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Publicado por JOSMAN. para JOSMAN el 2/09/2010 10:42:00 AM

España nunca ha tenido en su administración, -- excepto al de los Gal, Fondos Reservados, Operación Columna, Corcuera, Lasa y Zabala, etc etc. Felipe González -- una panda de aprovechados, mediocres, inservibles y vividores, y me quedo corto, con un vistazo se puede observar cómo no hacen nada ni sirven para nada, eso sí, todos los meses cobran y abusan de los privilegios que sus cargos electos le dan, formando una clase política alejada de los ciudadanos que les eligen, han logrado la existencia de una democracia sin demócratas.
Señor Ministros, explíqueme, y hágalo claro, qué pasa con el entorno de ETA, dónde está Josu Ternera etc, le puedo asegurar que esta vez no vamos a fallar en demostrar las dos varas de medir que utiliza y los medios y artificios que siempre han utilizado contra los demócratas y contra la democracia. Cuando fue el tema Roldán, pretendimos ponerlo delante de las cámaras y que toda España supiera la verdad, por minutos no lo conseguimos, por minutos fracasamos; a años vista le auguro de que seguir así en sus planteamientos pronto tendrá su merecido. Le recuerdo que se ha aprobado una PNL en el congreso el 30 de Septiembre del año 2009, y por unanimidad, y están haciendo caso omiso de un mandato del órgano de representación democrático que tenemos los Españoles, dejando claro una vez más con sus actitudes que no se puede confiar en ustedes.
EL ANÁLISIS DE LA IZQUIERDA ABERTZALE, EN BREVE
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (Efe).
Carlos Fonseca.- 05/02/2010
El ministro del Interior no quiere que Arnaldo Otegi hable desde prisión justo cuando la izquierda abertzale está a punto de hacer públicas las conclusiones de su debate interno, que se espera suponga un paso más en su desmarque de ETA. Alfredo Pérez Rubalcaba ha prohibido que el periodista y escritor británico John Carlin se encuentre con el dirigente abertzale en la cárcel, pese a que éste había accedido a recibirle. Carlin es autor de “El factor humano”, libro en el que está basada la recién estrenada película “Invictus” sobre el presidente sudafricano Nelson Mandela.
John Carlin manifestó a este periódico que conoce a Otegi de sus viajes al País Vasco e Irlanda, y confirmó que éste había aceptado entrevistarse con él. Una decisión en la que también ha influido la relación del periodista con el mediador sudafricano Brian Currin, que tuvo un papel destacado durante el frustrado proceso de paz. Su participación en el mismo fue sugerida por el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela a los dirigentes batasunos que viajaron a Sudáfrica en busca de apoyos.
Brian Currin, con experiencia en el conflicto sudafricano y en el irlandés, es uno de los asesores del documento de debate con el que la izquierda abertzale quiere dejar clara su apuesta por la política y pretende marcar distancias con ETA, aunque sin llegar a condenar la violencia. Un debate cuyas conclusiones se conocerán este mes y del que la abogada Jone Goiricelaia ha asegurado que “no va a dejar frío a nadie”. Esta iniciativa ha sido descalificada por el Gobierno, que la considera una mera estrategia para eludir la ilegalización de sus formaciones políticas y poder concurrir a las municipales y forales del próximo año.
Apuesta política
Otegi fue juzgado la semana pasada por un delito de enaltecimiento del terrorismo durante el homenaje al etarra José María Sagarduy en 2005, y aunque se negó a condenar la violencia, en su alegato final ante el tribunal afirmó: “mi vocación, mi propuesta, mi intención y la de la izquierda abertzale es hacer una apuesta única y exclusivamente por vías pacíficas, y por ninguna otra”.
John Carlin fue corresponsal en Sudáfrica del diario británico The Independent entre 1989 y 1995, y como tal cubrió informativamente la liberación de Nelson Mandela en 1990, tras pasar 27 años en prisión, y su llegada al poder en 1995. En una entrevista días antes del estreno de “Invictus” el pasado enero manifestó que “la democracia en Sudáfrica es más estable que en España, puesto que allí no hay movimientos separatistas”. La película aborda las dificultades que tuvo Mandela para asentar la democracia en su país y sus esfuerzos para unir a blancos y negros a través del deporte. El actor Morgan Freeman encarna al popular líder africano, en una cinta dirigida por Clint Eastwood.
