó Lara, se darían las condiciones para convocarla. Para el nuevo líder de IU, los planes de rescate del Gobierno podrían ser utilizados por la banca para tapar “los agujeros negros que han tenido en este periodo”. Lara denunció que ese dinero no tiene el control público suficiente, ni se destina a las familias ni a las empresas que están “hechas polvo”. “Puede haber expedientes de regulación de empleo que están produciendo por esta situación”, concluyó.
Las dos principales centrales sindicales, CCOO y UGT, reaccionaron con frialdad ante los nuevos bríos de IU. Fernando Lezcano, portavoz de CCOO, explicó a este diario que una convocatoria de esa envergadura sólo estaría justificada en caso de que el Gobierno o la patronal buscaran recortar derechos de los trabajadores. Algo que, de acuerdo con Lezcano, no se plantea en un horizonte próximo.
La respuesta de UGT ha sido similar. El secretario de Acción Sindical de esta organización, Toni Ferrer, aseguró ayer en Logroño que UGT no se plantea convocar una huelga general en los próximos meses. Ferrer explicó en rueda de prensa, según recoge Efe, que de producirse “agresiones como las que motivaron las huelgas generales de 1988, 1992, 1994 y 2002”, UGT convocaría una nueva movilización.
No obstante, Ferrer subrayó que “ahora no estamos en esa fase” y sí en la de “hacer un llamamiento al Gobierno para que mejore el proceso de diálogo, y a los empresarios para que abandonen sus maximalismos de abaratar el despido y de congelación salarial”. Así, el portavoz de UGT advirtió que si el Gobierno o la patronal defienden esas medidas examinarán la posibilidad de movilizarse, como “ya ha empezado en Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria o Aragón”.
La presión sindical sí crece en Madrid
La prudencia de los sindicatos a nivel estatal contrasta con las continuas movilizaciones que se registran en la Comunidad de Madrid. UGT, CCOO y CSIT-Unión Profesional han convocado este martes a los empleados públicos a una manifestación para reclamar mejoras laborales y económicas al Gobierno de Esperanza Aguirre. En una carta conjunta, estos tres sindicatos piden a Aguirre que les reconozca como los “legítimos representantes de los empleados públicos”, así como su derecho a “defender la gestión directa de los servicios públicos considerados esenciales, a la negociación colectiva, y a reivindicar mejoras salariales, laborales y profesionales”.
Los sindicatos y el Ejecutivo autonómico mantienen abierto un conflicto en torno a los servicios de Salud, Educación y Justicia que se traduce en continuas concentraciones y cruces de acusaciones. El Gobierno madrileño ha criticado a las centrales por concentrar sus reivindicaciones en Madrid y servir así a los intereses del PSOE, mientras que los sindicatos denuncian el deterioro y la privatización de los servicios públicos.
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