Aumenta la carga sobre los trabajadores
Los trabajadores asfixiados por caga y la presión fiscal
Recientemente los demoledores datos del paro ofrecidos por la EPA y el Ministerio de Trabajo agravan la depresión en la que la economía española navegará durante varios años sin rumbo, en busca de una recuperación que no aparece en el mapa.
Para comprender el verdadero alcance de lo que representan realmente los 5.436.637 de demandantes de empleo (sin contar los que cobran el PER, los EREs, las prestaciones de los € 420, los que están en cursos de formación, que haría superar la cifra de los 6 millones), debemos descubrir hasta que punto la responsabilidad y la carga que soportan los que aún mantienen su empleo.
46.745.807 de personas conforman el reino de taifas español, de todas estos tan sólo 18.645.900 cuentan con empleo, es decir, el 40% de la población es la responsable de garantizar la prosperidad, sanidad, educación y riqueza para el futuro del conjunto de la nación.
Cada trabajador mantiene a 2.5 personas (el incluido), si lo prefieren ver de otra forma cada empleado sufraga los costes de 1.5 españoles aparte de si mismo.
La riqueza de un país es el fruto del trabajo de sus empresas que son las que generan el empleo gracias al cual se pagan los impuestos que el Estado gestiona a través de los presupuestos generales.
El funcionamiento es simple en una economía de mercado, los empresarios buscan oportunidades de negocio que necesitan mano de obra, ambos pagan impuestos por su actividad (sociedades, IVA, IRPF, etc.) y el gobierno lo invierte según su criterio y contrato con los electores a través de su programa electoral (pleno empleo en el caso del vencedor de las últimas elecciones).
Dentro de la población ocupada (los que trabajan) se cuentan los funcionarios, que realizan funciones de gestión y servicios básicos e imprescindibles, pero no ofrecen capacidad productiva ni riqueza al PIB nacional equiparable al del sector privado (la misión de la administración pública es administrar, gestionar y dar ciertos servicios sociales, pero no producir tecnología, generar negocios que propicien nuevos empleos o producir bienes para el consumo, exportación, etc.).
Si descontamos de los 18 millones a los 3 de funcionarios (Alemania con el doble de población posee la mitad de trabajadores públicos) nos quedan 15 millones que han de innovar, producir, invertir y vender en una economía mundializada altamente competitiva productos y servicios para mantener a 46.7 millones de compatriotas (es decir cada trabajador del sector privado, financia a 2 españoles más).
Si a estas personas (que se reducen casi a un ritmo de 100.000 al mes), les cargamos con el sustento de 2 ciudadanos más, les suben el IBI, el impuesto de circulación, tasas de basuras, aumento de las multas, el IRPF, la electricidad, el teléfono, los transportes (públicos y privados), le aumentamos la edad de jubilación... ¿Hasta qué punto pueden soportar los trabajadores el peso que la sociedad y, sobre todo, las administraciones públicas carga sobre sus espaldas?.
| Boletin | Boletín Oficial del Estado. Número 30 de 4 de Febrero de 2010 |
| Sección | I. DISPOSICIONES GENERALES |
| Órgano emisor | MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO |
| Número de disposición | 39/2010 |
| Fecha de disposición | 15 de Enero de 2010 |
| Tipo de norma | REAL DECRETO |
| Tipo de legislación | Legislacion |
Dentro de nuestro marco constitucional y, en concreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 148.1.18.ª de la Constitución y sus respectivos estatutos de autonomía, las comunidades autónomas han venido asumiendo las competencias exclusivas en materia de ordenación del turismo en su ámbito territorial, aprobando en consecuencia sus respectivas normas sectoriales reguladoras de los diferentes servicios turísticos, mientras que las normas del Estado, mantenían un carácter supletorio.
No obstante, lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, incorporada al ordenamiento interno mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, a la que ha seguido la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ha llevado a la revisión de esa normativa turística estatal, concluyéndose en que resulta precisa su derogación, para que, en el ejercicio de sus competencias, sean las propias comunidades autónomas las que adapten las correspondientes normas de ordenación conformes con la citada Directiva 2006/123/CE.
En el marco de este proceso de modificación, mediante este real decreto se derogan diversas normas reglamentarias estatales que todavía regulan, por lo menos con carácter supletorio, el acceso a algunas actividades turísticas y su ejercicio.
Se trata de decretos, reales decretos y órdenes ministeriales, en muchos casos preconstitucionales, que se considera necesario derogar expresa y formalmente para que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus competencias, adopten las correspondientes normas de ordenación, que obviamente deberán ser conformes con lo establecido en la Directiva 2006/123/CE.
Todo ello, en cumplimiento de la obligación de incorporar la Directiva 2006/123/CE al ordenamiento jurídico español, obligación que se deduce de lo dispuesto en el artículo 249 (antiguo artículo 189) del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y asimismo en el artículo 10 (antiguo artículo 5) del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que dispone que los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de enero de 2010,
DISPONGO:
Artículo único. Derogación de disposiciones.
1. Quedan derogados los decretos y reales decretos que se relacionan a continuación:
a) Decreto 231/1965, de 14 de enero, por el que se aprueba el Estatuto ordenador de las Empresas y de las Actividades Turísticas Privadas.
b) Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, de medidas de ordenación de la oferta turística.
c) Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre, de ordenación de apartamentos turísticos y de viviendas turísticas vacacionales.
d) Real Decreto 1634/1983, de 15 de junio, sobre ordenación de establecimientos hoteleros.
e) Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viajes.
2. Asimismo quedan derogadas las órdenes ministeriales que se relacionan a continuación:
a) Orden del Ministerio de Información y Turismo de 20 de noviembre de 1964, por la que se regula el funcionamiento del Registro de Empresas y Actividades Turísticas.
b) Orden del Ministerio de Información y Turismo de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes.
c) Orden del Ministerio de Información y Turismo de 18 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de cafeterías.
d) Orden del Ministerio de Información y Turismo de 28 de julio de 1966, por la que se aprueba la ordenación turística de los campamentos de turismo.
e) Orden del Ministerio de Información y Turismo de 17 de enero de 1967, por la que se aprueba la ordenación de apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico.
f) Orden del Ministerio de Información y Turismo de 11 de agosto de 1972, por la que se aprueba el Estatuto de los directores de establecimientos de empresas turísticas y se dictan normas sobre inscripción en el registro correspondiente
g) Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 14 de abril de 1988, por la que se aprueban las normas reguladoras de las Agencias de Viajes.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 15 de enero de 2010.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
Madrid.- Fuentes judiciales solventes han asegurado a LA GACETA la inminente apertura de juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el presunto delito grave de prevaricación en el caso de la Memoria Histórica. Esto significa que el instructor de la querella, el magistrado Luciano Varela, decretará la imputación formal de Garzón y lo sentará en el banquillo de los acusados.
Cayo Lara (IU)Zapatero con la banca en Moncloa.
¿Aún hay alguien que tenga la desvergüenza de señalar a nuestra banca con dedo acusador?Emiliootín.
Tenemos una banca que no nos merecemos. Amable y comprensiva que nos quiere como una madre. Érase que se era un cliente al que se le concedió por una entidad bancaria un crédito.
Llegado su vencimiento, hace 15 años, quedó una parte sustancial pendiente de pago, 2,5 millones de euros, cantidad que, con sus intereses, alcanzaba la cifra de 6,7 millones. Desde entonces no se pagó ni un céntimo de euro. Desaparecido el delito de usura (la llamada “Ley Azcárate”), la banca en toda impunidad puede aplicarle al españolito de a pie razonables intereses de hasta el 25%. Aquí eran sólo del 19%.
Pues bien, nuestra caritativa banca decidió no sólo rebajar el 80% de los intereses de la deuda hasta el año 1999, ¡¡sino todos los intereses desde esa fecha hasta la actualidad!! ¿Aún hay alguien que tenga la desvergüenza de señalar a nuestra banca con dedo acusador? ¿No es ésta una conducta ejemplar, digna de nuestra admiración y alabanza? Lamentablemente este es un caso aislado. No se repite con frecuencia.
Solamente en casos contados y aplicable a deudores exquisitos merecedores de toda consideración: al Partido que se dice Socialista y Obrero, siendo ciertamente Español. Porque a usted y a mí, y al lucero del alba, la banca aplica con rigor cartesiano, con fría determinación los intereses pactados.
Me refiero a los del 19 (o 25%). Justa penitencia al pecado. Pero claro, hay diferencias. Los españolitos de a pie no contamos con un argumento definitivo: el Boletín Oficial del Estado. A propósito, ¿se han preguntado ustedes por qué razón la banca no cuenta con limitación alguna para establecer sus comisiones de gestión o sus intereses de demora? Pongamos un ejemplo: un amigo mío solicitó un cheque bancario de 100.000 euros contra su propia cuenta corriente. Por 15 segundos de trabajo del funcionario de la banca le cargaron 400 euros. No nos merecemos la banca que tenemos. Ni tampoco al Gobierno.
NOTA. Este artículo fue originalmente publicado en La Gaceta.
| Reconocimiento a los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD). Orden 431/01548/10 El 1 de abril de 2009 la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, por la que se instaba al Gobierno a iniciar las actuaciones necesarias para rendir homenaje a los militares que colaboraron decididamente en el proceso de evolución hacia un régimen democrático en España con especial reconocimiento a aquellos que en defensa de esos ideales arriesgaron su carrera y promoción profesional e incluso su libertad personal como miembros de la Unión Militar Democrática (UMD) y a hacer públicos con precisión sus sacrificios personales y profesionales. Para dar cumplimiento a la proposición no de ley, el 4 de diciembre del 2009 el Consejo de Ministros aprobó una declaración institucional de reconocimiento a miembros de las Fuerzas Armadas en la transición a la democracia con especial mención a la Unión Militar Democrática (UMD). Por todo ello para hacer visible la especial mención a los miembros pertenecientes a la UMD. En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el personal a continuación relacionado, se le concede las recompensas militares que para cada uno se expresan. |
IMPUTADOS DOS ALTOS CARGOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
El Partido Popular ha conseguido su objetivo y podrá ejercer la acusación popular en el caso del ‘chivatazo’ a ETA, que los populares han convertido en casus beli contra el Gobierno en el arranque del nuevo periodo de sesiones. Los populares tendrán que compartir la acusación con la Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil, una asociación profesional de la escala de oficiales con representación en el Consejo de la Benemérita. Esta acusación conjunta se suma a las acciones populares que desde hace más de tres años ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia.
La dirección letrada le corresponde desde esta semana el abogado Guillermo Regalado, en representación del PP. Alicia Martín, la procuradora, ha sido designada por la UO. Un portavoz oficial de la Benemérita manifestó a este diario que es perfectamente compatible la personación de dicha organización profesional en la causa, pese a que en la misma están imputados el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies. La UO asegura que su intención exclusiva es “defender el honor e integridad de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado" y afirma que el 'chivatazo' "no es cuestión entre partidos, sino un auténtico asunto de Estado". El problema es que entre los sospechosos del mismo están altos cargos del departamento y del Cuerpo "hermano".
Munición contra el Gobierno
La personación del PP en la causa le permite tener acceso a toda la instrucción, salvo la documentación que el juez mantiene ‘secreta’ en una pieza separada que alude a la conexión entre ‘el chivatazo’ y el último proceso negociador con ETA. El contenido del sumario dará abundante munición al principal partido de la oposición para atacar al Gobierno de Rodríguez Zapatero y, en particular, a su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, su particular bestia negra.
El PP y la UO aspiraban a ejercer la acción popular de forma independiente, pero el juez Baltasar Garzón se opuso a ello y les invitó a sumarse a Dignidad y Justicia o la AVT. La personación de una tercera acusación ha causado sorpresa por el momento en el que se produce, casi cuatro años después del ‘chivatazo’, y cuando el fiscal de la causa había reclamado el archivo de la misma y el magistrado debía decidir sobre la misma o continuar con la investigación. El recurso de apelación fue resuelto la pasada semana por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que aceptó la personación de ambos pero bajo una misma dirección letrada.
La nueva acusación ha reclamado al juez, entre otras pruebas, los informes policiales relativos al número de teléfono 6481XX190, que era utilizado por García Hidalgo y vincula el ‘chivatazo’ con la negociación con ETA durante el frustrado proceso de paz. También ha solicitado que se facilite la respuesta que el Ministerio del Interior dio a la comisión rogatoria 21/2007 cursada por la jueza francesa Laurence Levert para identificar al titular del citado móvil.
LOS DIPUTADOS SE REINCORPORAN LA SEMANA QUE VIENE, TRAS 48 DÍAS DE DESCANSO
Imagen del hemiciclo del Congreso casi vacío (Efe).
El PSOE y el PP se comprometieron hace ahora un año a estudiar cómo recortar las vacaciones parlamentarias y ampliar los periodos de sesiones del Congreso. Pero su promesa ha caído en el más absoluto olvido. Los 350 diputados de la Cámara Baja no volverán a ocupar sus escaños en la Carrera de San Jerónimo hasta el próximo 9 de febrero. Para entonces, la inmensa mayoría de ellos habrá disfrutado de 48 días de vacaciones navideñas, ya que el último pleno se celebró el pasado 22 de diciembre, cuando se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado.
El 25 de febrero del pasado año, y ante la creciente presión de la opinión pública y los medios de comunicación por las privilegiadas vacaciones de los diputados y las habituales escenas de un hemiciclo semivacío, la Junta de Portavoces se comprometió a encargar un informe a los servicios jurídicos del Congreso para abordar la ampliación de la actividad de la Cámara a enero y julio, considerados meses inhábiles. Pero ese informe, según confirmaron ayer a El Confidencial fuentes parlamentarias solventes, ni siquiera llegó a solicitarse. Y ningún grupo parlamentario ha demostrado desde entonces el menor interés en resucitar tan incómodo asunto.
La falta de voluntad política para emprender esa reforma es más que patente. La Presidencia del Congreso, el PSOE y el PP no supieron explicar ayer a este periódico si el mencionado informe había sido ya redactado o aún era objeto de estudio por parte de los servicios jurídicos. Ni siquiera sabían que no llegó a encargarse porque la Junta de Portavoces olvidó trasladar su acuerdo a la Mesa -el órgano de gobierno que preside José Bono- para que tramitase la petición.
Reforma constitucional o cambio del reglamento
Los servicios jurídicos debían determinar si para ampliar el periodo de actividad del Congreso era necesario modificar la Constitución o bastaba con reformar el reglamento de la Cámara. El artículo 73 de la Carta Magna fija dos periodos ordinarios de sesiones al año: el primero de febrero a junio y el segundo de septiembre a diciembre. El principal obstáculo para la reforma constitucional es que, cuando menos, requiere el apoyo de los dos grandes partidos -PSOE y PP-, ya que es imprescindible una mayoría de tres quintos para que salga adelante.
En cuanto al anquilosado reglamento del Congreso -que desarrolla fielmente lo estipulado en la Constitución-, lo cierto es que todos los gobiernos, desde Felipe González, se han comprometido a cambiarlo, pero ninguno se ha atrevido jamás a hacerlo.
Una semana antes de que la Junta de Portavoces acordase que los servicios jurídicos elaborasen ese informe fantasma, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que su grupo parlamentario estaba estudiando "seriamente" plantear una reforma de la Constitución para que los meses de enero y junio sean periodos ordinarios de trabajo y puedan convocarse sesiones plenarias. Sáenz de Santamaría argumentó, entre otras razones, que los continuos paréntesis en la actividad de la Cámara impedían a la oposición ejercer su labor de control del Gobierno.
Sin embargo, los socialistas nunca recogieron el guante de la reforma constitucional lanzado hace un año por los populares, y éstos no han vuelto a desempolvar su propuesta. Los grupos minoritarios del Congreso tampoco han presentado ninguna iniciativa para acortar las vacaciones parlamentarias.
El portavoz del PSOE en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, también apoyó el pasado año que los servicios jurídicos del Congreso estudiasen cuál es la alternativa más viable para alargar los periodos de sesiones. Alonso se mostró reticente a una reforma de la Constitución, y dijo que era más partidario de cambiar el reglamento del hemiciclo para reforzar el papel de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los meses inhábiles. Pero los socialistas ya no han vuelto a airear esa El confidenciál.